SEVILLA.- La Junta de Andalucía trabaja en estos
momentos en la elaboración de una ley para la creación de un impuesto
que gravará los impactos negativos causados por las grandes superficies
comerciales minoristas en el medio ambiente, la ordenación del
territorio, infraestructuras públicas y el tejido económico de los
núcleos urbanos, según ha anunciado el consejero de Turismo y Comercio,
Rafael Rodríguez, durante su intervención en el Pleno del Parlamento
andaluz.
Rodríguez, que ha explicado que ésta es una de las medidas que
prepara el Ejecutivo andaluz para paliar los recortes y subidas de
impuestos desarrollados por el Gobierno central, ha precisado que este
impuesto ya existe en otras comunidades como Cataluña, Asturias, Aragón o
Canarias y tiene una "finalidad extrafiscal", de forma que la
recaudación "se destinará íntegramente a las pequeñas y medianas
empresas comerciales". Por tanto, el consejero ha afirmado que la
naturaleza de este instrumento impositivo "responde a criterios justos,
solidarios, progresivos y, además, no merma el consumo ni la demanda".
Durante su comparecencia en Pleno, Rafael Rodríguez ha
advertido de que la aplicación de las medidas recogidas en el Real
Decreto 20/2012, como la subida del IVA o la liberalización de
calendarios y horarios comerciales, "afectarán gravemente" al turismo y
el comercio, dos sectores que, según recordó, "son estratégicos para la
economía andaluza".
En este sentido, ha rechazado la "funesta" promulgación de la
citada norma, porque, a su juicio, "pide aún más esfuerzo a los ya
maltratados hogares y familias de este país, porque arroja un jarro de
agua fría sobre el sector económico que está amortiguando la crisis, el
turismo, y porque pone a caminar a pequeños y medianos comercios sobre
una frágil y delgada cuerda floja".
A su juicio, las medidas liberalizadoras en el sector de la
distribución comercial rompen el equilibrio entre trabajadores, grandes
empresas, pequeños empresarios y consumidores y "distorsionan la
convivencia" de formatos existentes a favor de las grandes superficies
en detrimento de las pymes.
En este sentido, ha recordado que el Real Decreto Ley impone
el incremento de las horas de apertura de 72 a 90 horas semanales, y el
aumento de aperturas autorizadas en domingos y festivos de entre un
máximo de 16 y un mínimo de 10 días, dos más de los consensuados
actualmente en Andalucía y recogidos en su Ley de Comercio Interior.
Además, ha subrayado que la modificación de la legislación
actual es "innecesaria" porque en la comunidad andaluza ya está
garantizada la libertad horaria para los locales de menos de 300 metros
cuadrados, las tiendas de conveniencia, los establecimientos de
estaciones y aeropuertos y los establecimientos de los 24 municipios
andaluces declarados zonas de gran afluencia turística.
"Si un comercio bajo el régimen de libertad horaria actual no
abre es porque no le es rentable, no porque la legislación vigente se lo
impida", ha puntualizado Rodríguez, quien ha asegurado que un mayor
número de horas de apertura no incrementa el consumo, sino que "traslada
las compras hacia modelos de grandes superficies", que pueden hacer
frente a más costes de contratación "flexibilizando y precarizando sus
plantillas sin necesidad de crear nuevos puestos de trabajo".
Además de suponer la ruptura del modelo de consenso y de los
perjuicios para las pymes comerciales de la comunidad, el consejero ha
afimrado que la implantación de la norma estatal "vulnera los principios
y fundamentos de nuestro marco competencial autonómico, ya que se lleva
a cabo desde el más claro conocimiento de inconstitucionalidad".
Por otra parte, Rafael Rodríguez ha expresado su rechazo a la
subida del IVA decretada por el Gobierno central porque "se traducirá en
un menor consumo, traerá menores ventas e ingresos y, como
consecuencia, aumentará el número de personas que perderán sus empleos".
Concretamente, se ha referido a la repercusión negativa del
aumento de tipos y del precio en los bienes y servicios turísticos, lo
que puede producir "un efecto disuasorio sobre el turista extranjero al
encontrarse con precios mayores sin que ello haya supuesto un incremento
en la calidad ofertada", agregó. A su juicio, "Andalucía no se puede
permitir este tipo de riesgos en su principal industria económica".
La diputada del PP-A María del Rosario Alarcón ha destacado
que "una vez más" se vuelve a hablar en el Parlamento de cómo nos
afectan las medidas del Gobierno central pero no las del Gobierno
andaluz, en una estrategia de "jugar al despiste". Según ha apuntado,
"nada tiene que ver" el decreto aprobado por el Gobierno de Rajoy con
decisiones adoptadas por el Gobierno andaluz como la supresión o
reprogramación de los 63 planes de iniciativas de turismo sostenible o
con el impago de las subvenciones de 2011 al turismo.
Alarcón ha recordado también que fue el expresidente del
Gobierno José Luis Rodríguez quien abrió el debate sobre la
liberalización de los horarios comerciales y ha destacado que esta
cuestión no está reñida con el apoyo al mediado y pequeño comercio por
parte de las administraciones. Por último, ha brindado toda su ayuda al
consejero ir "de la mano y no contracorriente del Gobierno de la Nación"
en pro del turismo y del sector del comercio.
Por su parte, el diputado del PSOE-A Francisco Jesús Fernández
ha asegurado que el decreto aprobado por el Gobierno contiene medidas
que supondrán un "daño incalculable" al turismo y al comercio andaluz,
fundamentalmente en lo que se refiere a la subida del IVA. Así, ha
criticado que el PP afirmara que "jamás" subiría el IVA, y que
finalmente lo haya hecho "con premeditación, alevosía y nocturnidad",
haciendo "insostenible" para la economía doméstica de las familias este
"golpe de gracia".
El socialista, que ha considerado importante que las
instalaciones de golf pueden ser calificadas como turísticas y no
deportivas para poder pagar el IVA reducido, ha señalado también la ley
de liberalización de los horarios comerciales ha supuesto "abrir el hoyo
para enterrar al pequeño y mediano comercio ante las grandes
superficies y que los empleados trabajan más por menos".
Finalmente, la diputada de IULV-CA María del Carmen Pérez ha
mostrado el "más rotundo rechazo" de su formación al decreto aprobado
por el Gobierno de la Nación, por suponer un recorte "en todas las
vertientes" de la industria turística andaluza y española. En su
opinión, la subida el IVA conllevará un efecto disuasorio en los
potenciales turistas, así como también una bajada del consumo.
Asimismo, ha mostrado su respaldo al Gobierno andaluz en la
elaboración de una ley que incluya un impuesto finalista para las
grandes superficies que revierta en los pequeños y medianos comercios.
Según ha recordado, su grupo parlamentario demandó hace un par de
semanas la puesta en marcha de dicho impuesto.
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