ALMERÍA.- La Subdelegación de Gobierno en Almería va a destinar cerca de 143.000
euros a la retirada, guarda, custodia y destrucción de las más de 300
pateras y otras embarcaciones dedicadas a la inmigración irregular que,
de media, llegan al año a la provincia de Almería y a la isla de Alborán
bajo un coste por embarcación calculado de casi 700 euros.
El
órgano gubernamental, competente para determinar el destino de las
pateras que son aprehendidas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado, apunta que estas embarcaciones y sus motores "deben ser
destruidas" de cara a evitar "acumulaciones" así como gastos
"innecesarios" asociados, toda vez que las lanchas recuperadas no pueden
venderse ni tener un nuevo uso.
Según consta en la memoria de
la actuación, es preciso contar con una
empresa que opere ininterrumpidamente durante todos los días del año
para retirar mediante grúa y albergar antes de su destrucción las 321
pateras que, de media, son interceptadas o encontradas a lo largo de un
año en las costas almerienses.
Los cálculos del Ejecutivo
señalan que la gestión que se hace por cada una de las pateras supone un
gasto estimado de 445 euros, el cual incluye su rescate y traslado al
depósito, la descontaminación de la embarcación, el transporte al
almacén de reciclaje, la destrucción para su traslado a una planta
autorizada y el porte.
Este coste tiene un descuento aplicado
de 250 euros que, según la Subdelegación, la empresa encargada del
servicio consigue en compensación por el valor del reciclaje de los
residuos del motor. Sin dicha bonificación, la inversión que hay que
realizar para gestionar cada patera interceptada se eleva hasta los 695
euros.
La empresa deberá retirar y transportar de manera
"segura" y "profesional" las pateras desde el punto en el que se
encuentren, ya sea "en agua, varada o en seco" hasta las instalaciones
del depósito, de forma que las embarcaciones "no sufran daños".
Este
servicio se prestará a requerimiento o demanda de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado, con un tiempo máximo de respuesta de tres
horas.
Se atribuye a los operarios de este servicio la
responsabilidad de fotografiar y recopilar datos sobre la patera a
través de un certificado que deberá firmar la fuerza actuante antes de
que la grúa cargue la embarcación y la transporte. Así, es
responsabilidad "exclusiva" de la integridad de las embarcaciones la
empresa que se encargue de la retirada.
Una vez recepcionada,
tendrán un plazo de tres meses para su destrucción, salvo que las
autoridades la requieran. Las destrucciones de las embarcaciones se
realizarán una vez al mes, salvo que la Secretaría General de la
Subdelegación del Gobierno en Almería considere conveniente una
periodicidad diferente.
Las condiciones incluyen la
destrucción y descontaminación de los motores, "quedando totalmente
prohibida su venta" más allá de que se pueda recuperar como chatarra
algunos despieces. También se destruirá y eliminará la "totalidad de la
embarcación".
El contrato para un año, con un importe base de licitación de 142.845 euros, se aplicará entre el 4 de noviembre de este año y el 3 de noviembre de próximo ejercicio.
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