ALMERÍA/MOJÁCAR.- El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Almería ha
obligado al Ayuntamiento de Mojácar a pagar 795.026 euros como
compensación por la expropiación forzosa de una parcela de 2.204 metros
cuadrados, calificada como sistema general de espacios libres en el
Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) del municipio.
La sentencia estima parcialmente la
demanda interpuesta por cinco miembros de la familia propietaria de la
finca situada en el paraje de Cueva Morales.
La expropiación
se dio por iniciada por ministerio de la ley en aplicación del artículo
140 de la LOUA, después de que los afectados solicitaran en 2017 que se
actuara sobre un suelo que, pese a estar previsto como dotacional desde
2009, no había sido adquirido por el Consistorio.
El
justiprecio fue fijado por la Comisión Provincial de Valoraciones en
marzo de 2024 y alcanzó los 795.026 euros, sin que el Ayuntamiento haya
cumplido su obligación de pagar en el plazo legal de seis meses.
La
jueza concluye que ha existido inactividad administrativa y que no
consta que se hayan iniciado trámites presupuestarios para cumplir con
el pago, pese a los requerimientos presentados en junio y diciembre de
2024.
El Ayuntamiento alegó que no dispone de consignación
presupuestaria suficiente para hacer frente al pago y que realizaba
gestiones internas, pero la resolución judicial descarta este argumento
al no haberse aportado ninguna prueba documental que lo respalde.
Además, recuerda que la falta de crédito no exime del cumplimiento de
una obligación legal.
El fallo ordena al Ayuntamiento a
ejecutar en sus "propios términos" el acuerdo de valoración, abonar la
cantidad establecida como justiprecio, así como los intereses legales
desde el 13 de septiembre de 2024 y los intereses de demora desde el 5
de abril de 2023, fecha en la que se presentó la hoja de aprecio.
Acusaciones
El Ayuntamiento de Mojácar ha atribuido a una "grave
negligencia urbanística del PSOE en 1987" la reciente sentencia del
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Almería que le
obliga a abonar 795.026 euros como compensación por la expropiación
forzosa de una parcela de 2.204 metros cuadrados, calificada como
sistema general de espacios libres en el Plan General de Ordenación
Urbanística (PGOU) del municipio.
Según ha indicado el
Consistorio en un comunicado, la situación se remonta a las Normas
Subsidiarias aprobadas hace 38 años, bajo un gobierno socialista, que
calificaron la parcela como "espacio libre", lo que, según han afirmado,
exigía su "expropiación inmediata" y la indemnización a los
propietarios, "algo que no se cumplió".
El actual alcalde del
municipio, Francisco García, ha manifestado que "en el momento en el que
se hacen las normas subsidiarias en el año 87 ese suelo se declara como
espacio libre, que es donde se instalan las antenas de telefonía. En
ese momento se le tenía que haber indemnizado a los propietarios del
terreno con el precio que se estipulaba entonces, expropiándolo
debidamente".
El Ayuntamiento ha recordado que durante casi
cuatro décadas la situación quedó sin resolver y que no fue hasta 2017
cuando los titulares del terreno, situado en el paraje de Cueva Morales,
iniciaron un procedimiento judicial "reclamando la expropiación
forzosa".
El procedimiento derivó en la declaración de la
expropiación por ministerio de la ley, conforme al artículo 140 de la
LOUA, y en la fijación del justiprecio por parte de la Comisión
Provincial de Valoraciones en marzo de 2024.
La cantidad
establecida ascendió a 795.026 euros, aunque el Ayuntamiento no cumplió
el plazo legal de seis meses para abonar la suma. La jueza apreció
inactividad administrativa y destacó que no constaba tramitación
presupuestaria alguna pese a los requerimientos de junio y diciembre de
2024.
La resolución, que estima parcialmente la demanda de cinco miembros
de la familia propietaria, ordena al Consistorio ejecutar el acuerdo de
valoración, abonar el justiprecio fijado y asumir los intereses legales
desde el 13 de septiembre de 2024, así como los de demora desde el 5 de
abril de 2023, fecha de presentación de la hoja de aprecio.
El
alcalde ha defendido que el Ayuntamiento ha actuado "con
responsabilidad y rigor jurídico", recurriendo todas las decisiones,
valoraciones y tasaciones con el objetivo de "minimizar el impacto
económico para los ciudadanos".
"Con todos los años que habían
pasado, el dineral y el sobrecoste que tenía que pagar el Ayuntamiento
era enorme, así que se tenía que pelear y luchar para que se pagara lo
menos posible o que no se pagara nada. Y eso hemos hecho: pelear la
sentencia hasta el último momento", ha afirmado.
"Desgraciadamente, por culpa de una mala gestión urbanística del PSOE
del año 87, ahora --más de 38 años después-- nos vemos obligados a pagar
porque así lo ha determinado un juez", ha manifestado García, quien ha
añadido que "desde el primer momento se ha trabajado para defender el
patrimonio municipal, logrando reducir al máximo el impacto económico de
una situación heredada y ajena a este equipo de gobierno".
Desde el Ayuntamiento han remarcado que este tipo de situaciones
"heredadas de gestiones pasadas, sin previsión ni responsabilidad, no
tienen cabida en la actual forma de gobernar".
En este
sentido, han reiterado su compromiso con una planificación urbanística
"rigurosa, transparente y que respete los derechos tanto de los
propietarios como de la administración pública".
El
Consistorio ha lamentado que "decisiones erróneas del pasado sigan
comprometiendo los recursos públicos del presente", si bien ha asegurado
que seguirá actuando "con firmeza y transparencia para que nunca más
Mojácar tenga que pagar los errores de otros".
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