El Parlamento aprueba la Ley de Agentes del Medio Ambiente, que recibe la abstención de la izquierda

 SEVILLA.- El Pleno del Parlamento de Andalucía ha aprobado este miércoles el proyecto de Ley de Agentes de Medio Ambiente de Andalucía, texto que salió el 30 de julio del Consejo de Gobierno de la Junta y que prevé la creación de cuatro cuerpos específicos de Agentes de Medio Ambiente, catalogados como Superior, Ejecutivo, Técnico y Operativo.

Estos actuarán "como policía medioambiental al servicio de la ciudadanía" y "tendrán definidos con claridad su estatuto jurídico, funciones y sistema de acceso" con la idea de "consolidar un colectivo profesional altamente cualificado, eficaz y reconocido".

La norma ha salido con los votos favorables de los grupos Popular y Vox en Andalucía, mientras que ha cosechado la abstención de los grupos de la izquierda: Socialista, Por Andalucía y Mixto-Adelante Andalucía.

El texto ha llegado al Pleno con enmiendas parciales de los grupos Socialista, Vox en Andalucía y Por Andalucía. En el propio Pleno se han aceptado 5 enmiendas in voce del Grupo Popular, así como otras 9 transaccionales de los grupos proponentes. La diputada del PP Araceli Cabello ha subrayado la aceptación de 94 de las 170 enmiendas presentadas, un 55%.

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García, ha destacado en su intervención final ante el Pleno que la norma aprobada "no es el punto final" y ha remarcado que "es el inicio de una etapa decisiva para la protección del medio ambiente", antes de prometer "el desarrollo reglamentario a la mayor brevedad posible".

Ha defendido que los cuerpos de medio ambiente tendrán "la seguridad jurídica que todos merecen" y se ha declarado convencida de que "ley será una mejora real del servicio" y que "se dignifica una profesión esencial" para propiciar que "Andalucía liderará la vanguardia de la protección ambiental".

La ley dotará a los cuerpos de Agentes de Medio Ambiente de la condición de agentes de la autoridad, policía administrativa especial y, en determinadas circunstancias, policía judicial en sentido genérico.

Se fortalece su papel en tareas de vigilancia, custodia, inspección e investigación de delitos ambientales, garantizando su protección jurídica incluso fuera de servicio cuando actúan por motivos profesionales.

El Gobierno andaluz ha explicado que este colectivo de Agentes de Medio Ambiente tiene sus raíces en los antiguos guardas forestales del Estado, integrados en su día en el Icona y en el Iryda, que fueron transferidos posteriormente a las comunidades autónomas en los años ochenta del siglo XX.

Han evolucionado para configurar un cuerpo muy especializado en múltiples materias ambientales. En 1994 se produjo su unificación bajo la denominación actual y en 2001 se creó una especialidad específica dentro del cuerpo de Ayudantes Técnicos, que es la que ahora se extingue con esta nueva norma, dando paso a cuerpos diferenciados y jerarquizados.

La Junta ha defendido la adaptación de su ley a la reciente Ley 4/2024, básica de agentes forestales y medioambientales, que exige a las comunidades autónomas la adecuación de su normativa en el plazo de un año.

Entre las funciones de los nuevos cuerpos aparecen la vigilancia, custodia e inspección del medio natural; el asesoramiento técnico; la colaboración en emergencias y la prevención e investigación de incendios forestales; así como la gestión y seguimiento de actuaciones en espacios protegidos, aguas, residuos, flora y fauna silvestres, caza y pesca continental o especies exóticas invasoras.

Contempla la posibilidad de colaborar con otras administraciones en ámbitos afines como el urbanismo rural, el paisaje, el patrimonio cultural o el medio litoral. Esta versatilidad y amplitud funcional refuerzan su papel como agentes clave en la aplicación de las políticas ambientales de la Junta de Andalucía.

El proyecto de ley crea cuatro cuerpos diferenciados. El Cuerpo Superior (Grupo A1), encargado de funciones de planificación, dirección, coordinación y supervisión; el Ejecutivo (Grupo A2), con funciones inspectoras y de apoyo técnico; el Técnico (Grupo B), centrado en tareas técnicas de vigilancia y asistencia a la inspección; y el Operativo (Grupo C1), que garantiza la prestación directa del servicio sobre el terreno y que asume las funciones básicas de ejecución.

La ley establece un sistema selectivo propio, acorde con la naturaleza de los puestos, e incluye pruebas físicas y psicotécnicas. Fija requisitos académicos adaptados al nivel de cada cuerpo, y exige el compromiso de conducir vehículos de servicio. En paralelo, se prevé la puesta en marcha de un plan formativo permanente en centros específicos de formación continua.

Para proteger y dignificar el desempeño profesional, la ley refuerza las garantías laborales, la protección frente a agresiones y el régimen jurídico del colectivo. También incorpora medidas para facilitar la segunda actividad del personal que, por razones de salud, no pueda seguir desempeñando tareas operativas sobre el terreno.

Se contempla, además, el régimen disciplinario conforme a la normativa autonómica de función pública, así como disposiciones transitorias que facilitan la integración y promoción interna del personal actualmente en servicio.

La parlamentaria Araceli Caballo ha calificado el texto como "acto de justicia", además de reivindicar que "no solo es un texto jurídico, es un paso adelante", antes de asegurar que "habrá muchos más pasos", por cuanto ha reivindicado que en su grupo "somos incansables e inconformistas", mientras ha reivindicado que "no es una ley para lucirse políticamente, sí para servir a Andalucía".

La socialista Pilar Navarro ha lamentado las prisas que ha atribuido al Gobierno andaluz para tramitar esta norma y otras por cuanto ha considerado que "está forzando la máquina al máximo" y con ello ha caído en una dinámica de hacer leyes "como haciendo churros", antes de recordar que no es un texto "trámite para pasar corriendo" al ser "las reglas del juego que van a afectar a un sector".

Ha advertido que "si nace, como parece, sin alguna de las reivindicaciones nace ya muerta", convencida de que "será papel mojado sin el presupuesto suficiente" y ha recordado que en 2026 habrá 27 nuevos agentes de medio ambiente, cuando se jubilan 192, un déficit de 165 agentes.

La diputada de Vox en Andalucía Purificación Fernández ha considerado que la aprobación de este texto "no es gracias al PP, o al PSOE" al argumentar que son los agentes medioambientales "los que han tirado del carro, los que han hecho todo el trabajo", al tiempo que ha reprochado al Gobierno andaluz que "han preferido una ley cómoda, descafeinada, en vez de una ley valiente, justa".

Ha señalado que "van a dejar fuera de esta ley las reivindicaciones históricas de este sector", entre las que ha incluido que "han cerrado la puerta a la segunda actividad real" para los agentes que "por edad o salud no puedan seguir en primera línea", crítica a la que ha sumado que "la mujer agente vea frenada su carrera por querer ser madre".

El parlamentario de Por Andalucía Juan Antonio Delgado ha sostenido que, "aparentemente", esta ley "pretende modernizar el marco jurídico" de los agentes medioambientales, pero "podía haber sido muchísimo mejor" y haberse convertido en una normativa "de garantía plena, sólida y ambiciosa para estos servidores públicos, la ley que los agentes de medio ambiente llevan años reclamando", pero, en vez de eso, es una ley "mediocre, que frena" y es "menos decisiva" de lo que debería, según ha opinado el también diputado de Podemos, que ha concedido que "cualquier paso adelante es positivo", pero ha subrayado que "se han quedado fuera" de ella "elementos clave que pedían sindicatos y asociaciones".