ALMERÍA.- El Juzgado de Instrucción nº 6 de Almería
ha dado traslado a la Fiscalía y a la Junta de Andalucía para que
formulen escrito de acusación o pidan el sobreseimiento del proceso con
tribunal de jurado contra el exjefe provincial de la unidad de la
Policía Nacional adscrita a la Junta de Andalucía y el exjefe de
negociado, a quienes se les imputan delitos de malversación de caudales
públicos y continuado de falsedad en documento público.
El instructor de la causa, en la que no se han dictado medidas
cautelares, ha dado a todas las partes personadas en el procedimiento,
incluida la defensa, plazo para que presenten sus escritos de
calificación provisional de los hechos y proceder, en consecuencia, a
dictar auto de apertura de juicio oral, según han indicado fuentes judiciales.
El acta de comparecencia
recoge que la Fiscalía considera que, entre los años 2007 y 2009,
Francisco J.R.B., quien ostentaba el cargo de jefe provincial de la
Policía Autonómica, junto a José I.R.G., jefe de negociado, "dispusieron
en su propio beneficio del dinero asignado al presupuesto de la unidad
en cantidad superior a 4.000 euros".
El Ministerio Público indica que habrían acudido a "restaurantes" y
habrían justificado el "importe de los tickets a través de memorias
justificativas" en las que se hacía constar, por un lado, que "eran
comidas de trabajo" cuando "no era así" y, por otro, se indicaba la
"asistencia de cargos públicos que no acudieron a las mismas", según
subraya.
En esta línea, en un relato de presuntos hechos a los que se
adhirió el letrado de la Junta de Andalucía, el fiscal apunta a que
ambos, de acuerdo a los indicios recogidos en la instrucción,
"dispusieron de dinero público justificando los gastos con memorias por
unas obras en las dependencias policiales y unas reparaciones de
vehículos oficiales que no se llevaron a cabo".
Por su parte, la defensa se opone a la fundamentación fáctica y
jurídica del Ministerio Público y la acusación particular, y sostiene
que Francisco J.R.B. y José I.R.G. no habría cometido "ilícito penal
alguno". Al hilo de esto, señala que, tras las diligencias que se han
practicado, "no se ha demostrado" que tuvieran "control económico" sobre
las partidas de gastos o que "llegaran a tocar dinero físicamente o se
apropiaran de él".
No obstante, ambos imputados habrían reconocido el cargo de "algún
tipo de factura" por "razones de urgencia" a partidas destinadas a
otras actuaciones, si bien, según remarcan, "siempre justificadas por
necesidades del servicio".
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