martes, 10 de noviembre de 2009

Ayuntamiento de El Ejido / Rafael Salazar

Está de moda hablar del Ayuntamiento de El Ejido. Lamentablemente de moda tras la actuación de la fiscalía anticorrupción que ha saltado a la luz pública y ha permitido la instrucción de causa penal frente a los presuntamente responsables de diversos delitos de cuello blanco perpetrados desde la presidencia de la corporación local y desde la dirección de la tristemente famosa empresa “Elsur”.

Uno recuerda cuando hace nueve años estuvo también de moda en los medios de difusión estatales la localidad del Poniente almeriense. También tristemente de moda. A nadie parece gustarle recordar sucesos de cariz claramente racista. Y menos que a ninguna persona, a quienes desde las responsabilidades desempeñadas en cerca de dos lustros, han sido incapaces de presentar actuaciones coherentes en materia de protección de derechos humanos, de prevención de la intolerancia y el racismo, o de integración social.

Es probable que El Ejido, como localidad, tenga necesidades que justifiquen unos presupuestos que contemplan gastos en inversión que la sitúan a la cabeza de todos los municipios andaluces. Pero si esa inversión acaba destinándose a sufragar las cuentas de empresas fantasma creadas ex profeso para recibir transferencias desde Elsur, tendremos que concluir que sus gastos en inversión son realmente gastos fantasmales.

Sin embargo el hecho de que sólo haya sido capaz, según el informe SL02/2008 de la Cámara de Cuentas de Andalucía, de realizar en la ejecución del presupuesto de 2.006 unos pagos equivalentes al 45 % de los comprometidos, habla de algo más concreto: la ineficiencia en la gestión.

Y de esta extraordinaria ineficiencia no hablan los medios del régimen. El Ejido ingresa mucho como corporación. Y hay que preguntar qué ofrece a cambio a los ciudadanos de la localidad, más allá del barato populismo gilista. 1.455,51 euros por habitante la sitúan en la cabeza de Andalucía, superada sólo por los ricos ayuntamientos de Benalmádena y Marbella, y por el extrañísimo caso de Almería, que gestiona también unos ingresos extraordinarios en relación a la capacidad económica de sus moradores.

Pero El Ejido presenta una ventaja diferencial con respecto a todos los demás ayuntamientos: sólo compromete para gastos de personal el 13% del presupuesto. Así se puede comprender que, en la estructura de su presupuesto de gasto, aparezca destinado a inversión el 44% de todo lo ingresado.

Si a esto unimos lo dicho arriba respecto al porcentaje de ejecución, y las cifras que han trascendido la investigación policial respecto al aprovechamiento por distracción, tenemos un negocio redondo para sus gestores. Parece ser una corporación destinada a recaudar para sí mima, huyendo de toda tentación de hacerlo para el pueblo.

Y eso es el PAL, con independencia de la situación procesal de su líder. Por ello causa tanta extrañeza la insistencia de los partidos poderosos en mantener la corporación como si no ocurriera nada. El Sr. Griñán mirando al cielo, algo a lo que por otra parte ya estaba habituado de su etapa de ministro; el Sr. Arenas haciendo como si él no fuere diputado por Almería, sin saber ni contestar, y hablando por boca de los suyos de mayoría holgada en la corporación.

Algo que encanta también a otro gilista que no ha parado de repetir, casi como autómata, que “legalmente” el PAL debe gobernar El Ejido: el Ilmo. Sr. Megino. La pregunta de qué pinta éste, la responde él mismo con su machaconería.

Porque el fondo del PAL, del GIL, del GIAL, y otras lindezas, es el mismo: la burla al artículo 6 de la Constitución Española. Este artículo, al situar a los partidos políticos como clave de bóveda del ordenamiento, les mandata y los define como organizaciones que sirven el interés general.

Y, en clave constitucional, no es legítimo considerar partidos a grupos que no tienen ningún ideario ni defienden ningún interés que no sea el de sus líderes.

El auténtico drama de la Provincia de Almería no son, por ello, formaciones destinadas al halago o a la riqueza de sus jefes y únicos inspiradores, sino partidos como el PP y el PSOE, absolutamente desconocedores de su función constitucional, que se permiten pactar con aquéllos, en diputaciones o en ayuntamientos, en lugar de cumplir con su responsabilidad y pactar entre partidos reales la gobernabilidad de las instituciones.

La insistencia de estos partidos mayoritarios en sostener la actual corporación ejidense es todo un síntoma de su propia descomposición. A principios de los 90 la democracia cristiana y los socialdemócratas italianos también pactaban con formaciones de diversa índole la gobernanza, después de que Moro, y la visión de estado, desaparecieran de la escena pública. Hoy ni unos ni otros pueden pactar nada en la República transalpina, tragados por el populismo que alumbraron.

Y esto que vemos en Almería, partidos olvidados de sus funciones constitucionales, y enfrascados en pequeñas e intrascendentes rencillas electorales, es el mejor caldo de cultivo para el mensaje “todos son iguales” en que crecen los populistas.

Esto, y las impresionantes faltas de inversión en materia de protección de derechos humanos, de prevención de la intolerancia y el racismo, o de integración social, de las que son responsables los gobiernos de los últimos lustros.

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