HUÉRCAL-OVERA.- La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia nº 2 de
Huércal-Overa ha acordado abrir un procedimiento abreviado
para investigar junto a otras personas a la alcaldesa de Cantoria,
Purificación Sánchez (PSOE), por la regularización de 15 viviendas
declaradas ilegales y cuya demolición había sido ordenada por un juez en
junio de 2010 al estar edificadas en suelo no urbanizable del paraje
'Los Garcías'.
En un auto la
instructora Adriana Álvarez dispone que se sigan los trámites para
esclarecer un presunto delito de prevaricación administrativa que
atribuye, con base en lo investigado, a la primera edil así como al
concejal de Urbanismo, Ramón López, a un técnico de Obras Públicas, y al
gerente de la promotora inmobiliaria A.G.C., quien además es cuñado del
edil de Urbanismo.
Del mismo modo, la jueza también apunta
que de las actuaciones practicadas se desprende la supuesta comisión de
dos delitos de tráfico de influencias entre el concejal de Urbanismo y
su cuñado así como otros tres de estafa por parte del empresario a razón
de las tres viviendas que se vendieron tras su regularización por
importes de hasta 120.000 euros.
La resolución judicial señala
que los investigados intervinieron en distinta medida en la
tramitación, elaboración de informes técnicos y aprobación de
resoluciones administrativas para que las viviendas regularizadas bajo
la figura de "asimilado fuera de ordenación" (AFO) en "abierta
contradicción" con la orden dada por el Juzgado de lo Penal nº 1 de
Almería para que las casas fueran derruidas por estar en suelo no
urbanizable, no ser autorizables y haberse hecho sin licencia
administrativa.
El origen de los hechos se remonta a 2006
cuando se denunció la construcción de las viviendas por las que, tres
años después, el responsable de la empresa fue condenado por un delito
contra la ordenación del territorio. La sentencia de apelación, dictada
más tarde por la Audiencia de Almería, ratificaba el fallo y señalaba
además, a petición de la Fiscalía, que debía demolerse todo lo
construido a costa del condenado.
En este sentido, el juez
ordenó a A.G.C. la destrucción de las 15 viviendas para restaurar el
paraje, de lo que además remitió oficio con testimonio de la sentencia
al Ayuntamiento de Cantoria no solo para su pleno conocimiento sino
también para que llevara a cabo la destrucción de las casas a costa del
demandado.
Frente a esta orden judicial, la instructora señala
los indicios existentes en las actuaciones por los que el empresario,
con la intención de "obtener un beneficio económico" de las viviendas,
habría aprovechado su relación de parentesco con el concejal de
Urbanismo para "influir de manera directa" en la tramitación y obtención
de los asimilados fuera de ordenación para las construcciones.
Transcurridos más de ocho años sin que se demolieran las viviendas, el
empresario inició trámites para pedir el "archivo por caducidad" del
expediente urbanístico sancionador que pesaba sobre las construcciones,
para lo que habría aportado una declaración jurada de "inexistencia de
procedimientos judiciales" aunque "a sabiendas de que todavía no se
había ejecutado el auto por el se le imponía el deber de demolición".
Dicha solicitud fue examinada en febrero de 2019 por la alcaldesa y
el secretario municipal, quienes mediante una resolución "acordaron la
caducidad del expediente sancionador y de restauración de legalidad";
una decisión que se apoyó en el informe redactado por el técnico, que
indicaba "que se cumplían todos los requisitos legales para ello". Dicha
resolución se certificó en junta de gobierno local en marzo de 2022.
En este punto, la juez instructora asevera que los acusados
declararon la caducidad del expediente pese a que "eran conocedores de
que existía un procedimiento judicial en curso pendiente de ejecución",
es decir, que habrían actuado bajo el conocimiento de que no se había
cumplido la orden judicial que mandaba demoler las casas.
Una vez obtenida la certificación por la que se acreditaba la
"inexistencia de expediente sancionador", rubricada por la alcaldesa y
el secretario municipal, el empresario promovió distintos expedientes
para regularizar viviendas de 'Los García' mediante la figura de AFO.
