Los dos ERE que implican a Chaves

SEVILLA.- El ex todopoderoso Manuel Chaves, presidente del Gobierno andaluz durante 19 años, ministro con Felipe González y Zapatero, presidente del PSOE durante 12 años, secretario general del PSOE andaluz a lo largo de 16 años, además de diputado y senador, subirá el lunes al estrado en la Audiencia de Sevilla para declarar por los ERE, uno de los mayores casos de corrupción del país, recuerda hoy El Mundo.

Después de más de tres meses de interrogatorios a 20 ex altos cargos de la Junta de Andalucía enjuiciados en los ERE, llega por fin el turno de Chaves. Sobre el ex presidente andaluz recae una acusación de la Fiscalía Anticorrupción por prevaricación. Pide para él una condena de 10 años de inhabilitación. En este juicio de la pieza principal de los ERE se juzga el «procedimiento específico» diseñado por el Gobierno andaluz para repartir sin control, de forma opaca y arbitraria más de 741 millones de euros en ayudas sociolaborales a trabajadores de empresas en crisis durante una década, entre los años 2001 y 2010.

Chaves está implicado directamente en dos ERE costeados con el conocido como 'fondo de reptiles', la partida presupuestaria 31L de la que dispuso el ex director general de Trabajo y Seguridad Social Javier Guerrero, el principal acusado en esta pieza principal, para garantizar la paz en una de las mayores operaciones orquestadas desde el poder para mantener una poderosa red clientelar. Los dos ERE que incriminan al ex presidente sentado en el banquillo son los de Bilore y la Faja Pirítica de Huelva.

Precisamente Guerrero, que fue director general durante nueve años con tres consejeros de Empleo distintos, involucró a Chaves cuando detalló que la «única directriz por escrito» que recibió para beneficiar a una u otra empresa con las ayudas de los ERE fue de la Consejería de Presidencia en 2004 para favorecer a Bilore. Fue en las declaraciones que prestó Guerrero en 2011 y 2012 ante la Policía, la Guardia Civil y la juez Mercedes Alaya. Sin embargo, en el juicio, dio marcha atrás y no las ratificó.

No obstante, el testimonio de Guerrero no es lo único que incrimina a Chaves, ya que hay también pruebas documentales. En las diligencias de los ERE consta la misiva entregada por los trabajadores de Bilore S.A., domiciliada en la localidad cordobesa de Lucena, a Chaves en la «visita realizada en el día de ayer a Osuna (Sevilla)», recoge el documento [ver las cartas reproducidas en esta página] fechado el 12 de febrero de 2004 con el membrete de Consejería de la Presidencia.
«En fecha próxima se visitará la ciudad de Lucena por lo que sería conveniente haber encauzado la problemática planteada, para evitar encontrarnos ante la situación de ayer», advierte el escrito enviado desde la Consejería de Presidencia a la de Empleo y Desarrollo Tecnológico, que gestionaba las ayudas de los ERE.
Los empleados de Bilore, que finalmente se vieron beneficiados por un ERE subvencionado por la Junta con 1,6 millones, le piden «a nuestro presidente Manolo Chaves que no abandone a estos trabajadores lucentinos y andaluces ante todo» e «interceda por nosotros» ya que, tras reunirse con Javier Guerrero el pasado 23 de diciembre de 2003, y comprometerse «con nosotros y nuestro alcalde a buscar una pronta solución», aún seguimos esperando», recoge la misiva [reproducida en esta página] que entregaron al ex presidente en su visita a la localidad sevillana de Osuna.

Aseguradoras

Finalmente, la ayuda prometida por el presidente de la Junta terminó articulándose mediante la concesión de ayudas para el pago de prejubilaciones a siete trabajadores. Las pólizas se formalizaron con las aseguradoras Apra Leven y Personal Life y conllevaron pagos para la Administración andaluza por importe de 1.603.557,37 euros.
El ERE de la Faja Pirítica también incrimina a Chaves. Un atestado de la Guardia Civil constata que el ex presidente andaluz conoce el fraude desde al menos 2004, cuando un grupo de mineros de Huelva denunció ante él por escrito que su Gobierno estaba pagando prejubilaciones a personas que no cumplían los requisitos para ello porque «no habían visto la mina ni por dentro ni por fuera». 

En vez de abrir una investigación, la Junta encubrió el escándalo prejubilando, también de forma fraudulenta, a los propios denunciantes.

El Mundo destapó el asunto en noviembre de 2011, cuando obtuvo una documentación que demostraba que un grupo de mineros informó a Chaves de la existencia de intrusos en los ERE. Los mineros enviaron un fax a Chaves el 30 de diciembre de 2003 en el que, entre un largo número de irregularidades, le informaban de que había «compañeros que no han sido ni mineros y que están prejubilados».
El presidente tramitó la queja ocho días después, el 7 de enero de 2004, pero no como un posible caso de fraude sino como una denuncia de «discriminación».

Dos prejubilados de Bilore declararán en el juicio

Dos prejubilados cordobeses que relacionaron a Manuel Chaves con la concesión de la ayuda de los ERE a la empresa Bilore, por valor de 1,6 millones, testificarán en el juicio en el que el ex presidente de la Junta de Andalucía y otros 21 ex altos cargos se sientan en el banquillo, acusados de prevaricación y malversación por la Fiscalía. 

Durante las cuestiones previas, la acusación popular que ejerce el Partido Popular solicitó las testificales de Juan Antonio P.O. y Rafael C. M., antiguos empleados de la planta industrial de Bilore en la localidad cordobesa de Lucena y dos de los siete beneficiarios de la póliza de prejubilaciones que la Administración andaluza sufragó a esta empresa. 

El tribunal de la Sección Primera aceptó que declaren estos ex trabajadores.