ALMERÍA.- El Juzgado de lo Penal nº 4 de Almería acoge este lunes la vista
oral contra el gerente de una empresa de gestión de residuos acusado de
la acumulación "incontrolada" de desechos plásticos y orgánicos
procedentes de invernaderos así como otras basuras de carácter
"peligroso" para el medio ambiente que se habrían acumulado durante al
menos nueve años en cinco parcelas de Roquetas de Mar que, en
conjunto, suman cerca de dos hectáreas de terreno.
La Fiscalía
pide para el empresario de 62 años de edad un total de tres años de
prisión por un delito agravado contra los recursos naturales y el medio
ambiente así como el pago de una multa de casi 3,6 millones de euros
conforme a las valoraciones económicas realizadas sobre el daño
provocado en el paraje de Las Palmerillas, donde se acumulaban los
residuos.
En su escrito, la
Fiscalía apunta el alto grado de contaminación registrado en la zona, al
menos, entre 2013 y septiembre de 2022; fecha en la que el Ayuntamiento
de Roquetas de Mar accedió como "medida provisional" al precinto de las
instalaciones mediante un expediente sancionador.
El
empresario, que participaba con un socio fallecido en 2019, efectuaba a
través de la mercantil destinada a la recogida, valorización, reciclaje,
recuperación, tratamiento e incineración de toda clase de residuos y
desechos, "tanto peligrosos como no peligrosos", si bien los terrenos
mostraban un "acopio incontrolado" de basuras, sobre todo plásticos
procedentes de invernaderos y restos de cosechas que estaban "en estado
de putrefacción".
Las parcelas, descritas como si de basureros
ilegales se trataran, también contenían en menor medida aunque en
cantidades importantes otros residuos procedentes de la construcción,
maderas de enseres domésticos, neumáticos, carrocerías de vehículos,
aceites industriales usados y aparatos eléctricos y electrónicos, todo
ello "sin cumplir las preceptivas prescripciones necesarias para impedir
la contaminación del suelo y de las aguas superficiales-subterráneas".
En este sentido, destaca la fiscal que el Seprona halló en su
investigación varias zanjas con "aguas residuales urbanas e
industriales" vertidas así como "lixiviados procedentes de residuos
agrícolas en estado de putrefacción" sin que estuviera garantizada la
recogida "eficaz" de los efluvios, puesto que el terreno estaba sin
impermeabilizar.
Los agentes del Seprona de la Comandancia de Almería pudieron
comprobar mediante su inspección en julio de 2021 el estado de al menos
tres parcelas de la empresa en la que encontraron una gran cantidad de
residuos, de modo que si bien muchos se correspondían a restos agrícolas
como plásticos de invernadero o tomates y melones "podridos", también
había neveras, neumáticos y restos de obras en pilas de hasta cuatro
metros de altura.
Solo en la primera parcela inspeccionada
hallaron residuos agrícolas a una altura máxima de tres metros en una
superficie total de 4.700 metros cuadrados.
Asimismo, comprobaron que
había dos puntos de vertidos "incontrolados" donde se depositaban
residuos de la construcción, sobre 1.700 metros cuadrados y con hasta
cuatro metros de altura, así como "maderas mezcladas con enseres
domésticos, plásticos y neumáticos" que se repartían sobre 350 metros
cuadrados situados en otro punto.
En una segunda parcela sin
impermeabilizar y sin cumplir "las preceptivas condiciones de higiene y
de seguridad", se hallaron plásticos agrícolas que ocupaban una
superficie de 2.000 metros cuadrados hasta alcanzar los tres metros de
altura.
En este espacio se localizó, además, un depósito de
residuos no peligrosos procedentes de la limpieza viaria del
Ayuntamiento de Roquetas de Mar, los cuales ocupaban una
superficie de terreno de 800 metros cuadrados con una altura en cota
máxima de tres metros, así como 300 metros cuadrados con restos de
tomates y melones "en estado de putrefacción".
Estos restos vertían una
"gran cantidad de lixiviados" a un cauce de dominio público hidráulico.
La tercera parcela, donde los residuos también entraban en contacto
directo con el suelo, se encontraron residuos de construcción mezclados
con residuos domésticos --basuras domiciliarias-- y algunos aparatos
eléctricos y electrónicos, "ocupando una superficie de 7.713 metros
cuadrados y con una altura en cota máxima de 3,5 metros".
En
dicho lugar y a 20 metros del cauce de la Rambla El Pastor, además, se
advirtió la ejecución de obras de apertura sobre el terreno, en una zona
de 12,5 metros cuadrados, con una profundidad aproximadamente de un
metro, donde "se habían vertido lo que parecían ser aguas residuales
procedentes del saneamiento de viviendas y o instalaciones
industriales", según apunta el escrito.
Los agentes del
Seprona cursaron una segunda visita a los terrenos un año después, en
julio de 2022, donde tomaron muestras de las aguas residuales vertidas
en la zanja abierta en la última parcela así como de lixiviados de
residuos domésticos y agrícolas, que fueron remitidas al Instituto
Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.
El informe
pericial determinaba, según la Fiscalía, que con base en su "potencial
tóxico" y la "disposición en balsas o zanjas en el suelo", dichos
líquidos podían "dañar sustancialmente las características del suelo"
así como las aguas subterráneas "dependiendo de la cantidad depositada y
de su continuidad".
La empresa, para la que se solicita una multa de 50 euros diarios
durante tres años y una inactividad por el mismo periodo, no habría
podido tampoco acreditar documentalmente "el origen y destino final de
los residuos que gestionaba", toda vez que no consta tan siquiera la
existencia de solicitud de autorización ambiental integrada (AAI) para
llevar a cabo el tratamiento de los residuos, así como de licencia
municipal.
En esta línea, la Fiscalía apunta que la mercantil
habría funcionado durante todo ese tiempo "de forma clandestina", de
modo que con su actividad habría infligido además hasta cuatro leyes
andaluzas relativas al medio ambiente, entre ellas, la de economía
circular, la de prevención y control integrados de la contaminación y la
de protección ambiental de Andalucía.
El informe pericial
realizado por la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente de la
Guardia Civil en junio de 2024 constató que el constante vertido de
residuos pudo causar "daños sustanciales en la calidad del aire y las
aguas" así como sobre los ecosistemas cercanos a esta zona, de modo que
los perjuicios al medio ambiente habrían tenido un impacto económico de
unos 3.597.457,35 euros.
Además de los tres años de prisión,
la Fiscalía también solicita para el acusado el abono de una multa de 20
meses a razón de 12 euros diarios y su inhabilitación durante tres años
para estar al frente de cualquier empresa o entidad dedicada a la
gestión de residuos.
Tanto este como la empresa deberán
responder económicamente no solo a la cantidad en la que se han tasado
los daños sino también a los costes que suponga para la Junta de
Andalucía y el Ayuntamiento de Roquetas de Mar la recuperación del
terreno mediante un plan de restauración y la retirada de los residuos
de la zona.
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