ALMERÍA.- La Audiencia Provincial de Almería ha ordenado al juzgado instructor que continúe la causa abierta por un presunto delito electoral contra el ex regidor y actual teniente de alcalde de Carboneras, Francisco Ruiz Aguado (PSOE), al considerar que existe "indudablemente" toda una serie de "indicios racionales de criminalidad", por lo que ha dispuesto que se practiquen las diligencias de prueba solicitadas por la acusación particular.
Ruiz Aguado, quien ejerció como primer edil en el año 2007 después de que el actual alcalde, Cristóbal Fernández, renunciase para cumplir condena de inhabilitación por delito electoral, fue imputado tras la declaración de un testigo presencial que le "sorprendió" tirando a un contenedor de basura una bolsa de plástico que contenía, entre otros documentos, anotaciones manuscritas con "supuestas contraprestaciones" ofrecidas por él a ciudadanos del municipio a cambio de su voto por correo para el PSOE.
El fallo de la Sección Primera de la Audiencia Provincial estima el recurso de apelación interpuesto por la acusación particular contra el auto del Juzgado de Instrucción 1 de Vera que acordó sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones con informe favorable del fiscal aunque ordenó incoar procedimiento abreviado por los mismos hechos, que se remontan a 2007, contra otros tres concejales socialistas y un empresario.
Reprocha el tribunal al Ministerio Público el "contrasentido" de que estime que existen indicios para imputar al resto de implicados por los documentos encontrados en la bolsa de basura y pretenda "poner fin a la investigación sobre aquel que tiró la bolsa" que contenía, según consta en el atestado policial, un elevado número de resguardos de votos por correo de vecinos de Carboneras, sobres sepia con papeletas para todos los partidos a excepción del PSOE, y documentación manuscrita supuestamente por Ruiz Aguado sobre las contraprestaciones ofrecidas a los ciudadanos del municipio a cambio de su voto.
Fundamenta la sentencia que un "atento y desapasionado" examen de las actuaciones pone de manifiesto "indudablemente toda una serie de indicios racionales de criminalidad" relativos a un presunto delito electoral ya que consta "una denuncia ratificada".
Sostiene así que, si bien los documentos encontrados en la bolsa, cuya autoría "ciertamente no ha negado" el edil, no constituiría por si sola "infracción alguna", sí es indicio de una actuación "cuando menos contraria al ordenamiento que puede ser completada si aparecen otras personas que conecten los escritos hallados con las peticiones ofrecidas".
Entre las diligencias de prueba que la Audiencia Provincial ordena se practiquen están las solicitadas por la acusación particular, que pidió, entre otras, que se investigase la titularidad y filiación de los números de teléfono que figuran en el atestado de la Policía Judicial como los presuntos beneficiarios de los "favores" del alcalde, que, según sus supuestas anotaciones, prometía a cambio de voto mejoras en las calles de sus viviendas o negocios, e "incentivos" en forma de subvención o de pago de la factura de la luz.
En esta línea, solicitó que se esclareciese la filiación y las circunstancias de todos aquellos que aparecían mencionados presuntamente por el imputado en los citados papeles, que se verificase mediante informe pericial caligráfico la efectiva autoría de Ruiz Aguado y que se comprobase si las obras públicas o municipales mencionadas en el atestado policial tras recomponer el "detritus" en que quedaron convertidos los documentos, se llevaron a cabo por el Ayuntamiento.
La juez instructora ordenó en diciembre incoar procedimiento abreviado por los mismos hechos contra, entre otros, la primera teniente de Alcalde de Carboneras, Rosario Fernández (PSOE), al apreciar que pudo cometer un delito electoral cuando, de cara a las elecciones municipales de 2007, logró que una vecina votase por correo a la lista socialista tras ofrecerle un puesto de trabajo como limpiadora en el Ayuntamiento.
La edil fue condenada en enero de 2005 junto a su hermano, el actual regidor Cristóbal Fernández, a seis meses de inhabilitación para empleo o cargo público por la comisión de otro delito electoral aunque finalmente ambos fueron indultados por acuerdo de Consejo de Ministros en diciembre de 2006, seis meses antes de los comicios y con la condición de que no volvieran a cometer delito doloso en el plazo de dos años.
La juez atribuye la presunta autoría de un delito de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General tanto a Rosario Fernández, como a la edil socialista Josefa Cruz Orta, la ex concejal Josefa Ruiz Sáez y el empresario Juan Cruz Cervantes. Según se recogía en el auto, de la pruebas practicadas podía "deducirse" que la primera teniente de Alcalde carbonera cometió delito electoral cuando le dijo textualmente a una vecina "me vas a votar por correo, que te voy a dar un puesto de trabajo en el Ayuntamiento como limpiadora".
La citada vecina "fue a votar y le entregó la documentación" a Rosario Fernández. "Ese mismo día --ahondaba la juez-- la concejal Josefa Ruiz Saez le dijo que no se preocupara, porque iba a tener trabajo". En el caso de Josefa Ruiz Orta, con ayuda del otro imputado, Juan Cruz Cervantes, ésta le propuso a un empleado del último que fuera con ella a la oficina de correos donde el testigo "votó, recogió un sobre y se lo dio." A cambio, su jefe --añade la juez-- le "prometió un puesto de trabajo" mientras la edil le garantizaba, a su vez, que "le iban a permitir la apertura de una terraza en el bar".
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