"Lleno" en la primera convocatoria de concentración ante el impacto de la nueva minería en el Guadalquivir

 CÁDIZ.- La plaza de las Américas de Chipiona (Cádiz) ha acogido este domingo por la mañana una concentración convocada por la plataforma ciudadana "Salvemos el Guadalquivir", creada por colectivos ecologistas, científicos, docentes y profesionales de diversos ámbitos; ante el temor de una "catástrofe inminente" en el río como consecuencia del impacto de la minería industrial sevillana y sus "vertidos contaminantes".

José Antonio Algarrada, uno de los portavoces de la plataforma, ha manifestado que la concentración, consensuada por los gobiernos locales de los ayuntamientos de Chipiona, Trebujena, Coria del Río y Lebrija, junto a un buen número de asociaciones económicas y medioambientales de las diferentes localidades del Bajo Guadalquivir; ha contado con "lleno" de asistencia con la participación de entre 1.000 o 1.500 personas, según algunos cálculos; y alcaldes y concejales de los citados municipios.

Se trata, según ha dicho, de "la primera concentración" de las diferentes movilizaciones que prevé promover el colectivo, para avisar una vez más del "desastre medioambiental" que según los ecologistas afronta el río Guadalquivir por los próximos "vertidos de aguas tóxicas" de las minas de Aznalcóllar y Gerena.

La protesta, así, reclama al Gobierno andaluz del popular Juanma Moreno una moratoria de los vertidos mineros con metales pesados proyectados al Guadalquivir y el nombramiento de un comité científico independiente y de reconocido prestigio, que evalúe la situación actual del estuario y los impactos que pudieran suponer dichos vertidos.

En concreto, los colectivos de la plataforma señalan el nuevo proyecto de mina subterránea con una planta polimetalúrgica que promueve Cobre las Cruces, participada por la multinacional Fisrt Quantum y responsable del anterior proyecto de mina de cobre a cielo abierto en suelos de Gerena, Salteras y Guillena; donde plantea esta otra actuación.

Además, ponen el foco en el proyecto de reapertura de la mina de Aznalcóllar, promovido por la alianza empresarial entre la multinacional Grupo México y la andaluza Minorbis, filial de Magtel; para reactivar este recinto minero marcado por el desastre natural de 1998 por la fractura de su balsa de metales pesados, cuando estaba gestionada por la multinacional sueca Boliden, a través de la sociedad Andaluza de Piritas SA (Apirsa).

La futura nueva explotación minera, a desarrollar por la empresa Minera Los Frailes como sociedad de propósito específico creada por Grupo México y Minorbis para la gestión de la corta, cuenta con reservas de unos 45 millones de toneladas de sulfuros polimetálicos (zinc, plomo y cobre), con una producción media estimada de 2,7 millones de toneladas por año.

La actuación, una reivindicación histórica de la localidad de Aznalcóllar y su comarca por su impacto en el empleo, cuenta con la oposición frontal de los grupos ecologistas, que invocan insistentemente la devastadora catástrofe ambiental de 1998 con la consecuente contaminación del río Guadiamar y su cuenca.

Los ecologistas, en ese sentido, señalan que la actuación planteada supone "verter un total de 85.520 millones de litros de aguas contaminadas con metales pesados, durante 18 años y medio, frente al estadio de la Cartuja", con destino al Estuario del Guadalquivir y con efectos a un entorno declarado como Zona de Especial Conservación de la Red Natura 2000.

La Junta, no obstante, alega de su lado que el proyecto de reactivación de la mina de Aznalcóllar incluye una solución para depurar "el agua almacenada" en las cortas de la antigua explotación minera y que se realizará aplicando las mejores tecnologías disponibles; defendiendo que el proyecto suma más de "60 millones" de euros entre tareas de rehabilitación y garantías financieras, "el máximo que contempla la ley".