MELILLA.- La Ciudad Autónoma de Melilla ha puesto en marcha un "Plan Integral de
Lucha contra el Absentismo Laboral" que incluye la contratación de
detectives privados para verificar posibles irregularidades en las bajas
por incapacidad temporal del personal público, en un organismo que
registra un 15% de empleados de baja, más del doble de la media
nacional, situada en torno al 7%.
En la solicitud de oferta, el Gobierno melillense (PP) inicia la
contratación de un servicio de investigación privada con el fin de
"obtener información y pruebas" para comprobar la existencia de
actividades incompatibles con la situación de incapacidad temporal o el
incumplimiento de la jornada laboral.
El contrato se ampara en la Ley de
Contratos del Sector Público y en la Ley de Seguridad Privada, que
habilita a detectives para investigar hechos de ámbito laboral,
económico o social.
Los datos aportados por la Administración
reflejan que, de los 1.340 empleados públicos dependientes de la Ciudad
Autónoma, 192 se encuentran en incapacidad temporal no derivada de
contingencias profesionales y otros nueve por accidente laboral o
enfermedad profesional, lo que suma 201 trabajadores de baja,
equivalentes al 15% del total.
Este porcentaje duplica la media nacional
y, según el Ejecutivo local, "evidencia la necesidad de adoptar medidas
específicas de control, prevención y verificación".
Para
justificar la necesidad de este contrato, el Gobierno local expone que
este elevado índice de absentismo genera un "importante impacto
económico y organizativo", al obligar a asumir costes adicionales para
la Seguridad Social y para la propia Ciudad Autónoma, que suele recurrir
a contrataciones temporales para mantener los servicios públicos.
También advierte de la existencia de casos minoritarios en los que "las
bajas se compatibilizan con actividades personales o profesionales que
vulneran el régimen de incapacidad temporal".
Dentro del Plan
Integral contra el absentismo, la Ciudad ha previsto implantar un
sistema de evaluación del desempeño y reforzar los mecanismos de
detección de posibles fraudes. La Dirección General de Función Pública
ha reconocido en dicho documento que carece de medios técnicos y
personales para realizar estas verificaciones, por lo que considera
"imprescindible" la contratación externa de detectives privados.
Podrán optar al contrato personas físicas o jurídicas --españolas o
extranjeras-- con plena capacidad de obrar y sin prohibiciones para
contratar. Las empresas deberán demostrar que disponen de medios
suficientes y contar con detectives habilitados por el Ministerio del
Interior.
El profesional adscrito al contrato deberá acreditar un mínimo
de cinco años de experiencia, mientras que el personal de apoyo deberá
contar al menos con dos.
El valor estimado del contrato
asciende a 14.950 euros, sin incluir el IPSI (un impuesto similar al IVA
que se aplica específicamente en Melilla), dentro de los límites
económicos de los contratos menores.
El desglose contempla un 81% de
costes directos, que incluyen jornadas de investigación, desplazamientos
e informes con material fotográfico o videográfico, y un 13% de costes
indirectos relacionados con gastos administrativos, seguros y medios
técnicos.
Con esta medida, el Gobierno de Melilla ha subrayado
que pretende reforzar los mecanismos de control interno, reducir el
coste asociado al absentismo y "promover una cultura de responsabilidad y
compromiso en el empleo público", según recoge la documentación.
Sin embargo, la Sección Sindical de la Federación de Servicios
Públicos del sindicato CCOO EN Melilla ha mostrado su rechazo a la
contratación de detectives privados.
A su juicio "esta medida, lejos de
contribuir a mejorar la gestión interna o reducir el absentismo, supone
un grave error institucional que afecta a la imagen del personal
municipal, cuestiona injustificadamente a los profesionales sanitarios y
evidencia una ausencia absoluta de políticas reales de prevención y
bienestar laboral".
Para esta organización, "la desconfianza
en los profesionales de la salud, y el propio sistema de control
sanitario existente, que funciona con total rigor, es a todas luces un
menosprecio que no beneficia a nadie y que contribuye además a tensionar
aún más la relación entre la Administración y el sistema público de
salud".
Desde el gabinete de Salud Laboral de la FSC-CCOO de
Melilla han alertado que esta medida "es un atajo para evitar abordar la
raíz del problema relacionado con el absentismo", ya que han apuntado
que el personal laboral de la Ciudad Autónoma de Melilla no dispone de
un Comité de Prevención de Salud Laboral que analice las causas reales
de las bajas por enfermedades comunes de los trabajadores de la Ciudad
Autónoma de Melilla, estudie sus patrones, o proponga estrategias de
prevención de riesgos psicosociales y laborales en los diferentes
centros de trabajo, como viene reclamando esta Sección Sindical de la
FSC-CCOO Melilla en innumerables ocasiones".
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