Al respecto, las entidades han defendido la necesidad de que las
administraciones públicas proporcionen «vacunas eficaces» y adopten un
enfoque «coordinado y riguroso» de diálogo para contener una enfermedad
que, según advirtió Planas, muestra una «evolución preocupante» con
impacto en varias explotaciones ganaderas del país.
El secretario general de Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores
(Asaja) Sevilla, Eduardo Martín, ha afirmado en declaraciones a Europa
Press que su recomendación es «insistente y continua» de que se vacune a
todo el sector ganadero como «único medio de lucha» contra la afección
para el ganado.
«Cada vez el ganadero está más concienciado porque esta enfermedad
animal no es nueva, sino que viene de atrás, desde hace más de 20 años.
Ya estamos familiarizados con ella y lo que parece que está cambiando es
que cada vez aparece más serotipos y que además el vector que contagia,
que es el mosquito, ya entra por varias zonas de la península, no solo
por el sur, sobre todo porque la climatología también favorece la
proliferación de estos vectores para contagiar al ganado», ha explicado
Martín.
En este sentido, el secretario general de Asaja ha advertido que la
aparición de muchos tipos de serotipos y el nivel de afección tiene
«efectos demoledores» tanto para la cabaña ganadera, la explotación y
derivación comercial del producto. Por ello, ha recalcado que no parece
razonable una vacuna obligatoria «cuando el propio ministerio reconoce
que no tiene vacunas para todos los serotipos y en el momento oportuno».
De este modo, Asaja ha exigido que el ministerio invierta y apueste
por conseguir una «vacuna polivalente» para todos los serotipos, además
de pedir que debe trabajar con los laboratorios y conseguirla en
cantidad suficiente para poder plantear la «idoneidad o no» de una
vacunación «obligatoria».
«También se debe de apoyar a los ganaderos
afectados con medidas para la desinfección y para volver a poner la
explotación en producción, aquellas explotaciones que ahora han
resultado más castigadas», ha manifestado Martín.
Por otra parte, la secretaría de Ganadería de UPA Andalucía, Paqui
Iglesias, ha calificado la situación actual como de «desorden total» y
ha considerado que la iniciativa del Ministerio «puede ser una solución»
ante el agravamiento de la enfermedad.
En este contexto, ha criticado
que la voluntariedad ha provocado que algunos laboratorios hayan dejado
de producir vacunas para serotipos actualmente activos -como el 3 y el
8-, que «están causando graves daños a la cabaña ganadera», ha
advertido.
Además, ha señalado que, en el caso del serotipo 3, «los ganaderos
no están observando una respuesta positiva a la vacuna», lo que genera, a
su juicio, «desconfianza y favorece a la aparición de grupos
negacionistas» dentro del sector.
Por ello, Iglesias ha manifestado que
la vacunación obligatoria «va a poner orden en un sector que lo
necesita», especialmente ante «la elevada mortalidad» provocada por esta
enfermedad vírica.
También ha criticado el actual sistema de costes para el sector
ganadero en cuanto a estas vacunas, ya que, según ha expuesto la
representante de UPA, «los ganaderos en estos momentos están pagando
cinco euros por el trabajo del veterinario y pinchazo, más lo que vale
la vacuna, que son dos euros y medio».
Por su parte, el responsable de Ganadería de Coordinadora de
Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) Andalucía, Antonio
Rodríguez, ha defendido que los animales «tienen que vacunarse sí o sí»,
y ha subrayado que tanto el Ministerio como la Junta de Andalucía deben
proporcionar y asumir el coste de las vacunas.
Asimismo, ha aclarado
que si para conseguir el control de esta enfermedad tiene que ser
obligatorio la vacunación, COAG-A considera que medida debe ir
acompañada de un diálogo previo entre las administraciones y el sector
ganadero para valorar sus implicaciones.
«Primero debe llevarse algunas reuniones con las administraciones
públicas para explicar los 'pros y contras' de este proceso. No nos
cerramos a que sea obligatorio tampoco, si va a haber más ventajas
siendo obligatoria y todo lo asume la Administración, tendremos que ir
cambiando de estrategia con la Consejería y el Ministerio», ha expuesto
Rodríguez.
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