ROQUETAS DE MAR.- La asociación profesional Justicia para la Guardia Civil (Jucil) y el
sindicato independiente Colectivo de Emergencias Municipales (CEM) han
puesto de manifiesto este martes el "abandono institucional" y la
"desprotección" que afectan a los patrulleros de Guardia Civil y Policía
Local en Roquetas de Mar.
En su comunicado, han
señalado que esta situación viene determinada por una concurrencia de
factores que han llevado a los agentes a un estado de "colapso físico y
mental".
Entre esos factores destacan el déficit crónico de
efectivos, al indicar que el municipio y el Ministerio "incumplen de
manera sistemática las ratios recomendadas de policías por habitante", y
la alta densidad poblacional, que supone un "incremento significativo"
del volumen de residentes itinerantes, entre los que, además de
turistas, figuran "numerosos ciudadanos no censados y personas
extranjeras sin residencia legal en España".
Asimismo, apuntan
al incremento estival sin refuerzos, dado que durante el periodo
estival la población se triplica, "sin que se activen los refuerzos ni
las comisiones de servicio necesarias para hacer frente a esta presión
adicional de forma continuada en el tiempo", junto al desplazamiento de
organizaciones de narcotraficantes a la costa almeriense.
A
todo ello suman el "abandono institucional" y el "deterioro de la salud
de los agentes", ya que, según sostienen, "la nula gestión y el
sometimiento pleno a decisiones políticas de los mandos superiores han
generado un abandono institucional que ha provocado que un número
considerable de agentes y mandos intermedios hayan causado baja médica,
mermando aún más los escasos efectivos".
También aluden a la
"nula gestión del equipo de gobierno municipal en el barrio de las 200
Viviendas", que describen como un "gueto donde impera la ley del más
fuerte", con tráfico de drogas, prostitución, explotación sexual
forzada, mercadillos ilegales, riñas violentas y apuñalamientos como
constantes, además de graves molestias por ruidos, olores y residuos
para el conjunto de los vecinos.
Esta situación de "desgaste" ha encontrado su punto de inflexión en
un hecho "grave" ocurrido en julio, cuando se detuvo a un individuo por
un delito contra la salud pública y omisión del deber de socorro tras
intentar deshacerse de un cadáver en la vía pública de este barrio.
Este hecho no fue relevante para tomar ninguna medida adicional en la
seguridad de dicha zona por parte de los responsables policiales de uno
y otro cuerpo, así como de los responsables políticos, hasta que fue
divulgado por los medios de comunicación el pasado 2 de noviembre.
El día 4 de ese mismo mes se convocó la Junta Local de Seguridad,
cuyas conclusiones se mantienen en la "opacidad más absoluta,
trascendiendo tan solo sus consecuencias claras y dramáticas".
La primera alude a la continuidad en la inutilización de los calabozos
de la Policía Local, "fruto de un conflicto provocado que afecta a la
funcionalidad de ambos cuerpos y que ha supuesto una merma operativa
crítica, al tener que destinar como mínimo una dotación completa de la
Guardia Civil por turno exclusivamente al traslado de detenidos".
Este hecho conlleva el "no poder ejercer la prevención de la
delincuencia y acudir novedades en el resto de la localidad durante
varias horas, dejando desprotegidos a los ciudadanos".
La
segunda señala la "exposición temeraria permanente de los agentes", ya
que "se ha emitido una Orden de Servicio que obliga a patrullar
únicamente el barrio de las 200 Viviendas con las patrullas de Guardia
Civil en colaboración con Policía Local", una medida que, "además de ser
un parche político que no solucionará los problemas de fondo, expone de
manera temeraria e incongruente la integridad física de los agentes,
utilizándolos como un escudo humano".
Todo ello ha resultado
en el "secuestro" de los "ya escasos medios de seguridad".
"Mientras una
dotación queda anclada a labores de traslado y otras son confinadas en
un solo barrio, el resto del municipio de Roquetas de Mar está
desprotegido, dejando la seguridad ciudadana de los verdaderos
contribuyentes al amparo de su suerte".
Desde Jucil y CEM han
exigido a las autoridades políticas competentes que "asuman sus
responsabilidades, doten de medios personales y materiales suficientes a
las fuerzas de seguridad y rectifiquen las medidas adoptadas que ponen
en riesgo a los agentes".
También han reclamado que se asuman
"de una vez por todas la obligación de acotar y reducir el grave
problema de inseguridad en el municipio, con soluciones reales y no con
parches que empeoran la situación y ponen en riesgo a los agentes y a la
ciudadanía".
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