ALMERÍA.- "Algunos han pedido mi dimisión y a ellos quiero decirles que no". Con esta contundencia rompió el alcalde de El Ejido, Juan Enciso, su silencio en la víspera de que se cumplan tres meses de su detención y posterior encarcelamiento como parte implicada en la trama de corrupción que desvalijó el municipio que lidera desde 1991. "Uno dimite con cargo demostrado", agregaba en una declaración desde la cárcel emitida por Ejido TV en la que, tras insistir en su inocencia, advertía: "Soy fuerte y tengo ganas de seguir luchando por mi pueblo", según recoge 'El País'.El rechazo de Enciso a renunciar a su acta de concejal es firme y ajeno a las distorsiones que ocasiona en el Consistorio de la segunda ciudad de Almería. En ella, sus secuaces, que tratan de manejar las riendas del Consistorio, se esfuerzan por negar las anomalías y deficiencias en la gestión que se derivan del órdago de su líder, sin parangón en España, de mantenerse como alcalde tras 86 días entre rejas.
"El trabajo avanza con normalidad puesto que no pesa ninguna imputación sobre el resto del equipo de gobierno. Tenemos mayoría suficiente para garantizar la gobernabilidad", afirma la portavoz, Adela Cantón, desde un Consistorio en el que la máxima "oír, ver y callar" dificulta las cosas hasta el extremo de quebrar la apariencia de normalidad que se trata de difundir.
Pese al silencio en el que han optado por instalarse los funcionarios del Ayuntamiento desde la operación Poniente, "tema tabú del que nadie se atreve a hablar", un trabajador, que prefiere no ser identificado, sostiene que el equipo de gobierno sigue noqueado. "Faltan las dos únicas personas que tenían capacidad de gestión", argumenta en alusión a Enciso y al interventor accidental, José Alemán. Apunta para reforzar su afirmación al hecho insólito de que El Ejido haya arrancado el 2010 sin tan siquiera manejar un borrador de sus presupuestos para el ejercicio.
Alemán, "que estaba por encima de cualquier edil", asumía cada año la tarea de elaborar las cuentas, explica otro funcionario, que aventura que este año El Ejido funcionará todavía varias semanas con el remanente de 2009, cuyos presupuestos se presentaron semanas antes de iniciarse ese año.
Además de advertir la inacción del equipo de gobierno, los trabajadores dan fe del ambiente enrarecido que envuelve un Consistorio en el que, afirman, la tónica sigue siendo el "aislamiento" de aquellos que no son incondicionales de Enciso. "Hay mucho silencio, recelo y desconfianza. Miedo a hablar con quien no debes", relatan los trabajadores, entre quienes campa la inquietud ante posibles dificultades para el cobro de sus nóminas a partir de abril.
La situación viciada que se vive entre las cuatro paredes del Consistorio se torna en absoluto caos de puertas para fuera. Los dos días sin servicios de mantenimiento y limpieza que esta semana ha vivido la ciudad son la punta de un iceberg. "No hay dinero ni para bolsas de basura. Los trabajadores la depositan directamente en contenedores, lo que contraviene las ordenanzas", explican los representantes de los trabajadores de Elsur y sus subcontratas.
Transcurrida una semana del temporal que causó estragos en el municipio, los desperfectos persisten y los pocos sobre los que se ha actuado se han reparado con tierra a falta de hormigón. "El Ejido presta los servicios peor que en los años sesenta", espetan desde las firmas que se sitúan en el epicentro de la trama corrupta que el pasado 20 de octubre motivó el arresto del todavía alcalde, quien, a la luz de sus últimas declaraciones seguirá aferrado al cargo que desempeña desde hace 19 años.
La resistencia de los alcaldes a renunciar a su cargo cuando ingresan en prisión preventiva no es un fenómeno inaugurado por el primer edil de El Ejido, Juan Enciso. Antes que él se movieron con soltura por esta senda regidores como José Martínez Andreo, que sigue al frente del Ayuntamiento de Totana (Murcia) tras pasar un mes entre rejas, o el propio Jesús Gil que, pese a ser encarcelado dos veces durante su etapa como alcalde de Marbella (Málaga), se amarró a un cargo del que sólo se apartó cuando planeaba sobre él la condena firme por el caso Camisetas.
Y es que es, precisamente, una condena irrevocable la única causa para la que la legislación prevé la pérdida de la condición de concejal. "Privar de sus derechos a alguien que puede ser luego absuelto es un riesgo que, en general, no asumen los ordenamientos jurídicos modernos", explica Pedro Martínez Ruano, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Almería. "Se opta por una solución garantista", agrega sobre casos como el de Enciso, para el que aboga por "decisiones judiciales rápidas".
El jurista no descarta además que, dentro de la batería de medidas existentes para luchar contra la corrupción, se establezcan mecanismos por los que, dentro de la normativa legal, se pueda privar a un regidor de su acta de concejal. La opción, sin embargo, "no sería fácil de articular" al entrañar no pocos riesgos. El principal de ellos es que la gobernabilidad de los municipios acabara en manos de los jueces si una imputación implicara la pérdida de la condición de concejal.
(Juan Enciso con su esposa, detenida y puesta en libertad)
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