ALMERÍA.- La Mancomunidad de municipios del Valle del
Almanzora ha aprobado con los votos favorables de los 16
alcaldes del PP y PSA, y la "inhibición" de los regidores del PSOE la
moción que aboga por la apertura del hotel de Azata del Sol en el paraje
de El Algarrobico, en Carboneras.
La asamblea, que integran 26 ayuntamientos, ha respaldado por
mayoría el contenido textual de la moción elaborada por el primer edil
de Carboneras, Salvador Hernández (Gicar), en el que se insta alcanzar
un acuerdo que, partiendo de la "legalidad incuestionable" del hotel,
"posibilite su conclusión y reactivación" con el fin de crear "cientos
de puestos de trabajo de forma inmediata en la construcción y otros
muchos, a medio plazo y de forma estable, en el sector turístico en el
levante almeriense".
Según ha explicado el presidente
de la entidad y alcalde de Alcóntar, Antonio Ramón Salas (PP), el apoyo
se sustenta en el "sentido común" ya que la demolición del
establecimiento de una veintena de plantas y 411 habitaciones "traería
unas consecuencias desproporcionadas" a las comarcas de su entorno y
"haría quedar bajo mínimos la credibilidad de la provincia de cara a
futuras inversiones".
"¿Qué credibilidad y que imagen proyectarían las administraciones y
que dudas generaría sí a un empresario con todos los permisos en regla
se le ha dejado construir y luego no se le ha dejado terminar la obra?.
Estoy convencido de que lo pagaríamos caro en un futuro a corto plazo",
ha defendido en su intervención Salas, para quien el derribo del
inmueble de Azata constituiría "una barbaridad". "El sentido común
aconseja rehabilitar el hotel para ayer", ha apuntillado.
Ha hecho referencia, en esta línea, al coste de la demolición, que
ha fijado en unos 300 millones de euros, y a la "pérdida de 500 puestos
de trabajo".
"Hemos perdido el norte y no puedo entender cómo, desde la
esfera política, se puede defender su derribo cuando somos los que
tenemos que dar la cara ante los ciudadanos y defender sus intereses".
Al hilo de esto, ha criticado la "inhibición" de los regidores del PSOE
"que no son capaces --ha añadido-- de no dejarse plegar por los
intereses de su partido".
Por su parte, el portavoz de los nueve alcaldes socialistas que
integran la Mancomunidad del Almanzora y primer edil de Serón,
Juan Antonio Lorenzo, ha indicado la decisión de
inhibirse, tal y como se ha hecho constar en acta, ha sido "meditada al
margen de opiniones personales" y responda al "respeto" por un conflicto
que están "en manos de la Justicia y de otras administraciones".
"Más allá de juicios de valor y de prejuiciar, no queríamos
influenciar y queríamos ser coherentes con lo que defiende el PSOE-A, y
hemos decidido que no procedía intervenir", ha trasladado Lorenzo, para
quien la moción "no debía haberse incluido nunca en el orden del día de
la asamblea ya que no cabe en una Mancomunidad a la que queda lejos de
su ámbito de influencia" el controvertido hotel.
En alusión a la sentencia hecha pública el miércoles por la que el
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) restablece el paraje
como "espacio protegido no urbanizable", ha señalado que, si bien no ha
decantado el sentido de la decisión de los ediles del PSOE, "sí nos ha
ratificado en que debíamos inhibirnos". Lorenzo ha declinado entrar a
considerar el voto favorable que los regidores socialistas dieron a la
moción en el seno del pleno de la Mancomunidad del Levante y se ha
limitado a asegurar que la "respeta".
El presidente de la entidad ha precisado que comunicará el
resultado de la votación al primer edil de Carboneras y, a partir de
ahí, "nos pondremos a su disposición en lo que estime oportuno para
trabajar en favor de la apertura del hotel siempre --ha matizado--
dentro del ordenamiento jurídico vigente y guardando lo que debe ser la
buena praxis política".
La Mancomunidad de Municipios del Levante Almeriense, integrada
por 14 ayuntamientos de los que tres están gobernados por el PSOE,
respaldó por "unanimidad" la moción que recoge, según se subraya en el
texto, el sentir de "decenas de pymes y centenares de trabajadores de la
zona que confían ante la que está cayendo" en poder superar con esta
reactivación "la falta de actividad y el paro".
Sostiene, asimismo, que la Junta de Andalucía creó las
"condiciones urbanísticas adecuadas con instrumentos de planeamiento
urbanístico" para programar el desarrollo turístico del municipio
"carente de infraestructuras hoteleras dignas" y que el polémico
inmueble debía ser la primera consecuencia de ese plan.
El escrito lamenta, asimismo, que "la paralización de la obra y la
consiguiente y sistemática propaganda mediática hayan cortado de raíz
esas posibilidades con perjuicios irreparables" y cuestiona que el
derribo del establecimiento de una veintena de plantas y 411
habitaciones suponga la recuperación del entorno natural.
En esta línea, señala que "no hay nada que recuperar porque
realmente no hay nada" y se pregunta si existe "algún estudio técnico
fiable que garantice la restauración medioambiental" ya que, según
subraya, la "reversibilidad de espacio construido a natural ha sido
descartada por todos los técnicos y expertos cualificados que han
visitado la construcción".
En concreto, alude como problemas la escasa consistencia del
terreno, el tratamiento dado al cerro en bancadas para el asentamiento
de la edificación escalonada, la disposición de los cimientos de la
edificación anchos y profundos, la imposibilidad de efectuar
recubrimientos artificiales por las pronunciadas pendientes y "sobre
todo" la fuerte acción erosiva en esta zona del viento y las lluvias
torrenciales, lo que, sumado --señala--, haría que persistiese tras la
demolición "una imagen de ruinas a perpetuidad, antagónica con el fin
ecológico y naturista perseguido".
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