ALMERÍA.- La responsable de la campaña de Costas de Greenpeace-España, Pilar Marcos, ha trasladado este jueves que la organización conservacionista no acudirá a ninguna reunión con el alcalde de Carboneras, Salvador Hernández (Gicar) ni con la empresa promotora del hotel de El Algarrobico mientras el planeamiento urbanístico del municipio clasifiquen el paraje como urbanizable.
"Greenpeace no se va reunir ni con el alcalde de Carboneras ni con la constructora hasta que en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) El Algarrobico sea no urbanizable", ha asegurado Marcos a través de su cuenta en Twitter después de que el Consistorio carbonero anunciase que había convocado a las partes implicadas en el conflicto a un encuentro "para acercar posturas".
Hernández, quien accedió a la Alcaldía tras las elecciones municipales de mayo, ha trasladado en un comunicado que espera que la "respuesta sea positiva" y que las partes acudan a un encuentro que se desarrollaría en la primera quincena del mes de enero. Los convocados por escrito son las organizaciones conservacionistas, la junta rectora del parque natural Cabo de Gata-Níjar, asociaciones y la promotora del establecimiento.
"El objetivo principal es que todas ellas se conozcan y se escuchen, además de intercambiar sus visiones y opiniones de un problema que lleva camino de enquistarse durante años, mientras transcurre la acción de la justicia, lo cual sería lo más perjudicial para todos los implicados", ha subrayado el primer edil.
La última resolución de los tribunales al respecto se produjo a principios de noviembre. Un juez de lo Contencioso-administrativo rechazó ordenar la ejecución provisional de la sentencia que declara nula de pleno derecho la licencia municipal de obras del hotel al considerar que la demolición de lo construido "llevaría consigo perjuicios ciertamente irreparables e irreversibles" para la promotora del establecimiento.
El auto denegaba la solicitud que en septiembre fue presentada por los colectivos conservacionistas Salvemos Mojácar y Ecologistas en Acción que, con su demanda, perseguían que el Ayuntamiento de Carboneras dictaminase a su vez la nulidad del acto administrativo en el que se aprobó la licencia de obras para, de este modo, eliminar cualquier "obstáculo legal" para acometer el derribo del inmueble de una veintena de plantas y 411 habitaciones.
Una semana después, el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, y la exministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM), Rosa Aguilar, suscribían un protocolo de colaboración para proceder a la demolición y a la posterior recuperación de la playa del paraje "una vez se produzca un pronunciamiento judicial favorable y firme". El protocolo fue publicado en BOE el pasado día 6.
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