Así aseguró a los periodistas uno de los cuatro letrados que se han hecho cargo de su defensa, José Ramón Parra, después de que Carrasco prestase ayer una nueva declaración ante la magistrada Peña que el abogado calificó de "rutinaria" al tiempo que minimizó su "importancia" en las diligencias previas incoadas y la desvinculó de la detención durante la jornada del lunes de los tres propietarios del 'Grupo Lirola' por su presunta implicación en la trama de corrupción en torno a la Empresa Mixta de Servicios Municipales (Elsur).
Parra, quien apeló en todo momento al secreto de sumario decretado sobre las actuaciones y al "respeto" a la "labor difícil que están realizando el fiscal y la juez", subrayó que el testimonio de su patrocinada no ha "modificado en absoluto" su situación personal si bien reveló, en referencia a su estado de ánimo, que "está muy entera pese a lo complicado de las fechas en las que estamos".
Apuntó, en esta línea, que no se han producido nuevas citaciones en relación a José Alemán, el hermano de éste, Enrique Alemán y su mujer, Rosalía Gil --los dos últimos en libertad bajo fianza de 50.000 euros y en libertad con cargos, respectivamente-- y declinó adelantar si desde el bufete 'Lealtadis' adoptarán medidas conducentes a la modificación de su situación procesal.
Carrasco inicio su declaración ante la jueza pasadas las 12,00 horas y no abandonó el edificio de Canónigo Molina Alonso por la puerta principal, por donde si salieron sus cuatro letrados apenas 45 minutos después, lo que llevó a Parra a subrayar "lo poquísimo" que se prolongó el trámite "absolutamente rutinario y sin la menor importancia".
Por último, aseguró que la detención por orden judicial de Gabriel, José Carlos y Francisco Javier Lirola en la sede de la empresa de ambos, concesionaria del servicio de basuras y limpieza viaria en el municipio ejidense, "ni por asomo, ni en lo más mínimo" esta relacionada con la citación de la mujer del ex interventor municipal ya que "tampoco se le ha preguntado por nuevos asuntos".
Isabel Carrasco, a la que se imputa la presunta comisión de delitos de blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos, falsedad en documento mercantil, cohecho y tráfico de influencias, se encuentra en la actualidad de baja laboral como funcionaria municipal en el Área de Haciencia aunque podría incorporarse en cualquier momento después de que el equipo de gobierno (PAL) liderado de forma accidental por Ignacio Berenguel anunciase que el Consistorio ejidense no va a incoarle expediente por falta grave tras encargar a los servicios jurídicos informes acerca de cómo proceder ante esta situación.
La operación 'Poniente', que se articula ya en torno a cinco clanes vinculados a la Empresa Mixta de Servicios Municipales SA (Elsur) de El Ejido --considerada clave en la trama--, se ha saldado, por el momento, con la detención de 23 personas por su relación con una red de sociedades que prestaban servicios y a las que se adjudicaban obras por parte del Ayuntamiento de El Ejido.
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