SEVILLA.- El coordinador federal de Izquierda Unida (IU) y candidato de Por
Andalucía a la Junta en las próximas elecciones andaluzas, Antonio
Maíllo, ha calificado este viernes de "un ERE dos" el caso de los
contratos de emergencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS) que están
siendo investigados por la Justicia y que han llevado a la citación como
testigo de la actual consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente,
Catalina García, el próximo 20 de enero de 2026 en el marco de las
diligencias previas sobre la contratación de emergencia durante la
pospandemia de coronavirus una vez que el Estado derogó la normativa que
propició esa modalidad de contratación, contemplada a su vez dentro de
la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP).
En
declaraciones a los medios, Maíllo ha sostenido que Catalina García
"tiene mucho que decir" sobre este caso, que ha calificado como "un
escándalo" del mismo tenor que los ERE. Así ha valorado la providencia
emitida por el juez con fecha del pasado miércoles 26 de noviembre por
la que cita como testigo a Catalina García tras haber propuesto la
Fiscalía Anticorrupción su citación como testigo.
En su escrito, la
Fiscalía también abogaba por que se produzca la comparecencia en sede
judicial con esa misma condición de testigo de quien fue viceconsejero
de Hacienda y Financiación Europea, Roberto Ochoa, quien desempeñó esta
responsabilidad entre el 8 de septiembre de 2020 y el 9 de agosto de
2022. El juez instructor también los cita para el próximo 20 de enero.
La citación de García como testigo se enmarca en su pasado como
viceconsejera de Salud mientras Jesús Aguirre ejerció de titular de esta
cartera, responsabilidad que acabó asumiendo una vez que Jesús Aguirre
se convirtió en el presidente del Parlamento de Andalucía.
El escrito de
la Fiscalía Anticorrupción, sobre el que tendrá que pronunciarse el
titular del Juzgado de Instrucción nª 13 de Sevilla, José Antonio
Gómez, se enmarcaría como un siguiente paso procesal dentro de las
diligencias previas 2476/2024 y que se entendería al calor de los
pronunciamientos que se han oído en las dos jornadas de testificales que
se han celebrado los días 18 y 25 de este mes.
El propósito
sería ahondar en la gestación del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 6
de octubre de 2020, que incluyó la contratación de emergencia del SAS
dentro de la relación de procedimientos que pasaban de someterse a la
fiscalización previa de la Intervención General de la Junta de Andalucía
al control financiero permanente, modalidad de supervisión a posteriori
del gasto.
En la jornada de testificales de testigos donde
compareció la hoy viceconsejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y
Diálogo Social, Amelia Martínez, que lo hizo en su calidad de anterior
responsable de la Intervención General de la Junta, puso de manifiesto
que la inclusión de los contratos del SAS careció de una propuesta
formal por parte del entonces consejero de Hacienda, Juan Bravo, así
como de un informe de la propia Intervención, según relataron fuentes
presenciales.
Martínez describió la inclusión final de los
contratos del SAS para someterse al control financiero permanente como
fruto de un diálogo en la Comisión General de Viceconsejeros, conocida
coloquialmente como el Consejillo, por ser el órgano que prepara los
contenidos que acaba aprobando el propio Consejo de Gobierno, entre la
viceconsejera de Salud y el viceconsejero de Hacienda, responsabilidades
que ejercían entonces Catalina García y Roberto Ochoa. El propósito de
Anticorrupción sería conocer de primera mano la versión de ambos
protagonistas sobre la decisión de incorporar los contratos del SAS
entre los gastos de emergencia ante el Covid que pasaban a control
financiero permanente.
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