El Parlamento andaluz "reprueba", con los votos de PP-A y Vox, a Marlaska por su "actitud indolente" contra el narcotráfico

 SEVILLA.- El Pleno del Parlamento andaluz ha aprobado este miércoles una proposición no de ley del PP-A por la que la institución "reprueba" al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por su "actitud indolente" en la lucha contra el narcotráfico. PSOE-A ha votado en contra de la reprobación, mientras que Vox la ha apoyado, así como casi todos los puntos de la iniciativa, y Por Andalucía y Grupo Mixto-Adelante Andalucía se han abstenido.

Los tres grupos de la izquierda han votado en contra de la mayoría de la iniciativa, mientras que han apoyado nuevos puntos a través de enmiendas parciales que han planteado y que han sido aceptadas por el PP-A.

En concreto, la Cámara ha mostrado su rechazo al proceder del ministro del Interior por los "constantes incumplimientos a compromisos adquiridos con las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, por el abandono institucional al que tiene sometidos a estos servidores públicos y por la actitud mantenida en el tiempo en la lucha contra la criminalidad y el narcotráfico en Andalucía".

Ello, según el PP-A, está provocando el "mayor deterioro de los niveles de seguridad ciudadana y orden público, así como una situación de enorme peligrosidad para la seguridad e integridad física de los efectivos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado".

Asimismo, se ha pedido que el Parlamento censure "la conducta poco colaborativa del Gobierno de España en la investigación realizada para esclarecer el asesinato de los dos guardias civiles en la localidad gaditana de Barbate".

Se ha instado al Gobierno central a que "asuma el compromiso nítido e inquebrantable en la lucha contra el narcotráfico y la actividad de las mafias locales, regionales y transnacionales, despojándose de una concepción errónea del orden público que conlleva la falta de apoyo institucional y jurídico firme, real y efectivo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, dando lugar, con ello, al aumento exponencial del tráfico de drogas y la inseguridad de estos servidores públicos".

Otra demanda es que el Ejecutivo nacional apruebe, previo diálogo y acuerdo con las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, un plan "de refuerzo policial y legislativo" que contemple, al menos, la dotación de efectivos personales, de medios materiales y tecnológicos que le permitan combatir la delincuencia y el narcotráfico "de manera segura y eficaz", así como instrumentos normativos que garanticen la seguridad jurídica de los agentes.

La Cámara ha pedido al Gobierno central la modificación de la Ley Orgánica del Código Penal, en materia de lucha contra el narcotráfico, que contemple, entre otros aspectos, "la tipificación de las actividades de los conocidos como 'petaqueros', las personas que almacenan y transportan grandes cantidades de gasolina destinados a suministrar combustible a las embarcaciones de alta velocidad que se utilizan para el transporte de la droga", de manera que se "endurezca la legislación contra el transporte y/o almacenamiento de combustible", una reclamación de los jueces y de los agentes.

Asimismo, se considera fundamental la restauración o creación de unidades especializadas antidroga como la desmantelada OCON-Sur y que dispongan de financiación suficiente, personal estable y mandatos permanentes para operar en zonas fronterizas de alto riesgo como el Campo de Gibraltar.

La Cámara también ha reclamado al Gobierno central que actúe de manera urgente ante la situación "de enorme gravedad que presentan provincias como Almería, que se encuentra al borde de una crisis de seguridad sin precedentes, sin helicópteros ni otro medio aéreo en la provincia, con embarcaciones obsoletas y con absoluta impunidad en el "petaqueo", o en la provincia de Sevilla, en la que se observa un recrudecimiento en el comportamiento violento de los 'narcos' frente a los cuales las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado se encuentran en una absoluta desventaja en número y en sofisticación de armamento".

El Parlamento ha compartido la "lógica indignación" de los agentes ante "el abandono y olvido que están sufriendo por parte del Gobierno de España", que tiene que proceder "al reconocimiento como profesión de riesgo de Policía Nacional y Guardia Civil, así como a la plena equiparación salarial y jubilación digna".