viernes, 10 de diciembre de 2010

Alcaldes sospechosos / Rafael M. Martos

Al alcalde de Berja y parlamentario andaluz por el Partido Popular, Antonio Torres, aún le queda otro asunto por el que responder ante los tribunales de justicia tras haber salido absuelto por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de una querella que le pusieron los socialistas de su pueblo.

Pero esa absolución ha venido a sumarse al archivo definitivo por el Tribunal Supremo de la querella que los socialistas de Gádor pusieron contra su alcalde y senador por el Partido Popular, Eugenio Gonzálvez.

En ambos casos el fiscal no ha presentado acusación, y los jueces prácticamente han seguido sus argumentaciones para dar por cerrados estos casos a pesar de la insistencia del PSOE que, como en el caso de Gádor, incluso presentó una ampliación de la querella con tan poco fundamento que sólo sirvió para abundar en los razonamientos de la Fiscalía.

Vayan por delante estos dos ejemplos de alcaldes del Partido Popular, pero que perfectamente habían podido serlo de otra formación, para cuestionar de raíz la idea de que un político debe dimitir o ser cesado desde el mismo momento en que resulta imputado. 
 
Torres y Gonzálvez han tenido la suerte -tal cual es la lentitud de los tribunales hay que calificarlo así- de conocer la resolución de estos pleitos antes de las próximas elecciones municipales, por lo que concurrirán a ellas con su hoja limpia, si bien en el caso del virgitano habrá que ver cómo se resuelve el asunto del famoso espigón de Balanegra.

A pesar de que se considera que la presunción de inocencia nos acompaña a todos de la misma manera hasta el mismo momento en que existe una condena en firme, la realidad objetiva no es esa.

Un imputado lo es porque un juez ve indicios racionales de criminalidad, algo que tienen el resto de persona, y por tanto no puede ser considerado objetivamente tan inocente como los demás ciudadanos; y es más, cuando se produce una primera condena, por mucho que no sea firme, es obvio que hay evidencias de culpabilidad por encima de lo que puede pasar con cualquier persona que ni tan siquiera se ha sentado ante un juez nunca.

También es verdad que todos los delitos no son iguales, y que por eso unos tienen una pena y otros otra.

Y es también cierto que no todos somos iguales ante la ley, y no sólo porque dependemos del abogado que nos podamos pagar, si no por algo tan simple como es el hecho de que en prisión preventiva un funcionario sigue cobrando puntualmente su sueldo y un trabajador laboral no (un autónomo no, y un trabajador por cuenta ajena puede hasta ser despedido sin indemnización por no acudir a su puesto).

Pero como esto es un artículo periodístico y no un tratado de Derecho, no profundizaremos más, ya que es suficiente como para dejar claro que es cuando menos cuestionable apartar de la vida pública a un imputado sin que haya juicio ni condena.

Todo esto nos daría pie a abordar la Operación Poniente, y advertir que el alcalde de El Ejido, Juan Enciso está imputado por cinco presuntos delitos, y que ha estado en prisión preventiva, y que es mucha la gente que opina que debería dimitir o ser cesado por estos motivos. Todo esto choca con lo visto anteriormente, dos alcaldes imputados pero inocentes al final; y también estos dos casos chocaban con lo referido a la presunción de inocencia en imputados y condenados en primera instancia.

Es necesario que esto se regule de algún modo... o no. 

Parecería lógico pensar que la regulación de estas situaciones sería innecesaria, ya que los políticos debían tener catadura moral suficiente como para decidir por si mísmos y en beneficio de la colectividad en momentos así. Pero claro, hablamos de presuntos culpables, de políticos que presuntamente han puesto sus intereses personales por encima de los sociales, y a quienes por tanto tampoco se les puede pedir mucha ética.

También es verdad que si uno ha sido imputado y está plenamente convencido de su inocencia, se espera de él que tenga el valor suficiente para aguantar contra viento y marea al frente del barco y no dejar que los tribunales sustituyan la voluntad soberana de los ciudadanos.

Insisto, es necesario que esto se regule de algún modo... o no.

El 54 % de los españoles apuesta por reformar la Constitución en cuanto a Justicia y modelo autonómico

MADRID.- Casi el 40 por ciento de los españoles se declara "poco o nada satisfecho" con la Constitución de 1978 y cerca de la mitad asegura lo mismo cuando se le pregunta sobre el funcionamiento de la democracia, según el Barómetro de Opinión del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) correspondiente al mes de noviembre.

