SEVILLA.-
El consejero de Turismo y Comercio, Rafael Rodríguez, se
ha mostrado "convencido" de que las administraciones públicas "van a
cumplir las leyes y sentencias judiciales" sobre la demolición del hotel
Azata del Sol, en el paraje natural del Algarrobico, en Carboneras.
El consejero quien ha recordado que este asunto no es de
su competencia sino del consejero de Agricultura, Pesca y Medio
Ambiente, ha indicado que el coste de demolición del hotel,
recientemente cifrado en un informe de la empresa Tragsa en 7,17
millones de euros, es consecuencia de un protocolo que se firmó entre
Gobierno central y Consejería de Medio Ambiente para valorar cuánto
supondría la demolición y la reordenación de todo el sector, así como
valorar como asumía los costes cada administración.
En ese sentido, Rodríguez se ha mostrado "convencido" de
que "todas las administraciones públicas van a cumplir las leyes y las
sentencias judiciales", tras lo que recuerda que en ese aspecto "las
sentencias son claras" al respecto de la demolición.
El consejero ha lamentado además los planteamientos de la
Ley de Costas, y considera que el Gobierno central "lleva a cabo unas
políticas contrarias a los intereses nacionales y de los intereses
productivos del país que generan riqueza, empleo o bienestar".
Así, tras reiterar que "la política económica que va
contra los sectores productivos de este país son políticas que van
contra los intereses nacionales", Rodríguez considera que en el caso de
la Ley de Costas "se dibuja un modelo de actuación en el litoral que es
el modelo de la especulación inmobiliaria y de los promotores
inmobiliarios especulativos; es el modelo de ocupar la franja litoral y
llenar de ladrillo, cemento y hormigón los espacios libres y que quedan
en el litoral, y ese modelo nos ha conducido a la ruina".
Por ello, considera que "incidir en el mismo modelo es un
ejemplo de que la derecha no escarmienta en sus modelos urbanísticos
pero además ese modelo va directamente en contra de los intereses del
sector empresarial turístico y de hosteleros, un sector que sabe que
para que el producto turístico andaluz sea competitivo y mantenga y
avance en su cuota de mercado debe ser un producto sostenible, de
calidad y de excelencia, y un producto de esas características es
incompatible con un litoral lleno de ladrillos y hormigón".
"El Gobierno central está legislando al servicio de
determinados promotores y operadores económicos y en contra de los
intereses de otros operadores económicos fundamentales, como operadores
turísticos y hoteleros", ha aseverado Rodríguez.
Considera que "del modelo iniciado en los años 90 hasta
2007 en el ámbito turístico han sobrevivido aquellos proyectos
empresariales turísticos pero aquellos proyectos empresariales
inmobiliarios que quisieron desembarcar en el mundo turístico como un
apéndice de sus negocios inmobiliarios, esos han ido a la ruina, porque
eran proyectos especulativos y no surgían del análisis producto y del
mercado turísticos".
Ha reiterado que a la Junta "nos interesan los productos y
proyectos turísticos y hosteleros y empresariales ligados al sector y
que apuestan por el sector y apuestan a medio y largo plazo, no a llenar
la caja fuerte en cinco años, porque esos últimos proyectos son
inviables y terminan en la ruina, como ha pasado con tantos proyectos".
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