Un total de 17 acusados de hacer de 'transfers' clandestinos de inmigrantes reconocen los hechos

 ALMERÍA.- Un total de 17 de los 19 acusados de organizar y llevar a cabo el transporte clandestino por carretera hasta Murcia, Alicante, Tarragona y Barcelona de inmigrantes, principalmente de origen argelino, que llegaron de forma irregular en patera hasta las costas de Almería y Cádiz entre mayo y octubre de 2019 han reconocido los hechos ante el tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia de Almería.

Fuentes judiciales han confirmado el reconocimiento expreso de los hechos enjuiciados incluso por parte de las dos personas a las que la Fiscalía atribuye un papel prepoderante en la trama, al ser los encargados de organizar toda la logística necesaria para efectuar dichos traslados, disponiendo medios materiales y humanos.

Este reconocimiento expreso supondrá previsiblemente una rebaja de las penas de hasta siete años de prisión que interesaba el Ministerio Fiscal en su escrito provisional de acusación, si bien el juicio continuará en una segunda sesión el próximo 20 de octubre con la práctica de pruebas en relación a los dos acusados que, ante el tribunal, han rechazado estar involucrados en este caso.

Fue a partir de las investigaciones efectuadas por la Unidad Central de Redes de Inmigración y Falsedades (Ucrif) de la Policía Nacional cómo se logró identificar a los supuestos miembros de este entramado, cuyos 'cabecillas' eran contactados por personas no identificadas que organizaban los viajes en patera o familiares de los ocupantes de la embarcación para ser recogidos y llevados a distintos puntos de la península a cambio de una determinada suma de dinero.

Las averiguaciones revelaron al menos una treintena de traslados que, principalmente, partían desde las costas del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar previo cobro de hasta 300 euros por persona, en función del destino que pretendieran alcanzar, llegando a embolsarse por uno de estos portes globales hasta 1.400 euros.

El fiscal señala que algunos de los acusados se dedicaban "de forma habitual y prolongada en el tiempo" a este cometido. Estos serían quienes realizaban las funciones "más determinantes" al ser los conocedores de cuándo y dónde iba llegar una patera, lo que les habría permitido organizar todo lo necesario para recoger y trasladar a sus ocupantes hasta sus ciudades de destino.

En un segundo escalón, el Ministerio Público señala la existencia de una serie de colaboradores, algunos habituales y otros que ejercían de forma puntual, los cuales se habrían encargado de seguir las instrucciones de los primeros para materializar la recepción y traslado de inmigrantes. No obstante, también constan algunos acusados que habrían actuado "de forma independiente" a todos los anteriores, quienes habrían organizado sus propios traslados.

La Fiscalía recoge las distintas operaciones que fueron detectadas mediante la acción policial. La mayor parte de ellas apunta a la llegada de una patera a las costas nijareñas de San José o Rodalquilar durante la madrugada, cuyos ocupantes habían concertado previamente su recogida y transporte.

La mayor parte de ellos eran trasladados en vehículos particulares hasta Alicante, donde en ocasiones se les dejaba en la estación de autobuses, aunque otros eran desplazados a puntos más cercanos como la propia capital almeriense o los municipios murcianos de Torre-Pacheco y Callosa de Segura, así como su capital.

También constan la recogida de algunas personas en Cádiz que eran conducidas hasta Almería y transportes hasta ciudades más lejanas, como Tarragona o Barcelona. Para algunos de los transportes se habrían empleado además varios vehículos, mediante la realización de paradas intermedias en la ruta, con la participación de más conductores.

Las viviendas de los principales sospechosos --tres en Almería y una en Alicante-- fueron registradas bajo orden judicial, de modo que en una de ellas se llegó a intervenir más de 18.500 euros procedentes de esta actividad de transporte clandestino y del cobro a inmigrantes.

Para los dos principales acusados, a quienes atribuyen un papel de organizadores, se pide una pena de siete años de prisión por un delito continuado contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, mientras que para seis de sus colaboradores habituales se reclama una pena de seis años. Para el resto de procesados pide penas que van desde un año a nueve meses de prisión cada uno.