viernes, 15 de febrero de 2013

El Gobierno no suprime concejales y permite sueldos de hasta 100.000 euros

MADRID.- La reforma de la administración local que impulsa el Gobierno ha ido perdiendo por el camino las pretensiones iniciales expresadas por el propio Ejecutivo. Así ha ocurrido al menos en dos asuntos tan llamativos como el número de concejales y las retribuciones de los alcaldes, ya que se ha pasado de anunciar una eliminación del 30 por ciento de ediles a no tocar ninguno y de rebajar a unos 70.000 euros los sueldos máximos de los alcaldes a permitir que alcancen los 100.000 euros.

   Ambos aspectos figuraban en el informe aprobado por el Consejo de Ministros en julio del año pasado y han desaparecido del nuevo informe que este viernes ha visto el Consejo de Ministros.
   El ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas comenzó a trabajar en esta reforma nada más arrancar la legislatura, hace un año, y ha mantenido negociaciones con todas las administraciones territoriales, con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y con la oposición, especialmente con el PSOE.
   El camino ha sido tortuoso y le ha granjeado al Gobierno las críticas de alcaldes de su propio partido, discusiones con las autonomías por una posible invasión de competencias, dudas de la FEMP y el rechazo absoluto de los socialistas.
   Conforme han avanzado los meses, las negociaciones y la contestación, algunos asuntos muy destacados de la reforma inicial se han eliminado. Es el caso de la reducción de concejales, situada en un 30 por ciento en julio del año pasado, cuando se aseguró que ningún pleno municipal contaría con más de 35 asientos; hace unos días, esa rebaja se situaba ya en el 10 por ciento y hoy se ha reducido a cero.
   En cuanto a las retribuciones de los alcaldes, se anunció su equiparación, para los de las ciudades mayores, al sueldo de un secretario de Estado; esto es, 68.981 euros. No se dijo entonces lo que hoy ha aclarado el ministro Cristóbal Montoro, que ese sueldo lleva añadidos varios complementos que elevan la retribución final a los casi 100.000 euros.
   Pese a todo, se ha multiplicado el ahorro que según el Gobierno se puede lograr con esta reforma: 7.129 millones de euros, el doble de los 3.500 previstos inicialmente. Fundamentalmente, porque cada competencia será ejercida por una sola administración y porque desaparecerán empresas públicas y entidades intermedias, como las mancomunidades.
   El proceso de reforma, en cualquier caso, va a ser largo y aún caben nuevas modificaciones. Fuentes del Gobierno aseguran que la iniciativa, que por el momento es solo un informe, no se convertirá en ley probablemente hasta el año que viene, es decir, en vísperas de las próximas elecciones municipales de 2015. Será en la próxima legislatura local cuando todas estas novedades empiecen a surtir efectos.
   Habrá tiempo por tanto para retomar negociaciones rotas y profundizar en las que el Gobierno aún mantiene. El departamento que dirige Antonio Beteta, secretario de Estado de Administración Local, ha recibido cientos de aportaciones de comunidades autónomas, de expertos, de diputaciones, ayuntamientos y partidos políticos.
   Las negociaciones han sido intensas también con el PSOE desde el principio del proceso. Ambas partes intercambiaron propuestas y las relaciones han sido fluidas entre los dos principales partidos del país, con Javier Arenas (PP) y Gaspar Zarrías (PSOE) a la cabeza.
   Pese a todo, las posturas se han distanciado ante la convicción socialista de que el interés principal del Gobierno es privatizar servicios que ahora son públicos. Así las cosas, y al entender que sus propuestas no eran escuchadas, el PSOE dio por rota la negociación.
   No han sido tampoco fáciles las cosas con los propios municipios del PP; primero, con los de tamaño menor, que en un principio se vieron abocados a la desaparición. Finalmente, los que no sean eficientes dejarán de prestar servicios, que serán ofrecidos por la diputación, pero no se disolverán.
   La reforma ha tenido otros aspectos que no han gustado a los ayuntamientos, al margen de su color político; por ejemplo, que los interventores municipales vuelvan a responder ante Hacienda y no ante el alcalde.

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