ALMERÍA.- Isabel Carrasco, la esposa del ex interventor municipal del Ayuntamiento de El Ejido, José Alemán, ambos imputados en el marco de la operación 'Poniente' que investiga una presunta trama de corrupción política en el municipio, abrió una cuenta corriente ocho días después de su puesta en libertad bajo fianza de 90.000 euros, pese a que tenía sus cuentas corrientes bloqueadas por una orden judicial dada al inicio de la operación, con las que intentó disponer de casi 173.000 euros.
Según se desprende de las declaraciones incluidas en el sumario de caso, Carrasco se personó en un sucursal bancaria situada en la Avenida Federico García Lorca de la capital el 30 de octubre donde pidió la apertura de una cuenta con su nombre con el fin de domiciliar la nómina sin querer dar muchos detalles del organismo o empresa para la que trabajaba, según declara un testigo.
Este aspecto fue reconocido por la imputada ante la jueza en una toma de declaración posterior correspondiente al 29 de diciembre de 2009, en la que señaló que no había abierto ninguna otra cuenta y en la que se le advirtió que tal acción sin autorización previa por parte del Juzgado podría llevarla a incurrir en un delito de desobediencia grave a la autoridad judicial y cambiar su situación procesal.
Una vez abierta la cuenta acudió días después con un cheque nominativo a nombre de Alemán por un importe de 2.988 euros, de forma que indicó que se trataba la nómina de su marido. Tras ser informada de la necesidad de que él fuera cotitular para aceptar el ingreso, ella explicó que "su marido estaba muy ocupado y no podía ir a la sucursal", por lo que le facilitaron las documentos necesarios que, más tarde, devolvería firmados por su marido.
Casi un mes después, Carrasco volvió a acudir a la oficina bancaria con un pagaré de 85.000 euros emitido por la empresa Proindal a favor de Sistemas de Dirección S.L. --entidad de la que Alemán es administrador único-- que a su vez, había efectuado un endoso a favor de Carrasco.
Según explicó ante la magistrada Peña, esta cantidad junto con otros 85.000 euros de otro pagaré, correspondían a la resolución de un contrato de compraventa de una vivienda en Sierra Nevada, concretamente en Monachil (Granada), que Proindal expendió debido a un retraso de entrega del inmueble, valorado en 437.500 euros, debido a una demanda judicial relativa a la venta del terreno en su día por Cetursa.
Carrasco, que declaró a preguntas del Ministerio Fiscal que el objetivo de cobrar ese dinero era poder sufragar gastos ordinarios dado que con su sueldo propio tuvo que abonar el sueldo de un empleado de Sistemas de Dirección S.L., entregó los pagarés a la juez.
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