MADRID.- El Gobierno aprobó este viernes el anteproyecto de la Ley de Costas,
que entre otras cosas supondrá que los edificios que están a menos de
cien metros del mar no podrán ser derribados en medio siglo.
La nueva Ley de Costas sustituirá a una anterior de 1988 que
pretendía frenar la paulatina degradación de los 8.000 km de litoral
tras décadas de boom de la construcción en un país en el que el sector
turístico es uno de los motores de la economía.
El anteproyecto, remitido ahora al Consejo Asesor Medioambiental,
pretende proteger el litoral e incluye también una protección jurídica a
propietarios y concesionarios de explotaciones próximas a la costa,
explicó la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en
la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Los propietarios, que tenían hasta ahora el límite de 30 años
prorrogables otros 30, verán ahora ampliado ese periodo a 75 años y
podrán venderla, algo que no podían hacer según la legislación de hace
24 años.
La modificación de la Ley de Costas se ha encontrado con el
rechazo frontal de los colectivos ecologistas, que entienden que la
actual legislación es un seguro contra la especulación y la corrupción,
de la que se han dado numerosos casos en la costa española en las
últimas dos décadas.
"Ecologistas en Acción exige que se descarte la modificación de
la Ley de Costas de 1988, y más en estos términos que van encaminados a
su privatización y degradación", dijo el colectivo en una nota de prensa
colgada en su web.
La ley incluye también la "cláusula antialgarrobicos", que
pretende acabar con agresiones medioambientales en el litoral y que
lleva el nombre del polémico hotel levantado hace algo menos de una
década en una playa virgen de un paraje de gran valor ecológico en el
parque natural del Cabo de Gata-Níjar, en Almería.
"El Estado podrá intervenir para parar obrar en el dominio
público, actuando frente a acuerdos municipales que den licencias a
obras contrarias a la legislación ambiental", dijo Sáenz de Santamaría.
Los chiringuitos de playa podrán contar además con concesiones
temporales por un periodo de cuatro años, siempre que cumplan las
condiciones de protección del litoral, dijo la vicepresidenta.
Lo prohibido sigue prohibido
La futura Ley de Costas, cuyo anteproyecto se ha aprobado hoy en Consejo de Ministros, no permitirá construir donde antes estaba prohibido y ampliará la autorización de 1 a 4 años a los chiringuitos de construcción desmontables que hay en las playas.
Así lo ha explicado hoy a los medios el secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos, tras señalar que además quieren promover que los propietarios de los chiringuitos se conviertan en aliados del medio ambiente y velen por la conservación del litoral, porque ellos son los primeros interesados.
Ramos ha destacado también el hecho de que distintas barriadas históricas como las de Pedregalejo y El Palo (Málaga) serán excluidas del dominio público marítimo-terrestre.
Se trata de un total de diez barriadas en las provincias de Gerona, Huelva, Alicante, Valencia y Málaga, que quedarán fuera del marco normativo de la futura ley, lo que no significa, ha indicado Ramos, que tengan vía libre para aumentar el volumen o la altura de sus casas cuando hagan obras de mejora.
Tampoco se permitirán obras que modifiquen el actual volumen de todas aquellas propiedades ya construidas (casas, restaurantes hoteles...), que se encuentran situadas en suelo de dominio público marítimo terrestre y a las cuales se les amplía la concesión por 75 años más.
La anterior ley de 1988 expropió a todos estos propietarios sus propiedades al fijar las nuevas lindes públicas marítimo terrestres y a cambio se les otorgó una concesión por 30 años, que ahora se extiende por 75 años más y por la cual tendrán que pagar un canon.
Así por ejemplo, y entre otros, serán beneficiarios de esta ampliación todos los propietarios, en su mayoría extranjeros, del complejo de Empuriabarva (Cataluña), quienes elevaron una queja de la anterior situación ante el Parlamento Europeo.
La lámina de agua de los canales de este complejo urbanístico serán, no obstante, de dominio público.
En cuanto a Formentera, isla en la que según Ramos la anterior ley había convertido prácticamente a todos sus habitantes en concesionarios, tendrá un tratamiento especial, mediante una disposición adicional.
En cuanto a las papeleras u otras industrias que están también afectadas por la ley de 1988, debido a su ubicación, se les concederá la prórroga de actividad si la autoridad competente medioambiental informa favorablemente.
Excluye diez núcleos del dominio público
El anteproyecto de la Ley de Costas, aprobado hoy en Consejo de ministros, excluye del dominio público marítimo terrestre diez núcleos costeros en las provincias de Alicante, Valencia, Gerona, Huelva y Málaga.
Entre los núcleos que dejarán de estar en terreno de dominio público y, por lo tanto vulnerando la normativa, figura Rocafel en el término municipal de Alicante, con unas 800 viviendas de varios edificios, como los Alacant, Helios y Rocafel (construidos en las décadas de 1960 y 1970), y hasta ahora fuera de ordenación, según la Ley de Costas en vigor.
