ALMERÍA.- La Audiencia Provincial de Almería ha condenado a cuatro años de prisión
a un hombre de nacionalidad argelina que patroneó una patera con 13
migrantes a bordo en un viaje de "grave peligro", al estar los ocupantes
a punto de colisionar con un buque en alta mar.
El fallo, que
es firme al haberse dictado por conformidad, condena al procesado por
un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y señala que
actuó con ánimo de lucro al poner en peligro la vida de todos los
pasajeros.
Según recoge la sentencia, el acusado cobró junto a sus colaboradores unos 8.000 euros a
cada pasajero, de origen argelino y marroquí, y zarpó desde la costa de
Orán el 10 de diciembre de 2023 en una embarcación semirrígida de seis
metros de eslora, equipada con un motor Yamaha de 85 caballos.
Durante la travesía, una "densa niebla" redujo la visibilidad hasta el
punto de que la patera estuvo a punto de impactar con un buque. La
embarcación, concebida para excursiones costeras y no para cruzar unas
80 millas náuticas, comenzó a deteriorarse y a entrar agua, lo que
obligó a parar el motor y quedar a la deriva.
El tribunal
destaca que el viaje se efectuó sin las condiciones mínimas de
seguridad, sin chalecos salvavidas, ni balsas, ni equipo de
radiocomunicaciones, ni luces de navegación, y con un peso excesivo a
bordo, agravado por cinco garrafas de gasolina de 30 litros cada una, lo
que representaba además un riesgo de incendio.
Los ocupantes fueron finalmente rescatados por Salvamento Marítimo tras ser avistados por un buque que alertó de la situación, después de varias horas expuestos al riesgo por las condiciones meteorológicas y el estado precario de la patera.
Por otra parte, a Audiencia Provincial va a acoger este lunes la primera sesión del
juicio contra 19 personas acusadas de organizar y llevar a cabo el
transporte clandestino por carretera hasta Murcia, Alicante, Tarragona y
Barcelona de inmigrantes, principalmente de origen argelino, que
llegaban de forma irregular en patera hasta las costas de Almería y
Cádiz entre mayo y octubre de 2019.
La Fiscalía va a solicitar
penas de prisión de entre siete años y nueve meses para cada uno de los
acusados en función de su grado de participación en los hechos. A dos
de ellos les atribuye un papel prepoderante, puesto que se encargarían
de organizar los traslados llegando incluso, en ocasiones, a colaborar
entre ellos, según recoge el escrito de acusación provisional.
A partir de las investigaciones efectuadas
por la Unidad Central de Redes de Inmigración y Falsedades (Ucrif) de la
Policía Nacional se logró identificar a los supuestos miembros de este
entramado, cuyos 'cabecillas' eran contactados por personas no
identificadas que organizaban los viajes en patera o familiares de los
ocupantes de la embarcación para ser recogidos y llevados a distintos
puntos de la península a cambio de una determinada suma de dinero.
Las averiguaciones revelaron al menos una treintena de traslados que,
principalmente, partían desde las costas del Parque Natural de Cabo de
Gata-Níjar previo cobro de hasta 300 euros por persona, en función del
destino que pretendieran alcanzar, llegando a embolsarse por uno de
estos portes globales hasta 1.400 euros.
El fiscal señala que
algunos de los acusados se dedicaban "de forma habitual y prolongada en
el tiempo" a este cometido. Estos serían quienes realizaban las
funciones "más determinantes" al ser los conocedores de cuándo y dónde
iba llegar una patera, lo que les habría permitido organizar todo lo
necesario para recoger y trasladar a sus ocupantes hasta sus ciudades de
destino.
En un segundo escalón, el Ministerio Público señala
la existencia de una serie de colaboradores, algunos habituales y otros
que ejercían de forma puntual, los cuales se habrían encargado de seguir
las instrucciones de los primeros para materializar la recepción y
traslado de inmigrantes. No obstante, también constan algunos acusados
que habrían actuado "de forma independiente" a todos los anteriores,
quienes habrían organizado sus propios traslados.
La Fiscalía recoge las distintas operaciones que fueron detectadas
mediante la acción policial. La mayor parte de ellas apunta a la llegada
de una patera a las costas nijareñas de San José o Rodalquilar durante
la madrugada, cuyos ocupantes habían concertado previamente su recogida y
transporte.
La mayor parte de ellos eran trasladados en
vehículos particulares hasta Alicante, donde en ocasiones se les dejaba
en la estación de autobuses, aunque otros eran desplazados a puntos más
cercanos como la propia capital almeriense o los municipios murcianos de
Torre-Pacheco y Callosa de Segura, así como su capital.
También constan la recogida de algunas personas en Cádiz que eran
conducidas hasta Almería y transportes hasta ciudades más lejanas, como
Tarragona o Barcelona. Para algunos de los transportes se habrían
empleado además varios vehículos, mediante la realización de paradas
intermedias en la ruta, con la participación de más conductores.
Las viviendas de los principales sospechosos --tres en Almería y una
en Alicante-- fueron registradas bajo orden judicial, de modo que en una
de ellas se llegó a intervenir más de 18.500 euros procedentes de esta
actividad de transporte clandestino y del cobro a inmigrantes.
Para los dos principales acusados, a quienes atribuyen un papel de
organizadores, se pide una pena de siete años de prisión por un delito
continuado contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, mientras
que para seis de sus colaboradores habituales se reclama una pena de
seis años.
Para el resto de procesados pide penas que van
desde un año a nueve meses de prisión cada uno. También solicita la
libre absolución para otros seis sospechosos. El juicio, que contempla
hasta tres sesiones, se va a desarrollar desde este lunes en la Sección
Segunda de Almería.
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