La Junta encarga un plan para restaurar los suelos del empresario procesado por acumular residuos durante años

 ALMERÍA.- La Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía ha encargado la redacción de la primera fase de un plan destinado a restaurar los suelos contaminados de las parcelas afectadas por los vertidos de residuos que, durante al menos nueve años, se han acumulado en varias parcelas de la zona de Las Palmerillas por un empresario procesado y para el que la Fiscalía pide tres años de prisión por un delito medioambiental.

A través de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía (Amaya), la Administración autonómica ha dispuesto tras recibir requerimiento judicial que se tramite de urgencia un proyecto al que destina un presupuesto de 45.286 euros para restaurar los terrenos sirvieron de acopio y almacenamiento de residuos de distinto origen y procedencia.

En su resolución, la Junta hace alusión al "evidente riesgo medioambiental" que supone la existencia de los residuos que durante años se han acumulado "de forma descontrolada y no autorizada", de modo que en la misma se da un periodo de tres meses para realizar planificar la primera parte los trabajos con los que se quiere recuperar ambientalmente este espacio.

"Se hace constar que, en ocasiones, se abrían zanjas sin impermeabilizar en el suelo dentro de las que se arrojaban los residuos. En otras ocasiones, se quemaban o, simplemente, se acumulaban a la intemperie", expone a la hora del dar cuenta del requerimiento judicial por el que se dará "especial prioridad" a la retirada de residuos antes de restaurar los suelos afectados de cinco fincas que suman cerca de dos hectáreas.

De igual modo, apunta la investigación que efectuó el servicio de protección de la naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) durante las visitas a las parcelas, donde tomó muestras líquidas de lixiviados y aguas residuales vertidas en los terrenos para calcular los daños ocasionados, que se tasaron en casi 3,6 millones de euros.

"Se trata de una actividad completamente irregular, que carecía de cualquier tipo de control o autorización exigible", recoge el texto encaminado a planificar la limpieza de la zona a través de una entidad "de alta cualificación" que "disponga de medios humanos y técnicos con el máximo nivel de garantía y especialización" debido a las características del vertedero.

La Fiscalía acusa al empresario de 62 años de edad, así como a la propia entidad mercantil, de haber acumulado de manera "incontrolada" desechos plásticos y orgánicos procedentes de invernaderos así como otras basuras de carácter "peligroso", al menos, entre 2013 y 2022; fecha en la que el Ayuntamiento de Roquetas de Mar accedió como "medida provisional" al precinto de las instalaciones mediante un expediente sancionador.

El empresario, que participaba con un socio fallecido en 2019, efectuaba a través de la mercantil destinada a la recogida, valorización, reciclaje, recuperación, tratamiento e incineración de toda clase de residuos y desechos, "tanto peligrosos como no peligrosos", si bien los terrenos mostraban un "acopio incontrolado" de basuras, sobre todo plásticos procedentes de invernaderos y restos de cosechas que estaban "en estado de putrefacción".

Las parcelas, descritas como si de basureros ilegales se trataran, también contenían en menor medida aunque en cantidades importantes otros residuos procedentes de la construcción, maderas de enseres domésticos, neumáticos, carrocerías de vehículos, aceites industriales usados y aparatos eléctricos y electrónicos, todo ello "sin cumplir las preceptivas prescripciones necesarias para impedir la contaminación del suelo y de las aguas superficiales-subterráneas".

En este sentido, destaca la fiscal que el Seprona halló en su investigación varias zanjas con "aguas residuales urbanas e industriales" vertidas así como "lixiviados procedentes de residuos agrícolas en estado de putrefacción" sin que estuviera garantizada la recogida "eficaz" de los efluvios, puesto que el terreno estaba sin impermeabilizar.

Los agentes del Seprona de la Comandancia de Almería pudieron comprobar mediante su inspección en julio de 2021 el estado de al menos tres parcelas de la empresa en la que encontraron una gran cantidad de residuos, de modo que si bien muchos se correspondían a restos agrícolas como plásticos de invernadero o tomates y melones "podridos", también había neveras, neumáticos y restos de obras en pilas de hasta cuatro metros de altura.

En la su segunda visita a los terrenos un año después, en julio de 2022, tomaron muestras de las aguas residuales vertidas en la zanja abierta en la última parcela así como de lixiviados de residuos domésticos y agrícolas, que fueron remitidas al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

El informe pericial determinaba, según la Fiscalía, que con base en su "potencial tóxico" y la "disposición en balsas o zanjas en el suelo", dichos líquidos podían "dañar sustancialmente las características del suelo" así como las aguas subterráneas "dependiendo de la cantidad depositada y de su continuidad".

La empresa, para la que se solicita una multa de 50 euros diarios durante tres años y una inactividad por el mismo periodo, no habría podido tampoco acreditar documentalmente "el origen y destino final de los residuos que gestionaba", toda vez que no consta tan siquiera la existencia de solicitud de autorización ambiental integrada (AAI) para llevar a cabo el tratamiento de los residuos, así como de licencia municipal.

En esta línea, la Fiscalía apunta que la mercantil habría funcionado durante todo ese tiempo "de forma clandestina", de modo que con su actividad habría infligido además hasta cuatro leyes andaluzas relativas al medio ambiente, entre ellas, la de economía circular, la de prevención y control integrados de la contaminación y la de protección ambiental de Andalucía.

El informe pericial realizado por la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente de la Guardia Civil en junio de 2024 constató que el constante vertido de residuos pudo causar "daños sustanciales en la calidad del aire y las aguas" así como sobre los ecosistemas cercanos a esta zona, de modo que los perjuicios al medio ambiente habrían tenido un impacto económico de unos 3.597.457,35 euros.

Además de los tres años de prisión, la Fiscalía también solicita para el acusado el abono de una multa de 20 meses a razón de 12 euros diarios y su inhabilitación durante tres años para estar al frente de cualquier empresa o entidad dedicada a la gestión de residuos.

Tanto este como la empresa deberán responder económicamente no solo a la cantidad en la que se han tasado los daños sino también a los costes que suponga para la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Roquetas de Mar la recuperación del terreno mediante un plan de restauración y la retirada de los residuos de la zona.