VALENCIA.- El juzgado de Instrucción nº 6 de Valencia
ha imputado al que fuera presidente de Ruralcaja (hoy absorbida por Cajamar), Eduardo Ferrer, en una
causa abierta por un trasvase entre cuentas de dos sociedades
constructoras del mismo grupo para que la caja pudiera cobrar una deuda,
según ha informado el letrado Ignacio Torres, quien representa a ocho
de una veintena de clientes afectados por esta operación.
Junto a Ferrer, el magistrado también ha imputado al que fuera
consejero delegado de la entidad financiera, José Montoliu, y al legal
representante del grupo Cosesa, Pascual Serrano. Los hechos se remontan
al año 2007, cuando unas 20 personas suscribieron un contrato con la
entidad Afrepark S.L. --perteneciente al grupo Cosesa-- para la
compraventa de unas plazas de garaje ubicadas en el aparcamiento de la
calle Jesús, número 45, en Valencia.
Para las compras, los denunciantes entregaron diversas cantidades
de dinero a Afrepark S.L. en efectivo, letras de cambio y pagarés. Las
obras debían estar concluidas en 2009 y, sin embargo, "sin avisar, y sin
dar más explicaciones ni informaciones" a los clientes que ya habían
invertido parte de sus ahorros, Afrepark --que había pedido un préstamo a
la caja por siete millones de euros para comprar el solar y hacer la
obra-- cesó la construcción, retiró una grúa que había instalado para
manejar materiales y cerró las puertas de entrada por las dos calles
posibles --Albacete y Jesús--.
Posteriormente, en 2011, la mercantil entró en concurso de
acreedores, y durante la tramitación del mismo, el administrador
concursal emitió un informe en el que aludía a la existencia de un
posible fraude por parte de Ruralcaja para evitar un supuesto de
autofinanciación, tal y como se especifica en la denuncia.
Asimismo, alertó de que se hizo una disposición de una póliza de
préstamo "para fines ajenos" a los previstos, en especial para cancelar
posiciones deudoras que Cosesa, grupo matriz de Afrepark, mantenía con
Ruralcaja.
De esta manera, se puso de manifiesto que el director de la
oficina, a principios del mes de mayo, "sin firma alguna y sin
conocimiento ni consentimiento de nadie" dispuso "fraudulentamente" para
beneficiar a la entidad para la que trabajaba "nada menos que la suma
de 3.040.000 euros", según consta en la denuncia.
Los denunciantes alegan que esta "fraudulenta" disposición supuso
un "evidente perjuicio económico" para ellos, ya que con ello se vació
de recursos el préstamo hipotecario que había sido concedido por el
banco a Afrepark para la ejecución del aparcamiento.
Los perjudicados, tras conocer estos datos, decidieron interponer
una querella contra Afrepark, y el juzgado decidió abrir actuaciones e
investigar los hechos, inicialmente por el tema de las plazas de garaje.
Sin embargo, el procedimiento se amplió luego por el presunto fraude en
el trasvase de dinero entre cuentas. En esta causa, Pascual Serrano,
cuando fue llamado a declarar, señaló que él no había autorizado al
banco a traspasar el dinero entre las cuentas.
Por su parte, el entonces director de la oficina en la que tenía
las cuentas las sociedades, aseguró ante el juez que él no tomó la
decisión del traspaso, y que era algo que "venía de arriba", según han
informado fuentes del proceso a Europa Press.
Seguidamente, otro alto cargo de la caja --experto bancario-- que
también tuvo que declarar, aseguró que él tampoco intervino en la
decisión, y apuntó al consejo rector. Por estos motivos, el magistrado
ha citado a declarar ahora, como imputados, a Ferrer, Montoliu y
Serrano. Tendrán que acudir al juzgado el próximo mes de septiembre.
No hay comentarios:
Publicar un comentario