Esta encuesta, en la que se evalúa la visión que tienen los ciudadanos sobre la Carta Magna y distintas instituciones del Estado, se basa en 2.469 entrevistas personales y domiciliarias realizadas en 238 municipios de 50 provincias realizadas entre el 3 y el 11 de noviembre, y tiene un margen de error de más/menos 2 por ciento.

Los encuestados no tiene reparos en reconocer el escaso conocimiento que tenemos los españoles de nuestra ley fundamental, ya que siete de cada diez cree que la conocemos "muy poco" o "casi nada" y el 22 por ciento considera que sólo se sabe de su contenido "por encima". Cuando se les interroga sobre su propio conocimiento de la misma sólo el 12 por ciento dice conocerla "bien".

Aunque tres de cada cuatro entrevistados consideran que la forma en la que se hizo la Transición es un motivo de "orgullo" para los españoles, 32 años después de la aprobación de la Constitución un 39 por ciento se confiesa "poco" o "nada" satisfecho con la Carta Magna, frente al 45,8 que está "muy o bastante" satisfecho con ella.

Respecto a la necesidad de modificarla, cerca del 25 por ciento no es partidario de tocarla, pero hay un 54 por ciento que quiere hacer cambios, principalmente para reformar la Justicia (9,7%), el sistema autonómico (7%), para "adaptarse a los nuevos tiempos" (5,3%) y para garantizar los derechos sociales (5,2%).

La reforma relativa a la sucesión de la Corona, que en algún momento se ha barajado con el fin de garantizar la igualdad del hombre y la mujer al acceso a la Jefatura del Estado, sólo es reclamada por el 4,7 por ciento, mientras que un 3,4 por ciento quiere cambiar la monarquía como forma de gobierno.

También se acercan al 5 por ciento los que piden reformas que afecten a las Cortes y la ley electoral y el endurecimiento y cumplimiento de las condenas. Un 3,4 por ciento pide revisar la Ley del Menor y sólo el 1 por ciento aspectos relativos al derecho de autodeterminación y el federalismo.

La mitad de los españoles está "muy o bastante satisfecho" con el funcionamiento de la democracia, frente al 47 por ciento que confiesa que le satisface "poco o nada". En paralelo, sólo el 8 por ciento cree que la democracia española funciona mejor que las del resto de la Unión Europea, tres de cada diez considera que aquí funciona peor y un 38 por ciento no ve diferencias.

El sondeo revela también que está extendida la percepción de que los bancos y las grandes empresas tienen más poder que el Gobierno o el Parlamento. En concreto, el CIS ha elaborado una tabla de 'poderosos' en la que las entidades financieras ocupan el primer lugar (con un 31,6 por ciento menciones), el Gobierno figura con un 26,4 por ciento y las grandes empresas llegan al 15 por ciento.

Por detrás aparecen los medios de comunicación (8,7%), que se sitúan por delante de los partidos políticos (7,6%) y del Parlamento (2,6%). Los sindicatos se anotan un 2,1 por ciento y los militares se quedan a las puertas de 1 por ciento.

Las instituciones que más confianza merecen a los ciudadanos son, por este orden, las Fuerzas Armadas y la Monarquía, que son las únicas que aprueban. Les siguen el Defensor del Pueblo y los medios de comunicación, que superan el 4,5, y ya por debajo se sitúan los parlamentos y gobiernos autonómicos, el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial y las Cortes. La lista la cierran los partidos políticos con una nota de 2,8 puntos, el Gobierno con un 3,5 y, tan solo una décima por debajo, aparece la Iglesia Católica.

Los españoles consideran que los medios de comunicación son los que tienen más capacidad de controlar un eventual abuso del poder por parte del Gobierno, seguido de los partidos que están en la oposición y del Tribunal Constitucional. Sin embargo creen que los ciudadanos no pueden hacer casi nada a ese respecto y tampoco confieren esta competencia al Defensor del Pueblo.

Cuando se pide opinión sobre la labor de las Cortes, se evidencia que los que piensan que en el Congreso y en el Senado se presta "demasiada atención a problemas de poca importancia" son más del doble de los que creen que en estas instituciones se analizan "problemas fundamentales para el país".

En concreto, un 61 por ciento cree que el Congreso se centra en temas superfluos y el 59 considera que el Senado hace lo mismo. En conclusión, el 66,7 por ciento se declara "poco o nada satisfecho" con el funcionamiento del Parlamento, que sólo respalda el 20 por ciento.

