ALMERÍA.- La Audiencia Provincial de Almería ha ratificado la personación como acusación popular del PP de Huércal-Overa en las diligencias previas que se instruyen desde 2007 contra el alcalde del municipio, Luis García Collado (PSOE), y otras 22 personas y ha confirmado así la fianza de 15.000 euros impuesta a la formación política por el Juzgado de Instrucción nº 2.
El auto desestima el recurso de apelación interpuesto por el portavoz popular en Huércal-Overa, Diego Ortega, y señala que existe obligación de abonar fianza ya que antes de que la Fiscalía acordase abrir diligencias de investigación por presuntos delitos de cohecho, contra la ordenación del territorio y prevaricación, el PP interpuso querella y el Ministerio Fiscal se "limitó" a dar traslado de la citada denuncia.
Estima la Sección Tercera en esta línea "adecuada y correcta" la cuantía de la caución impuesta por la juez instructora al partido ya que el fiscal accedió en reforma a rebajar la cifra de 30.000 euros solicitada de manera inicial.
Según subraya en la resolución, se han ponderado "las eventuales responsabilidades pecuniarias que pudieran derivarse para los querellantes" y la "asequibilidad" de la cuantía "para un partido político con indudables ingresos como el PP".
La causa incoada contra, entre otros, el primer edil de Huércal-Overa continúa aún con la práctica de diligencias. La querella de la que parten sostiene que García-Collado "compró" presuntamente un local construido en la Plaza Mayor del municipio construido por la empresa Promociones Almajalejo, a cuyo propietario atribuye una relación de amistad con el regidor.
La obra, según contiene la denuncia, aumentó supuestamente el aprovechamiento mientras que los locales vendidos valían "tres veces más que lo escriturado por el alcalde". Imputan al alcalde, asimismo, la compra "sin justificación de pago" de dos vehículos y la propiedad de una vivienda en Mojácar "cuya compra no ha podido acreditar".
Pero la querella hace hincapié, sobre todo, en que con su gestión al frente del Consistorio podría haber beneficiado presuntamente a la mercantil Dizu SL --también involucrada en la trama de corrupción urbanística en Zurgena-- con la redacción de nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).
Así, esta herramienta de planeamiento aprobada por la corporación local de Huércal-Overa de la que también están imputados ocho concejales habría "beneficiado" a Dizu SL y sus empresas con la recalificación de Ballabona Wolf, S.L. y Golf Ballabona, con más de 700 hectáreas para campo de golf, y zona residencial y un "pelotazo" supuesto de 600 millones de euros en plusvalías.
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