MELILLA.- El principal partido de la oposición en Melilla, Coalición por Melilla
(CpM), ha exigido este lunes la creación inmediata de una comisión de
investigación en la Asamblea, tras la sentencia del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla (TSJA) que confirma la anulación
de la plaza de la primera mujer que logró aprobar las oposiciones al
cuerpo de Bomberos en 2017, al considerar probado un supuesto "trato de
favor" durante el proceso selectivo.
A través de su diputado
Emilio Guerra, CpM considera que esta resolución judicial da la razón a
las múltiples denuncias que desde 2018 ha venido realizando, tanto en
sede parlamentaria como en comparecencias públicas, "sobre
irregularidades graves y falta de transparencia en unas oposiciones ya
desde su convocatoria rodeadas de controversia".
Emilio Guerra
ha manifestado que "la justicia ha hablado y ha confirmado lo que
llevamos años denunciando: un sistema opaco, con criterios arbitrarios,
puntuaciones dudosas e informes sesgados. La Administración pública no
puede convertirse en un instrumento de reparto de favores políticos".
La sentencia del TSJA ratifica el fallo anterior del Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo número 1 de Melilla, que declaró nula la
prueba psicotécnica (prueba C) del proceso para cubrir diez plazas de
bombero-conductor, convocadas en el Boletín Oficial de Melilla (BOME) el
25 de agosto de 2017.
El tribunal andaluz ha ordenado la
retroacción del procedimiento para los cinco opositores demandantes y la
funcionaria nombrada tras la prueba anulada, quien ahora deberá ser
considerada "no apta".
Además, exige que la repetición de la prueba se
realice con un nuevo Tribunal de Selección, sin participación de los
anteriores miembros ni de los asesores psicológicos vinculados a la
entidad privada que ejecutó el examen en 2017.
También se
establece la obligatoriedad de publicar previamente el perfil
profesional requerido y los criterios de baremación y corrección, para
garantizar la objetividad y legalidad del proceso.
El diputado
de CPM ha recordado que esta es la quinta vez que solicita formalmente
una comisión de investigación, lo que, a su juicio, pone en evidencia la
"resistencia del Gobierno de Imbroda a rendir cuentas y garantizar la
transparencia".
Emilio Guerra ha exigido que esta sentencia
"no se despache como un simple trámite judicial", ya que -según
denuncia- forma parte de una cadena de presuntas irregularidades en
diferentes procesos selectivos de la ciudad. Por ello, ha propuesto la
implantación de nuevos protocolos de control, entre ellos la presencia
de observadores externos en futuras oposiciones.
"Este caso
hiere la credibilidad del sistema público de acceso al empleo y la
dignidad de quienes sí han accedido por méritos propios. Ahora
corresponde al Gobierno local dar explicaciones públicas, asumir
responsabilidades y garantizar que este tipo de situaciones no vuelvan a
repetirse", han zanjado.
CpM ha concluido que la sentencia
del TSJA confirma judicialmente que "se vulneró el principio de igualdad
de trato en una convocatoria pública, lo que representa un hecho de
extrema gravedad para cualquier sistema democrático y meritocrático".
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