miércoles, 8 de mayo de 2013

Medio Ambiente señala que la nueva Ley de Costas prohíbe "expresamente" construir en dominio público

MADRID.- El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha destacado, ante la aprobación este jueves en el Congreso de los Diputados de la Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral y de Modificación de la Ley de Costas de 1998, que la nueva norma "prohíbe expresamente" la construcción en dominio público y en la zona adyacente de servidumbre de protección.

   Así, valora que el nuevo texto "afronta los problemas que no pudo solucionar la anterior Ley de 1988 y prohíbe también cualquier incremento de lo ya edificado. Además, manifiesta que la norma "responde al interés general del desarrollo económico y la seguridad jurídica de las personas, siempre que se garantice la protección medioambiental.
   Entre las novedades que subraya el Ministerio apunta a la cláusula para frenar cualquier construcción ilegal antes de que se consolide, e introduce una estrategia de lucha contra el cambio climático.
   Asimismo, hace hincapié en que la ley tiene "como primer objetivo la protección medioambiental de la costa, diferenciando entre los tramos urbanos y naturales de las playas, preservando las playas vírgenes al limitar en ellas tanto las ocupaciones como las actividades, aumentando en todo caso su protección.
   Para el Ministerio, la Ley de Costas "responde única y exclusivamente al interés general", a la necesidad del fomentar la actividad económica sostenible en las zonas litorales (por eso se amplían los plazos máximos de las ocupaciones), siempre que se garantice la protección medioambiental de la costa, protegiendo al mismo tiempo los derechos y la seguridad jurídica de las personas.
   En conjunto, la modificación de la anterior Ley de 1988 responde a la necesidad de resolver problemas históricos del litoral español que aquella no ha podido resolver. Por ejemplo, se refiere a la "urbanización descontrolada" en algunos puntos de litoral y que ha supuesto su degradación.
   Para evitarlo, añade el Ministerio en un comunicado, la nueva ley no solo impide nuevas construcciones, sino que incorpora, entre sus novedades, una cláusula, la llamada "Antialgarrobicos", que permite frenar la construcción ilegal antes de que se produzca, facilitando al gobierno la suspensión cautelar de la obra a la espera de la decisión judicial.
   La Ley defiende también a los ciudadanos que adquirieron legítimamente una vivienda y que se vieron después desposeídos y la reforma obligará a inscribir en el Registro de la Propiedad los bienes de dominio público desde que se inicia un procedimiento de deslinde.
   Esta medida había sido reclamada por el Parlamento Europeo, pues esta situación ha sido objeto de miles de quejas de ciudadanos europeos. El Ministerio recuerda que la Comisión Europea ha felicitado al Gobierno por tomar esta y otras medidas que incrementan la seguridad y la confianza en España.
   Otra de las medidas que valora como "esenciales" es la mejora de la situación jurídica de los antiguos propietarios de bienes en la costa, en especial de viviendas, que la ley de 1988 expropió. La nueva legislación prorroga las concesiones de esos ciudadanos hasta un máximo de 75 años.
   Finalmente, celebra que esta es la primera ley de Costas que tiene en cuenta el cambio climático e introduce políticas de lucha contra este fenómeno y tiene en cuenta un plan de adaptación y la mitigación en el litoral.
   Para ello, la ley contempla que en dos años se disponga de un estudio completo de los efectos del cambio climático en toda la costa española, algo que, según el Ministerior, "jamás se ha hecho".

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