ALMERÍA.- La Junta de Andalucía se ha personado este jueves en el procedimiento
expropiatorio iniciado por el Ministerio para la Transición Ecológica y
el Reto Demográfico en relación con el hotel de El Algarrobico, en
Carboneras, "tras más de cinco meses sin recibir información
alguna por parte del Gobierno de España".
Esta nueva
actuación se suma a las tres vías ya abiertas por el Gobierno andaluz:
la personación en el procedimiento judicial, en la modificación del
planeamiento urbanístico y en la revisión de oficio de la licencia
urbanística, con el objetivo de restituir la legalidad urbanística y
ambiental vulneradas en este enclave del Parque Natural de Cabo de
Gata-Níjar.
La personación tiene como fin "ejercer un papel
activo en este procedimiento promovido por el Gobierno de España, al que
la Junta no ha tenido acceso pese a haberlo solicitado de forma
reiterada", según ha indicado la Junta en un comunicado.
En la
última comisión mixta de seguimiento mantenida entre ambas
administraciones, la Junta recuerda que se acordó que "el Ministerio
facilitaría a la comunidad autónoma la documentación relativa a la
expropiación".
Ante la falta de respuesta, y con el tiempo comprometido
ya vencido, el Ejecutivo andaluz ha dado el paso de incorporarse
formalmente a este expediente "para tener conocimiento de los actos
previstos y poder valorar su alcance".
Desde la Junta de
Andalucía han subrayado que esta decisión "no persigue entorpecer el
proceso, sino todo lo contrario: reforzar el compromiso de las
administraciones implicadas con la demolición del edificio ilegal y la
restauración ecológica de una de las zonas más valiosas de la costa
andaluza".
En este sentido, han recordado que el pasado 10 de febrero, la
vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero,
"aseguró públicamente que el hotel sería derribado en un plazo de cinco
meses".
"Hoy, transcurrido el tiempo anunciado, el procedimiento
continúa sin avances palpables y sin que la Junta haya recibido ningún
tipo de información por parte del Estado", han matizado.
El
hotel de Azata del Sol, levantado en primera línea de playa en un suelo
no urbanizable, "tal y como ha ratificado el Tribunal Supremo (TS) en
diferentes sentencias, se ha convertido desde hace años en un símbolo
del urbanismo irregular".
Parte de la edificación se encuentra
en terrenos incluidos dentro de la zona de servidumbre de protección
del dominio público marítimo-terrestre, "lo que refuerza aún más la
necesidad de recuperar el espacio para los valores naturales que lo
caracterizan".
Desde la Administración autonómica han
insistido en que "resulta necesario que el Ayuntamiento de Carboneras
culmine la revisión de oficio de la licencia en cuanto que se trata de
una vía jurídica sólida y eficaz avalada por sentencias firmes del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y ratificadas por el
TS".
En este sentido, la Junta lamenta la "demora" por parte
del Ayuntamiento de Carboneras en ejecutar la sentencia que le obliga a
iniciar la revisión de oficio, "proceso que se ha dilatado tres años".
"En cuanto el Consistorio cumplió con esta obligación tras la
insistencia continua de la Junta de Andalucía, la Administración
autonómica se personó en el expediente en el plazo de una semana para
defender los intereses generales de Andalucía", han apuntado.
Además, el Gobierno andaluz ha subrayado que "en los últimos años ha
intensificado su implicación en la resolución del conflicto".
A
diferencia de etapas anteriores, la Junta "ha participado activamente en
los procedimientos judiciales clave durante los años 2023 y 2024", que
han culminado en sentencias firmes que obligan a modificar el
planeamiento municipal para adaptarlo a la clasificación del suelo como
no urbanizable de especial protección.
También ha previsto en
los Presupuestos para 2025 una partida específica de un millón de euros
destinada al desescombro y la renaturalización del entorno.
"El
compromiso de Andalucía con la legalidad urbanística y la protección de
su patrimonio natural es claro. El hotel no puede permanecer en pie en
un espacio protegido", han señalado desde la Junta.
"Las
decisiones deben ser responsables, jurídicas y sostenibles, evitando
promesas sin recorrido o soluciones improvisadas que retrasen aún más el
proceso", han remachado.
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