Fuentes jurídicas precisaron que la providencia, dictada por magistrado Luis Durbán el pasado viernes, reitera la petición a la DGP para completar unas diligencias previas durante las que no se ha ordenado práctica de prueba adicional desde que se tomase declaración en sede judicial a ocho imputados, para los que se decretó prisión eludible bajo fianza de entre 6.000 y 3.000 euros.
De momento, las grabaciones derivadas de las escuchas telefónicas autorizadas por orden judicial que, junto a una denuncia precedente, dieron lugar a la actuación del Servicio de Investigación Interna del Cuerpo Nacional de Policía, "son demasiado vagas y confusas", por lo que el contenido de las CPUs resulta "determinante" para dirimir si la asignación de las citas previas autorizadas a agentes y trabajadores para libre uso se concedieron bajo prebendas o contraprestación económica.
En concreto, en los ordenadores personales intervenidos figuran las conocidas como "w", o lo que es lo mismo, un número determinado de citas previas al mes --20 para funcionarios y diez para policías adscritos a la Oficina de Extranjería-- que podían gestionar en casos de "urgencia" para adelantar en el tiempo el turno de los solicitantes ya que a los presuntos implicados no se les acusa de agilizar o facilitar la concesión de permisos de residencia y trabajo.
Los tres agentes de la Policía Nacional y los dos empleados contratados en interinidad declararon ante el juez el pasado mes de abril que nunca hicieron nada no fuese "habitual y conocido desde el peldaño más alto al más bajo" del escalafón al tiempo que negaron haber recibido dinero o prebenda alguna a cambio de los trámites de obtención de permisos de residencia y trabajo en España.
Argumentaron, en esta línea, que no hicieron nada "que no haga todo el mundo" al tiempo que describieron las prácticas por las que fueron detenidos como algo "establecido por sus superiores y que se sabía en todos los ámbitos" de la Administración del Estado en la provincia pese a que matizaron que podrían cuestionarse "como más o menos adecuadas en aras de la eficiencia" del servicio.
Las mismas fuentes calificaron lo que ha trascendido de las diligencias previas, sobre las que se alzó el secreto, más como una consecuencia del "mal funcionamiento" de las oficina ubicada en la calle Marruecos que como una red organizada al tiempo que apuntaron a que, de momento, no se desprenden indicios razonables de cohecho.
Recordaron, asimismo, que la denuncia partió de un empleado de estas dependencias oficiales, quien comunicó las presuntas irregularidades de forma directa a la DGP y al que atribuyen "una relación muy tensa" con el policía que ostenta la jefatura en esta oficina, que también detenido durante la operación.
En total, fueron doce los arrestados desde el pasado lunes por su presunta vinculación con la tram, entre ellos cuatro agentes --dos de ellos de la escala básica--, dos empleados en régimen de interinidad de la Oficina de Extranjería, el propietario y el socio de una gestoría de El Ejido y una persona vinculada a la Agencia Tributaria en este municipio, además de un funcionario del Ministerio de Administraciones Públicas (MAP), el hijo y la nuera de un agente, quienes quedaron en libertad tras responder a las preguntas en dependencias policiales.
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