ALMERÍA.- El Ayuntamiento de Olula del Río ha servido en bandeja a los juzgados de Purchena todos los ingredientes necesarios para instruir un caso de presunta prevaricación administrativa inapelable. Entre estos ingredientes se encuentra un bar restaurante, propiedad de la hija de un exconcejal del PP, Eustaquio López, que opera sin licencia ni las medidas de seguridad establecidas para el tipo de maquinaria y hornos instalados, según adelanta Teleprensa.
La Comunidad de Propietarios del Edificio Lezama, que convive con los riesgos e incomodidades generados por la situación, ha presentado denuncia tras denuncia. Se han emitido informes de la Policía Local, del propio consistorio e incluso de la Diputación Provincial, hasta llegar al Defensor del Pueblo Andaluz, quien también se ha enfrentado a la inacción del alcalde Antonio Martínez Pascual, cuya negativa a actuar ha desembocado en una denuncia ampliada que pone de manifiesto un posible caso de prevaricación administrativa y la omisión del deber de perseguir delitos de los que tiene constancia como autoridad.
Con estos elementos, la Comunidad de Propietarios del Edificio Lezama, ubicado en la Avenida Almería de Olula del Río, presentó el pasado 18 de marzo una primera denuncia contra el Ayuntamiento, y en particular, contra el alcalde y su junta de gobierno local, por las irregularidades permitidas al establecimiento Pizzería Serrano.
Según los vecinos y varios informes municipales, el establecimiento opera sin los permisos necesarios. La situación ha generado una tensión considerable entre la comunidad, los propietarios del bar y el alcalde, que podría terminar con la inhabilitación de las autoridades y funcionarios implicados en el caso.
Desde su apertura en septiembre de 2023, el local, que inició su actividad con una licencia para cafetería-pastelería, ha funcionado como pizzería-bar sin cumplir las normas de licencias para este tipo de actividad recreativa y de hostelería.
La Comunidad de Propietarios presentó su primera queja ante el ayuntamiento en diciembre de 2023, solicitando que se tomaran medidas inmediatas para garantizar la legalidad. Sin embargo, no se adoptaron acciones que condujeran a la normalización o legalización de la actividad. En enero de 2024, la comunidad presentó un segundo escrito reiterando la urgencia de resolver la situación.
En febrero de 2024, los informes técnico y jurídico del propio Ayuntamiento confirmaron que el establecimiento Pizzería Serrano operaba sin cumplir los requisitos de la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas.
El informe técnico señalaba la falta de un proyecto de calificación ambiental y de un seguro de responsabilidad civil, además de irregularidades en la instalación de la maquinaria de extracción de humos, que se colocó en un local contiguo sin acondicionamiento acústico adecuado ni un sistema de extracción que garantizara la seguridad.
A pesar de la claridad de estos informes y la recomendación de iniciar un expediente sancionador y aplicar una posible clausura preventiva, el Ayuntamiento se limitó a notificar los requisitos de la licencia a los propietarios del local, sin ejecutar medidas de cierre ni atender las quejas de los vecinos.
El 3 de abril de 2024, ante la falta de respuesta del Ayuntamiento, la comunidad de vecinos recurrió al Defensor del Pueblo Andaluz. Esta institución solicitó formalmente al Ayuntamiento de Olula del Río que explicara por qué el establecimiento seguía abierto sin cumplir los trámites y licencias pertinentes.
Sin embargo, hasta la fecha, el Defensor del Pueblo ha emitido varias peticiones reiteradas, y el consistorio sigue sin responder adecuadamente a estas solicitudes.
A lo largo de 2024, el Ayuntamiento de Olula ha emitido diversos informes y acuerdos que reconocen las infracciones y la falta de autorización del local para operar, pero se ha limitado a enviar comunicados internos o a iniciar expedientes que no concluyen en ninguna acción práctica.
En agosto de 2024, el Ayuntamiento abrió un expediente de declaración de ineficacia de la declaración responsable y de la licencia de apertura de la Pizzería Serrano, pero el establecimiento sigue abierto.
La Comunidad de Propietarios denuncia que la conducta del Ayuntamiento podría constituir un delito de prevaricación administrativa, recogido en el Código Penal en sus artículos 329 y 404, al haberse dictado resoluciones que favorecen al establecimiento en perjuicio de la comunidad y a sabiendas de su injusticia.
Además, los vecinos consideran que la permisividad de estas irregularidades podría ser también constitutiva de un delito contra el medio ambiente, por los problemas de ruido y contaminación generados por la actividad no regulada del establecimiento.
Cansados de solicitar al Ayuntamiento la clausura inmediata de la pizzería, así como del local colindante donde se han instalado extractores de humos de forma ilegal, la denuncia por prevaricación fue presentada ante los juzgados de Purchena en marzo, y se amplió el 25 de julio, incorporando las comunicaciones con el Defensor del Pueblo, entre otros documentos que demuestran el conocimiento, por parte del equipo de gobierno, de una situación que se ha negado a solucionar.
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