SEVILLA.- El Parlamento de Andalucía ha convalidado
este miércoles, con la abstención del PP-A, el Decreto Ley de Medidas
Extraordinarias y Urgentes para la Lucha contra la Exclusión Social en
Andalucía, que finalmente no se tramitará como proyecto de ley tras el
rechazo de PSOE-A e IULV-CA a esta posibilidad.
La consejera de Salud y Bienestar Social, María Jesús Montero, ha
sido la encargada de defender en el Pleno de la Cámara andaluza este
Decreto Ley, al que ha definido como una iniciativa "necesaria y
oportuna" en un momento de crisis económica como el actual y en el que
el Gobierno andaluz es "extremadamente sensible con la realidad social
de la comunidad", donde casi un 37 por ciento de la población activa
está en desempleo y es necesario generar puestos de trabajo como
"instrumento" de lucha contra la exclusión social.
"Se trata de una política progresista y de izquierdas, una política
que marca diferencias", ha señalado para advertir de que no se trata de
"una norma que pretenda ser la solución a todos los problemas" pero sí
una forma de "aliviar en la medida de lo posible las circunstancias" por
las que están atravesando un amplio número de familias andaluzas.
Por ello Montero, quien ha criticado las políticas de "destrucción
de empleo" del Gobierno de la Nación como consecuencia de su defensa
del cumplimiento del objetivo del déficit, ha pedido a quienes "tengan
la tentación de culpar a Andalucía" del número de personas que están en
riesgo de exclusión social (que entre la población infantil de Andalucía
asciende un 19,5%) "que se abstengan" de estos comentarios porque se
trata de una situación por la que "no sólo pasa Andalucía", ya que en
Irlanda, por ejemplo, el riesgo de pobreza infantil es del 19 por ciento
o, en Portugal, del 22,3.
En ese sentido, ha recordado que medidas similares a las que
contiene este Decreto Ley, por ejemplo, en el área de la solidaridad
alimentaria --donde se garantizan tres comidas diarias a escolares y a
personas mayores-- "ya se han puesto en marcha" en países como Suecia,
Finlandia o Reino Unido.
No opina igual el PP-A, que en el debate para esta convalidación
ha reprochado al Gobierno andaluz que esté siempre intentando "culpar a
los demás" de sus problemas y, concretamente, al Gobierno de Mariano
Rajoy. Según ha expuesto la diputada Rosario Soto, quien ha admitido que
su grupo coincide con "el diagnóstico" que realiza el Gobierno andaluz
de la situación actual pero no con las soluciones propuestas, ha
advertido de que quien "recorta" en políticas sociales y de atención a
las personas más vulnerables es la propia Junta de Andalucía, "que lleva
un recorte acumulado en los años más duros de la crisis de 499,9
millones de euros".
"Y ustedes, en una actitud de claro cinismo y de una defensa
cobarde de la autonomía, vuelven a culpar al Gobierno de los recortes",
ha rechazado tras recordar que también en los Presupuestos de la
Comunidad para 2013 se han hecho recortes en programas como los de
familia, menores, zonas de transformación social o de atención a la
Dependencia. Es por eso, según ha añadido, por lo que la cantidad
adicional dedicada a este decreto, que la Junta cifra en 120 millones y
el PP-A reduce a "solo 72", no es "adicional, sino que provienen de los
recortes" realizados en las referidas partidas, entre otras.
Por todo ello, y tras considerar que se trata de una medida
puramente "populista" y en busca de "rédito electoral", ha pedido a
PSOE-A e IULV-CA que aprueben "de una vez la Renta Básica", que aumenten
el Salario de Solidaridad Social "para que sean las familias las que
distribuyan sus ingresos" como le convengan y que permitan la
tramitación del decreto como proyecto de ley para que, en su debate
parlamentario, puedan tener "voz" tanto los colectivos sociales que se
han mostrado en contra del decreto como su partido, algo que ha sido
rechazado con los votos de los partidos de izquierda y que ha provocado
cierto barullo en la Cámara.
Por su parte, el diputado por IULV-CA Manuel Baena Cobos, que ha
coincidido con la consejera en que son las medidas del Gobierno las que
están provocando una situación de "pobreza sobrevenida" a una gran
mayoría de la clase media del país, ha señalado como una de las causas
de esta situación las dos últimas reformas laborales, que "han tenido
como efecto inmediato la disminución de la masa salarial" de los
españoles, "que están un 17 por ciento" más abajo del salario medio
europeo.
Frente a ello, ha valorado "los esfuerzos" del Gobierno andaluz
para paliar los "recortes" del Ejecutivo de la Nación y para que tengan
la "afección mínima" en las prestaciones sociales, sanitarias y
educativas de la comunidad. Aún así, Baena Cobos ha admitido que este
decreto ley es "insuficiente para las cuestiones que se presentan" y
que, por tanto, es "urgente que se empiecen a regular como derechos"
ciertos aspectos recogidos en este texto.
"Deberíamos empezar a plantear ya la Ley de Inclusión
Social. Entendemos que son derechos a garantizar y deben de venir en el
interior de esta Ley para que se determine, por ejemplo, cuál será la
Renta Básica aun poniendo que dependerá de la disponibilidad
presupuestaria", ha reclamado. También ha pedido que se disminuyan los
"gastos improductivos o administrativos" y "se repartan las horas de
trabajo" porque, en su opinión, "sin eso, no habrá empleo para todos".
La diputada socialista Soledad Pérez, que ha comenzado su
intervención ante el Pleno del Parlamento mostrando el su "rechazo,
repulsa y consternación" ante el último asesinato por violencia de
género acaecido este mismo miércoles en Córdoba, ha valorado "la
transparencia y el análisis serio y riguroso" realizado por el Gobierno
andaluz en la redacción de este Decreto Ley y ha acusado a la ideología
"neoliberal" de ser la causante de la crisis y de las "desigualdades"
cada vez mayores entre los ciudadanos del país.
"Los motivos, causas y orígenes de la pobreza y la exclusión
social no son sólo fruto del desempleo y de que se estén quitando los
colchones sociales y asistenciales mermando leyes y derechos, que
también, pero la exclusión social, además de rostro, también tiene
ideología", ha argumentado.
Además, Pérez ha criticado que el PP-A haya utilizado esta
normativa para "llenar ríos de tinta en ruedas de prensa" criticándolo y
"levantando sospechas" sobre alguna de las medidas del Decreto Ley como
la relativa a la contratación, a través de los Ayuntamientos, de
personas en situación de vulnerabilidad. "La ciudadanía no se merece que
ningún alcalde del PP-A se haya posicionado todavía totalmente a favor
de este decreto ley y que sólo se haya dedicado a manchar con sospechas
de falta de financiación" esta iniciativa, ha lamentado tras advertir de
que ese extremo "no es cierto".
Este Decreto Ley, que según la Junta destinará unos recursos
adicionales de más de 120 millones, contempla tres grandes iniciativas:
el Plan Extraordinario de Acción Social de Andalucía, con una dotación
de 60 millones; el Plan de Solidaridad y Garantía Alimentaria 2013, con
16 millones, y las modificaciones normativas para agilizar
procedimientos relativos al Ingreso Mínimo de Solidaridad y al Programa
de Solidaridad para la Erradicación de la Marginación y la Desigualdad
en Andalucía, que supondrán unas inversiones adicionales de 44 millones
de euros.
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