Los diputados, reunidos en sesión plenaria en Estrasburgo, incluyeron en el Derecho Comunitario unas reglas adoptadas en noviembre de 2009 por la Comisión Internacional para la Conservación del Atún del Atlántico (ICCAT por sus siglas en inglés), que supuestamente eran obligatorias desde el pasado 1 de junio.
"El atún rojo tiene tal valor que los operadores no dudan en aventurarse lejos en el fraude", comentó el relator del texto, el ecologista español Raúl Romeva i Rueda. "Existe una sobreexplotación, debemos tomar medidas significativas".
Estas nuevas normas afectan al cómputo de los peces para facilitar el seguimiento de las cuotas.
El atún rojo, que experimentó una década de abundancia y de explotación desenfrenada, está sometido a una política estricta, con una temporada reducida a un mes (contra dos en 2009) y un número de cuotas a la baja.
Antes incluso de la fecha oficial de cierre (el 15 de junio), Bruselas llamó a puerto a los atuneros industriales franceses porque habían completado su cuota.
Francia, España e Italia (que observó una moratoria esta temporada) son los principales pescadores de la UE junto con Malta.
Las decisiones de la UE no afectan a los otros grandes pescadores del Mediterráneo que son Libia y Turquía.
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