Además, los españoles piensan mayoritariamente que los partidos políticos son necesarios para el funcionamiento de la democracia, pero a la vez asumen que "sólo sirven para dividir a la gente", que se "critican mucho entre sí pero en realidad son todos iguales" y que "son necesarios para defender los intereses de los distintos grupos y clases sociales". Tres de cada cuatro españoles se declaran bastante o muy de acuerdo en que los políticos no se preocupan mucho de lo que piensan los ciudadanos y siempre buscan sus intereses personales.

Respecto al trabajo del Tribunal Constitucional, el 34 por ciento lo avala, pero hay un 39 por ciento que lo critica. También son más (46%) los que consideran poco o nada útil la labor del Defensor del Pueblo que los que la respaldan (41%).

El AVE Almería-Murcia ya tiene trazado definitivo

MADRID.- El subsecretario de Fomento, Jesús Miranda Hita, ha presentado el estudio informativo definitivo del trazado completo del AVE Almería-Murcia, una infraestructura que cuenta con un presupuesto de 2.500 millones de euros, pero que aún carece de plazo oficial para su puesta en funcionamiento.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado ayer el estudio informativo complementario de los tramos Pulpí-Vera y Níjar-Almería, de 26 y 43 kilómetros de longitud, respectivamente, que habían encontrado dificultades en la Declaración de Impacto Ambiental, con lo que la futura línea cuenta ya con el diseño de su trazado completo.

La futura línea de Alta Velocidad ferroviaria Almería-Murcia, que será de doble uso para pasajeros y mercancías, tendrá una longitud de casi 185 kilómetros y contará con dos estaciones intermedias en Lorca (Murcia) y Vera (Almería).

El BOE también publica la licitación del proyecto de redacción del tramo Rambla de Retamar-Los Mayorales, de 8,8 kilómetros de longitud.

Tan sólo queda pendiente la licitación del proyecto de redacción de un último tramo, el de la llegada de la infraestructura a la capital almeriense, que se publicará antes de final de año, ha avanzado Miranda Hita.

El subsecretario del Ministerio de Fomento ha destacado el buen ritmo de desarrollo de los diferentes tramos de esta línea de AVE, que a finales de año ya estarán en su totalidad en obras o en fase de licitación para la redacción del proyecto.

Miranda Hita ha afirmado que los diferentes pasos administrativos se han desarrollado según los plazos previstos, si bien ha preferido ser "riguroso" y no dar una fecha para la puesta en marcha de la línea hasta no tenerlo "completamente claro", ya que se trata de un proyecto "muy complicado" que requiere largos plazos de redacción y ejecución.

La infraestructura cuenta con un presupuesto total de 2.500 millones de euros, de los que 500 millones ya están en obras, ha resaltado Miranda Hita, quien ha recordado que una vez superadas las declaraciones de impacto ambiental de los dos últimos tramos ya no hay más trámites administrativos pendientes que la redacción de los proyectos y el inicio de las obras.

Miranda Hita ha apuntado que la futura línea, integrada en el Corredor Mediterráneo de la Alta Velocidad, permitirá unir Almería con Barcelona en 4 horas y 15 minutos (frente a las doce horas actuales) y con Madrid, vía Valencia, en 3 horas y 15 minutos.

También existe la posibilidad de establecer una conexión entre Almería y Madrid por Albacete que acortaría el trayecto a menos de 3 horas.

Miranda Hita ha destacado la importancia económica, social y estratégica de la extensión del Corredor Mediterráneo hasta Almería y en un futuro hasta Algeciras, tramo este último que ya está en estudio.

Este Corredor Mediterráneo integrará cinco de las diez áreas metropolitanas más importantes del país y conectará los puertos de mayor actividad.

La publicación del trazado definitivo de la línea Almería-Murcia ha sido posible después de la obtención, el pasado mes de septiembre, de la Declaración de Impacto Ambiental favorable para los dos últimos tramos que estaban pendientes de este paso administrativo, Pulpí-Vera y Níjar-Almería, que atraviesan Lugares de Importancia Comunitaria (LIC).

El estudio de estos tramos incluye soluciones compensatorias de las posibles afecciones a especies animales, como la tortuga mora, forestales y arbustivas.

Asimismo, a su paso por la zona de Níjar, el trazado del AVE pasará al norte de la autovía A-7 para no entorpecer la actividad agrícola, tal y como habían solicitado los agentes económicos y sociales.