Sumamente descontenta la oposición, especialmente la de izquierda, con
la pintoresca comparecencia de Rajoy, vuelve al ataque. El PSOE mantiene
la posibilidad de la moción de censura. Pues le ha llegado el momento
de materializarla. Tiene que presentarla y forzar otro debate en sede
parlamentaria en el que vuelva a tratarse este asunto de la presunta
contabilidad B del PP porque es de extrema gravedad. También se pide una
comisión parlamentaria de investigación. Nadie duda de que no
prosperará a causa de la negativa de la mayoría absoluta del PP. La
vicepresidenta Sáenz de Santamaría ya ha dicho que no ha lugar por estar
en marcha una investigación de naturaleza judicial.
La cuestión es el objeto de esa investigación judicial, orientado a los
presuntos delitos de Bárcenas. Sin embargo, de los papeles del precito
se desprende razonablemente que puede haber otra materia de
investigación: la que pudiera darse con una denuncia por asociación ilícita.
Que hay indicios razonables que apuntan a este tipo delictivo en el PP
lo confirmó, curiosamente, la propia intervención del presidente del
gobierno en el debate sobre Bárcenas. Y lo confirmó con toda solemnidad
pues lo leyó en un papel, como hace siempre que habla en público. Dijo
Rajoy de modo completamente ingenuo, sin darle importancia, como lo más
normal del mundo, refiriéndose a la acusación de sobresueldos regulares,
reiterados, periódicos en el PP: ¿Se
han pagado sueldos? Sí. ¿Se han pagado remuneraciones complementarias
por razón del cargo? Sí. ¿Se han pagado anticipos o suplidos a
justificar por gastos inherentes al desempeño del cargo? También, como
en todas partes. Es de justicia. Se ha pagado por un trabajo, se ha
pagado en blanco y se ha incluido el pago en la contabilidad. No me
parece se haya reparado en la enorme importancia incriminatoria que
tiene esta declaración, reveladora de una mentalidad de quien se cree
por encima de la ley.
Es la máxima autoridad del gobierno y del partido la que reconoce en
sede parlamentaria unos cobros como prácticas regulares, dando a
entender que son lo más normal del mundo y que lo hacen todos. Lo
segundo es no solamente falso, sino insultante para los demás partidos
españoles, especialmente aquellos en los que los dirigentes, lejos de
cobrar sobresueldos, ceden al partido parte de su remuneración. Y
también es falso que sea "normal". ¿"Remuneraciones complementarias por
razón del cargo" o por "el desempeño del cargo"? Normal, ¿en dónde? ¿En
las empresas? Pero un partido político no es una empresa. Queda, además,
por averiguar en qué medida son esas retribuciones de tan divertidos
nombres (sobresueldos, en definitiva) compatibles con la Ley de
Incompatibilidades, que no lo son. Por supuesto, el debate es sobre la
naturaleza de los partidos. Pero algo está claro: se financian (en
teoría) con fondos públicos. Deben, pues, responder de ellos.
O sea, que ni normal ni en todas partes. Y si es o ha sido delito es
cosa que no puede ni debe zanjar el señor Rajoy. Su idea de que los
cobros son legales porque se han declarado a Hacienda (aun admitiendo
que alguno pueda no haberlo hecho, pues la carne es débil) es
sencillamente estrambótica. Hacienda recauda por lo que se declara y los
ingresos declarados tienen una presunción de legalidad. Pero no le
compete realizar otras averiguaciones salvo casar lo ingresado con lo
declarado. Sobre la legalidad o no de los ingresos (los sobresueldos)
decidirán los jueces. Como debe ser.
Porque, además, la cuestión presuntamente delictiva en la que el bueno
de Rajoy no cayó al hacer tan peligrosa confesión de parte no solo está
en la percepción de retribuciones atípicas, por decirlo suavemente, sino
en el origen de esas retribuciones. Según los papeles de
Bárcenas, los fondos con que se pagaban los sobresueldos o
"compensaciones" que todos cobraban tan convencidos de hacer lo que todo
hijo de vecino, provenían de donaciones ilegales de empresarios que, a
su vez, se manipulaban contablemente para burlar la ley y hacerlas
desaparecer, entre otros destinos, en los bolsillos de los dirigentes
del PP bajo los nombres de compensaciones. O para el Domund. Y
hay más. En algún sitio he leído que existen sospechas de la comisión de
delitos de blanqueo de dinero en relación con la compra de la sede del
PP en Bilbao.
En fin que hay razones suficientes para proceder en vía judicial con una
denuncia por asociación ilícita. Desde el punto de vista político, el
asunto de cómo pueda resultar que un partido político sea, en realidad,
una asociación ílícita, lo trató ayer Palinuro en su su entrada Ahora ya está todo claro.
Desde el punto de vista jurídico, doctores tiene el Derecho que lo
argumentarán y refutarán por los matices del concepto de "asociación".
Pero, se vea como se quiera, la verdad es que una asociación
presuntamente dedicada a recaudar fondos ilegales que destina después a
actividades también ilegales al financiar las elecciones vulnerando la
ley y al reparto de sueldos atípicos, que compensa aquellos mediante una
práctica generalizada de actividades administrativas (contratas,
concesiones, adjudicaciones) también fraudulentas, todo presuntamente,
claro y que, además, realiza estas prácticas de modo sistemático y
contumaz durante más de veinte años; una asociación así tiene toda la
pinta de ser una asociación ilícita. Aunque su objetivo público fuera
traer el cielo a la tierra.
En un Estado de derecho nadie está por encima de la ley. Ni los partidos políticos. Ni sus dirigentes, aunque sean el gobierno.
(*) Catedrático de Ciencia Política en la UNED
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