SEVILLA.- El Consejo de Gobierno aprobó ayer miércoles el cese de la
interventora general de la Junta de Andalucía, María Antonia González
Pavón, un cargo dependiente orgánicamente de la Consejería de Economía y
Hacienda y encargado de fiscalizar las cuentas públicas, recuerda elDiario.es.
González Pavón fue nombrada en septiembre de 2022, en el arranque de la
presente legislatura, y sólo cinco meses después elevó un durísimo
informe de actuación a la consejera de Hacienda –una suerte de código
rojo ante indicios delictivos– alertando del fraccionamiento “indebido y
masivo” de contratos millonarios en el Servicio Andaluz de Salud (SAS)
que eludían la Ley de Contratos del Sector Público.
Dos años después, los interventores provinciales del SAS
emitieron informes de fiscalización definitivos, denunciando el mismo
“abuso” continuado de “contratos menores en fraude de ley”, y poniendo en duda el sistema de adjudicación a dedo troceando contratos por un montante superior a los 1.225 millones de euros.
Una investigación de elDiario.es Andalucía reveló el contenido de todos
esos informes de Intervención que había recibido la consejera de
Hacienda, Carolina España, y que dos años después de las recomendaciones
y advertencias de irregularidades por parte del órgano de fiscalización
interna seguían adjudicándose a dedo.
Fuentes de la Consejería de Hacienda explican a este periódico
que el cese de González Pavón se debe a “motivos personales”, que “ella
misma había pedido hace tiempo marcharse, por razones familiares y de
cansancio personal”. Las mismas fuentes señalan que la propia consejera
le había solicitado que “aguantase un poco más”.
Un juzgado de Sevilla y la Fiscalía Anticorrupción investigan
los contratos de emergencia que el SAS otorgó a dedo a clínicas privadas
entre el año 2020 y 2024 por un posible delito de prevaricación. La
causa abierta parte de una querella del PSOE, que ha provocado hasta el
momento la imputación de la actual gerente del SAS, Valle García, y sus
dos predecesores.
Los socialistas también han denunciado el abuso y
fraccionamiento masivo de contratos menores en Andalucía, a raíz del
informe de la interventora general y de las ocho auditorías provinciales
–que coinciden al cuestionar el “vicio” del procedimiento de
adjudicación a dedo– pero de momento no lo han sumado a su denuncia en
los juzgados.
El informe de actuación de la Intervención General de la Junta
que firmó González Pavón, del 13 de noviembre de 2022, denunció las
“salvedades de especial relevancia” y con “graves efectos negativos” en
la contratación a dedo del SAS en Huelva, después de que la dirección
gerente hubiera agotado todos los plazos y advertencias previas de sus
auditores sin “dar cumplimiento de las recomendaciones efectuadas por la
Intervención en los informes de control financiero” correspondiente al
ejercicio 2019, previo a la pandemia de Covid.
El documento cuestionaba el procedimiento de adjudicación a dedo
en el SAS, pero no llegaba a mencionar un supuesto de “menoscabo de
fondos públicos”. La propia interventora general de la Junta,
responsable del informe, elaboró poco después unas instrucciones (2/2023, del 27 de marzo) que establecen “los criterios a seguir en la emisión de un informe de actuación”,
reseñando que el nuevo reglamento ya no contemplaba la emisión del
citado informe en caso de “apreciarse circunstancias que pudieran
ocasionar menoscabo de fondos públicos”.
“El nuevo Reglamento de la Intervención no contempla este último
supuesto como motivo para la emisión de un informe de actuación”, rezan
las instrucciones, para aclarar que “en la citada situación”, la
Intervención General de la Junta que “advierta la existencia de
infracciones previstas en el artículo 109 de la Ley General de Hacienda
Pública” –por ejemplo, malversación de fondos– “lo pondrá en
conocimiento de la persona titular de la Consejería competente en
materia de Hacienda”.
El informe de actuación sobre el fraccionamiento de contratos en
el SAS que la Intervención General remitió a Hacienda en 2022 tiene la
“conformidad” de la consejera de Salud, lo cual abrió un plazo de seis
meses para que el SAS corrigiera las “graves salvedades” detectadas, y
para que el órgano fiscalizador hiciera un “seguimiento de las medidas
correctoras propuestas”.
La Intervención General no ponía bajo sospecha expedientes de
gasto concretos, fruto de su auditoría, sino todo el procedimiento
“viciado” de la contratación menor, como volverían a hacer los
interventores del SAS en Huelva, Cádiz, Córdoba y Jaén dos años más
tarde, en sus informes definitivos de control financiero
correspondientes al año 2021:
“Se ha prescindido total y absolutamente del procedimiento
legalmente establecido en la contratación de obras, bienes y servicios,
fraccionando el objeto de los contratos”, adjudicando “contratos menores
con un plazo de ejecución superior a un año”, y “sin los informes y
autorizaciones” preceptivas por parte de la dirección competente,
coinciden los informes, tras concluir que el procedimiento elegido de
adjudicación a dedo ha servido para “eludir” la contratación en abierto,
con publicidad y concurrencia competitiva, que establece la Ley de
Contratos del Sector Público.
En mayo de 2024, los interventores del SAS en Huelva publicaron
un informe definitivo desfavorable que volvía a denunciar el abuso de
contratos menores “en fraude de ley”. El documento incluía el
Seguimiento de las medidas adoptadas tras la emisión del informe de
actuación de la Intervención General, de 2022, dejando constancia de que
“no se han implantado” dos de las tres recomendaciones que ya hicieron
los auditores del SAS dos años antes, “junto al claro incumplimiento de
una de las medidas a adoptar”.
Sin embargo, el mismo informe admitía que “los plazos de la
contratación pública pueden alargarse más de lo deseado”, por lo que “no
concluimos tampoco que no se han corregido las deficiencias advertidas”
para que la Intervención General inste a la titular de la Consejería de
Hacienda el sometimiento de las actuaciones a la consideración del
Consejo de Gobierno“.
La consejera de Hacienda y portavoz de la Junta –a la sazón jefa
de la interventora general– no ha explicado los motivos de su cese en
la comparecencia posterior a la reunión del Consejo de Gobierno. Este se
ha limitado a dar cuenta del nombramiento de su sustituto, Miguel Ángel
Figueroa Teva, un funcionario del Cuerpo Superior de Administradores
Generales de la Junta de Andalucía.
Figueroa Teva es licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la
Universidad de Granada y cuenta con una amplia experiencia en el ámbito
de la gestión administrativa y financiera. Ha sido interventor delegado
de la Consejería de Educación (2005–2009); interventor delegado de la
Consejería de Hacienda y Administración (2009–2013); interventor de
Control Financiero (2013–2017), y director de la División de Control de
Gasto Público Sanitario de la Intervención General de la Junta de
Andalucía e interventor central del SAS, entre 2017 y 2018.