También se excluye del dominio público marítimo-terrestre el puerto de Santa Pola (Alicante), Empuriabrava en Castello de Empuries y Platja d'Aro (ambas en Gerona), Ría Punta Umbria en Punta Umbria, Caño del Cepo en Isla Cristina y el casco urbano de Isla Cristina (Huelva), Pedregalejo y El Palo (ambos en Málaga) y Oliva en Valencia completan la lista que figura en el anexo del anteproyecto.
En algunos casos, como el de la ciudad navegable de Empuriabrava, (Gerona) el grupo de Convergència i Unió había registrado en marzo el Congreso una propuesta de reforma de la Ley de Costas que pretendía que el texto reconociese particularidades como la del citado núcleo.
La exclusión de estos zonas se hace en virtud de la disposición adicional sexta (en la extensión que fija la planimetría), que entre otras cuestiones señala que los deslindes se revisarán cuando se altere la configuración del dominio público marítimo terrestre.
Lo prohibido sigue prohibido
La futura Ley de Costas, cuyo anteproyecto se ha aprobado hoy en Consejo de Ministros, no permitirá construir donde antes estaba prohibido y ampliará la autorización de 1 a 4 años a los chiringuitos de construcción desmontables que hay en las playas.
Así lo ha explicado hoy a los medios el secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos, tras señalar que además quieren promover que los propietarios de los chiringuitos se conviertan en aliados del medio ambiente y velen por la conservación del litoral, porque ellos son los primeros interesados.
Ramos ha destacado también el hecho de que distintas barriadas históricas como las de Pedregalejo y El Palo (Málaga) serán excluidas del dominio público marítimo-terrestre.
Se trata de un total de diez barriadas en las provincias de Gerona, Huelva, Alicante, Valencia y Málaga, que quedarán fuera del marco normativo de la futura ley, lo que no significa, ha indicado Ramos, que tengan vía libre para aumentar el volumen o la altura de sus casas cuando hagan obras de mejora.
Tampoco se permitirán obras que modifiquen el actual volumen de todas aquellas propiedades ya construidas (casas, restaurantes hoteles...), que se encuentran situadas en suelo de dominio público marítimo terrestre y a las cuales se les amplía la concesión por 75 años más.
La anterior ley de 1988 expropió a todos estos propietarios sus propiedades al fijar las nuevas lindes públicas marítimo terrestres y a cambio se les otorgó una concesión por 30 años, que ahora se extiende por 75 años más y por la cual tendrán que pagar un canon.
Así por ejemplo, y entre otros, serán beneficiarios de esta ampliación todos los propietarios, en su mayoría extranjeros, del complejo de Empuriabarva (Cataluña), quienes elevaron una queja de la anterior situación ante el Parlamento Europeo.
La lámina de agua de los canales de este complejo urbanístico serán, no obstante, de dominio público.
En cuanto a Formentera, isla en la que según Ramos la anterior ley había convertido prácticamente a todos sus habitantes en concesionarios, tendrá un tratamiento especial, mediante una disposición adicional.
En cuanto a las papeleras u otras industrias que están también afectadas por la ley de 1988, debido a su ubicación, se les concederá la prórroga de actividad si la autoridad competente medioambiental informa favorablemente.
Excluye diez núcleos del dominio público
El anteproyecto de la Ley de Costas, aprobado hoy en Consejo de ministros, excluye del dominio público marítimo terrestre diez núcleos costeros en las provincias de Alicante, Valencia, Gerona, Huelva y Málaga.
Entre los núcleos que dejarán de estar en terreno de dominio público y, por lo tanto vulnerando la normativa, figura Rocafel en el término municipal de Alicante, con unas 800 viviendas de varios edificios, como los Alacant, Helios y Rocafel (construidos en las décadas de 1960 y 1970), y hasta ahora fuera de ordenación, según la Ley de Costas en vigor.
También se excluye del dominio público marítimo-terrestre el puerto de Santa Pola (Alicante), Empuriabrava en Castello de Empuries y Platja d'Aro (ambas en Gerona), Ría Punta Umbria en Punta Umbria, Caño del Cepo en Isla Cristina y el casco urbano de Isla Cristina (Huelva), Pedregalejo y El Palo (ambos en Málaga) y Oliva en Valencia completan la lista que figura en el anexo del anteproyecto.
En algunos casos, como el de la ciudad navegable de Empuriabrava, (Gerona) el grupo de Convergència i Unió había registrado en marzo el Congreso una propuesta de reforma de la Ley de Costas que pretendía que el texto reconociese particularidades como la del citado núcleo.
La exclusión de estos zonas se hace en virtud de la disposición adicional sexta (en la extensión que fija la planimetría), que entre otras cuestiones señala que los deslindes se revisarán cuando se altere la configuración del dominio público marítimo terrestre.
