ALMERÍA.- La acusación popular del denominado 'caso mascarillas' ha solicitado al Juzgado de Instrucción nº 1 de Almería la impugnación de los recursos presentados tanto por la defensa de Óscar Liria —ex vicepresidente de la Diputación Provincial— como por la representación letrada de la propia institución provincial.
Esta última, pese a estar personada formalmente como supuesta acusación, también ha solicitado la nulidad de la resolución judicial que acordó la ampliación del plazo de instrucción.
En la misma línea, la acusación popular ha solicitado la ratificación de dicha prórroga, en coincidencia con la postura sostenida por la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada.
En los dos escritos de oposición registrados en los últimos días, la acusación popular, bajo la dirección del abogado Javier Salvador, responde a una nueva ofensiva jurídica de las defensas y de la Diputación, la cual, de ser estimada, impediría la práctica de nuevas diligencias de investigación.
Según argumenta la acusación, es precisamente en este momento, tras conocerse los resultados de los informes elaborados por la Unidad Central Operativa (UCO), cuando resulta más oportuno y necesario impulsar la investigación, incorporando las aportaciones que puedan realizar todas y cada una de las partes personadas.
En opinión de la acusación popular, ha llegado el momento procesal de esclarecer en qué medida intervinieron las más de diez personas adscritas al entorno del presidente de la Diputación y sus vicepresidentes, entre ellos asesores y personal eventual de confianza.
Se subraya también la importancia de recabar la declaración del propio presidente en sede judicial, así como de determinar a qué se referían los vicepresidentes investigados cuando aludían a que “la comunidad” —en clara referencia a la Junta de Andalucía— ya había solicitado mascarillas a la misma organización implicada.
Respecto a los argumentos jurídicos esgrimidos para solicitar la nulidad de la prórroga de la instrucción, tanto la Fiscalía como la acusación popular recuerdan que los plazos legales deben computarse desde la finalización del periodo de instrucción vigente, y que, en consecuencia, no existe causa alguna que justifique una posible indefensión ni dilaciones indebidas.
Además, la acusación incide en que la garantía de que la instrucción se sustancie dentro de un plazo razonable no puede interpretarse, en ningún caso, como fundamento para despojar de sus derechos a la víctima —que en este caso es la propia Diputación Provincial de Almería— en beneficio de los presuntos responsables de los delitos investigados.
En ese sentido, recuerda que los investigados podrán acogerse, en su caso, a la atenuante por dilaciones indebidas prevista en el artículo 21.6 del Código Penal, sin que ello deba comprometer el avance ni la profundidad de la investigación penal.
Finalmente, la acusación popular sostiene que es el momento de dirigir el foco hacia el entorno político y de libre designación de la institución, y no hacia el cuerpo de funcionarios. Subraya que los verdaderos indicios de la existencia de una presunta organización criminal —en sentido técnico— se encontrarían en dicho núcleo político, y no entre los empleados públicos que accedieron a sus puestos mediante oposición.
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