martes, 19 de marzo de 2019

A la venta miles de jamones polacos utilizando la marca de La Alpujarra

MADRID.- Comapa, una de las mayores empresas productoras de ibéricos en España, se enfrenta a denuncias en varias comunidades autónomas por parte de los productores de jamón de la comarca granadina de La Alpujarra. La compañía, que es proveedora de Carrefour, está vendiendo en los hipermercados jamón curado bajo la marca Sierra Alpujarra y con el nombre de Granada con carne traída de Polonia y que ha sido curada y envasada en otras provincias españolas, como Segovia, según aseguran a elEconomista.

A diferencia del jamón de Trevélez, los jamones de La Alpujarra no tienen una Indicación Geográfica Protegida, pero sí están reconocidos como Marca de Garantía y sometidos por lo tanto a un reglamento aprobado por la Junta de Andalucía. 
Pilar Álvarez, secretaria de la Asociación de Productores de La Alpujarra, explica que "aunque está permitido que la carne se traiga de fuera, y es prácticamente por lo tanto legal, se tiene que curar en La Alpujarra y eso es algo que Comapa no está haciendo, por lo que hemos presentado varias denuncias en Madrid, Valencia y Andalucía".
Los productores alertan, no obstante, que al utilizar el nombre de la comarca granadina se confunde al consumidor. "Al usar el término Sierra Alpujarra dan a entender que el producto es de esta zona, cuando en realidad no tiene nada que ver", asegura la representante de los productores. 
Comapa está importando la carne de Polonia, uno de los países que más ha sufrido la peste porcina en Europa, con el objetivo de poder distribuir producto a muy bajo coste. En ningún momento sin embargo se oculta y figura, en este sentido, el código PL, correspondiente a Polonia. Los jamones se están vendiendo en Carrefour desde hace tiempo a tan solo 30 euros la unidad con una oferta promocional de dos por únicamente 50 euros.
Localizados junto a Sierra Nevada, la localidad de Trevélez, a casi 1.500 metros de altura, y la sierra de la Alpujarra en su conjunto, cuentan con unas condiciones ambientales inmejorables para acometer los procesos de salida y secado de los jamones, con lo que han conseguido un gran prestigio en el mercado. 
Ante todo ello, los productores de la comarca muestran su preocupación por el uso de la marca que está realizando Comapa, con procesos industriales muy intensivos y sin ninguna vinculación en teoría con la zona, que puede acabar por perjudicar su imagen. 
Fuentes de la empresa insisten, sin embargo, en que "importar la carne para la elaboración de jamones es una práctica habitual y muchas otras empresas también lo hacen".
Los principales accionistas de Comapa son la cárnica catalana Vall Companys y el empresario Blai Parés, que ejerce la presidencia. La firma es una de las empresas investigadas en los juzgados por la supuesta venta de producto no apto para el consumo humano. 
Gracias a la venta de jamones y embutidos a muy bajo precio, Comapa ha creado un gigante cárnico. A la espera de que se conozcan los datos del año pasado, la empresa duplicó tanto su volumen de ingresos como de beneficio en 2017 respecto a tan solo dos años antes. Así, pasó de ingresar 250,3 millones de euros en 2015 a un total de 451,7 millones. Y en la misma línea también, en ese mismo periodo, el beneficio después de impuestos de 15 a 29,7 millones.
El año pasado la la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aecosan) lanzó ya una alerta tras detectar un posible fraude en otra de las marcas de la compañía, Oro de la Ermita, por falta de trazabilidad y ante la posibilidad de que se hubiera estado comercializando producto en mal estado. En aquel momento la empresa lo negó todo asegurando que su marca se había falsificado,pero Carrefour procedió a la retirada inmediata de todos los jamones.
Tras esa alerta, que no tiene sin embargo nada que ver con lo que ocurre ahora con el jamón Sierra Alpujarra, la Guardia Civil destapó una una red de más de 30 empresas que habrían estado reetiquetando de forma fraudulenta productos ibéricos, lo que ha obligado ya a la retirada de más de mil toneladas por incumplir las mínimas condiciones sanitarias.
De hecho, el perito de la Junta de Extremadura ha certificado ante el Juzgado de Fregenal de la Sierra (Badajoz), uno de los que investiga el fraude, que la trama del jamón habría cometió un delito contra la salud pública. 
En su declaración ante la jueza Francisca Valverde, el inspector sanitario Miguel Ángel Batalla explicó que "estaban manipulando y envasando jamón, lomos y embutidos en condiciones higiénicas lamentables, sin registro sanitario ni trazabilidad alguna. Había un riesgo evidente para salud".

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