Así, entre marzo de 2019 y marzo de 2023, se llegaron a adoptar hasta
siete acuerdos municipales "sin los requisitos legales" para reconocer
como AFO siete viviendas unifamiliares con la intervención de la primera
edil, el secretario y el técnico municipal. Esto fue posible "gracias a
la intermediación" del cuñado del empresario y concejal de Urbanismo.
La juez señala que la situación urbanística de las viviendas se
regularizó "en clara contradicción con la condena del Juzgado de lo
Penal".
Tras esto, las referidas viviendas se inscribieron en el
Registro de la Propiedad por parte del empresario quien, "con ánimo de
obtener un enriquecimiento ilícito" y "a sabiendas de que no cumplían
los requisitos para ser reconocidas como AFO", procedió a la venta de
las mismas.
Constan al menos tres contratos de compraventa
suscritos entre marzo de 2022 y mayo de 2023 por parte de clientes
extranjeros quienes adquirieron las casas "en la creencia de haber
comprado una vivienda legal", con precios que oscilaban entre los
110.000 y 120.000 euros, conforme a la documentación remitida por el
Registro de la Propiedad.
Explicaciones de la alcaldesa
La alcaldesa de Cantoria, Purificación Sánchez (PSOE), ha
señalado este miércoles que el empresario procesado junto con ella
misma, el concejal de Urbanismo --cuñado del empresario-- y demás
personal municipal "ocultó" a través de su declaración jurada al
Ayuntamiento que existía una sentencia firme que obligaba a la
demolición de 15 viviendas declaradas ilegales en el paraje 'Los García'
para conseguir su regularización.
En un comunicado, la primer
edil ha señalado que el propio Ayuntamiento de Cantoria denunció este
extremo ante la Fiscalía, si bien el supuesto delito por falsedad
documental estaría ya "prescrito". En este sentido, apunta la
responsabilidad del "principal encausado" a la hora de iniciar el
expediente administrativo con el que poder regularizar y,
posteriormente, vender las viviendas.
Sánchez ha reaccionado
así después de que la juez instructora de la Sala Civil y de Instrucción
del Tribunal de Instancia nº 3 de Huércal-Overa dispusiera continuar por
procedimiento abreviado la causa en la que investiga un presunto delito
de prevaricación administrativa contra la alcaldesa, el secretario
municipal, un técnico, el concejal Ramón López y el empresario, así como
otros dos de tráfico de influencias en relación a estos dos últimos y
tres delitos más de estafa que atribuye al empresario por la venta de
las casas.
"Jamás hemos realizado ningún trámite
administrativo conociendo que existiese una orden de esta naturaleza",
ha dicho la regidora, quien ha defendido que la sentencia que declaraba
ilegal las viviendas "no fue comunicada al Pleno, como es preceptivo" al
tiempo que tampoco "consta en ningún acta" puesto que "no hubo
personación legal del Ayuntamiento en la causa y nunca formó parte de
expediente urbanístico alguno".
El auto judicial, que es
"recurrible" y ante el cual la alcaldesa ha mostrado su "respeto",
apunta no obstante que la sentencia del Juzgado de lo Penal nº 1 de Almería
remitió oficio con testimonio de la sentencia al Ayuntamiento de
Cantoria el 2 de junio de 2010 --aún bajo mandato del PP-- "a fin de que
procediera a la demolición de las viviendas a costa del condenado".
La primer edil ha lamentado la interpretación realizada por la juez
de unos hechos "denunciados por el PP" pese a que en 2006 --cuando se
inició la investigación por las viviendas-- "el alcalde era Pedro
Llamas" y "el secretario era otro distinto al actual".
"Ninguno de ellos
elevaron a pleno tal decisión judicial", ha remarcado ante un proceso
de regularización auspiciado por el empresario y que se inició ocho años
más tarde.
También ha recordado que los denunciantes en esta
causa "son concejales del PP, gobernantes durante la construcción de
las viviendas ilegales señaladas y en el momento de dictarse sentencia,
incluso uno de ellos, agente del Seprona mientras se construyeron más de
1.000 viviendas ilegales en el término municipal", según ha añadido.
En cualquier caso, la regidora ha afirmado de manera "tajante" que
"Cantoria no ha legalizado ninguna vivienda sobre la que existiese una
orden de demolición" y "en todo caso, será en el momento del juicio oral
cuando deban demostrarse las acusaciones" que pesan contra ella y el
personal municipal, según ha recordado.
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