MELILLA.- La Guardia Civil de Melilla ha detenido al que considera "el mayor
defraudador económico de la ciudad", un hombre de 37 años y con doble
nacionalidad española y alemana, al que se le imputa además un nuevo
delito de blanqueo de capitales, tras una investigación desarrollada por
la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de Melilla, en
colaboración con la Unidad Central Operativa (UCO) y el Equipo contra el
Crimen Organizado (ECO) de Canarias.
Según ha informado la
Comandancia melillense, el detenido, que ya fue arrestado en una primera
ocasión en noviembre de 2024, está acusado de defraudar más de 800.000
euros del Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación
(IPSI), fondos que supuestamente cobraba a empresarios y comerciantes
locales sin llegar a ingresarlos en las arcas públicas, concretamente en
la caja de la Ciudad Autónoma de Melilla.
Entre sus antecedentes, ha
añadido, figuran delitos de estafa, malversación, fraude y apropiación
indebida.
La nueva imputación surge a raíz de denuncias
presentadas por empresas del sector del transporte y trabajadores
autónomos afectados por el fraude. La Unidad de Patrimonio de la UOPJ de
Melilla abrió entonces una nueva línea de investigación, tutelada por
la Fiscalía de Área y el Juzgado de Instrucción nº 5 de la ciudad.
Durante varios meses, los investigadores analizaron documentación
contable, cuentas bancarias y dispositivos electrónicos intervenidos,
"encontrando indicios sólidos de operaciones de blanqueo de capitales
vinculadas a actividades ilícitas tanto en Melilla como en distintos
puntos de la Península".
Como resultado de estas pesquisas, en julio de
2025 se notificó oficialmente al acusado la imputación del nuevo delito,
ampliando así las causas abiertas contra él.
La Guardia Civil ha destacado que la actividad delictiva del detenido
"causó graves perjuicios económicos a empresas locales y trabajadores
autónomos", especialmente del sector del transporte, "afectando
directamente a la estabilidad del tejido económico de Melilla".
El Instituto Armado ha subrayado la complejidad y coordinación
interterritorial que ha requerido esta operación, reafirmando su
compromiso con la defensa de la legalidad, la protección económica y la
lucha contra los delitos financieros y patrimoniales.
El
portavoz policial ha asegurado que esta actuación está enmarcada "en el
esfuerzo permanente del Cuerpo por salvaguardar los intereses de la
ciudadanía y del tejido empresarial" y pone de relieve la importancia de
combatir las conductas que "atentan contra la estabilidad económica y
la confianza en las instituciones".
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