ALMERÍA.- La Diputación Provincial de Almería y los ayuntamientos de Níjar y Mojácar aparecen en el mapa de administraciones públicas gobernadas por el Partido Popular que habrían adjudicado contratos menores a EDA TV Consulting SL, la empresa vinculada al medio digital en el que trabaja el agitador ultraderechista Vito Quiles.
La información parte de una investigación publicada por El Salto, que cifra en 681.420 euros el dinero público recibido por EDA TV a través de 172 contratos menores adjudicados por administraciones gobernadas por el PP entre 2021 y 2025.
Según ese trabajo, los primeros contratos públicos detectados procedían de entidades vinculadas a la Comunidad de Madrid, la Xunta de Galicia, la Junta de Castilla y León y la Diputación de Almería, entonces presidida por Javier Aureliano García.
El caso ha adquirido una nueva dimensión política después de que otros medios y programas de televisión hayan retomado el recuento territorial de esos contratos, señalando la existencia de adjudicaciones en comunidades autónomas, diputaciones provinciales y ayuntamientos.
Entre las diputaciones mencionadas figuran Almería, Zamora, Ciudad Real, Orense, Toledo, Cádiz y Valencia; y entre los ayuntamientos citados aparecen, entre otros, Níjar y Mojácar, ambos en la provincia de Almería, junto a municipios como Lorca, Alcobendas, Torremolinos, Jerez, Sevilla o Algeciras.
El elemento común de esas adjudicaciones es el uso del contrato menor, una figura legal prevista para encargos de cuantía reducida. La Ley de Contratos del Sector Público considera contratos menores los de valor estimado inferior a 40.000 euros en obras y a 15.000 euros en suministros o servicios, lo que permite una tramitación más simple que los procedimientos abiertos ordinarios.
La cuestión que ahora se abre no es solo administrativa, sino política: por qué instituciones públicas almerienses, entre ellas la Diputación Provincial y dos ayuntamientos relevantes como Níjar y Mojácar, destinaron dinero público a campañas o servicios publicitarios en un medio vinculado a una estrategia comunicativa de extrema derecha y a una figura, Vito Quiles, señalada en numerosas controversias públicas por prácticas de acoso, hostigamiento, injurias o calumnias.
Quiles ha vuelto al centro del debate tras la denuncia presentada por Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, por un incidente ocurrido en un restaurante de Las Rozas. Gómez formalizó denuncia ante la Policía Nacional por lo sucedido, aunque Moncloa no precisó inicialmente el delito concreto atribuido. Reuters también informó de la denuncia por presunta agresión contra Quiles, en un episodio que ha generado una fuerte reacción política en España.
En Andalucía, El Plural ya había situado el foco en la contratación de EDA TV por diputaciones y ayuntamientos gobernados por el PP, en un contexto de aumento de la publicidad institucional y de opacidad sobre el reparto de determinadas partidas públicas. Ese medio subrayaba que las adjudicaciones se justificaban formalmente como campañas de promoción, publicidad institucional o difusión turística.
La presencia de la Diputación de Almería en el origen de la investigación añade un componente especialmente sensible en la provincia. La institución provincial se encuentra bajo el foco político y judicial por el conocido como caso mascarillas, que investiga presuntas irregularidades en contratos públicos durante la pandemia.
En ese escenario, la aparición de nuevos contratos menores vinculados a un medio de fuerte carga ideológica reabre el debate sobre el uso de fondos públicos, la publicidad institucional y los criterios de adjudicación.
Según la información difundida, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid concentran una parte muy relevante de los pagos. El Salto apunta a 41 contratos de la Comunidad de Madrid por cerca de 133.000 euros y a otros 40 contratos del Ayuntamiento de Madrid por 63.234 euros, todos ellos en la misma lógica de adjudicaciones menores y cuantías por debajo del umbral que obliga a procedimientos de mayor concurrencia.
El debate de fondo se centra ahora en si estas contrataciones responden a campañas ordinarias de publicidad institucional o si, por el contrario, dibujan un patrón de financiación pública indirecta a un ecosistema mediático de ultraderecha.
La diferencia no es menor: una cosa es contratar espacios publicitarios con criterios objetivos de audiencia, implantación territorial o retorno institucional; otra muy distinta es utilizar el contrato menor para sostener económicamente a medios ideológicamente afines sin concurrencia ni transparencia suficiente.
En el caso de Almería, la pregunta queda encima de la mesa: qué campañas concretas contrataron la Diputación Provincial, el Ayuntamiento de Níjar y el Ayuntamiento de Mojácar; con qué importes; bajo qué justificación; quién propuso esas adjudicaciones; y qué retorno real obtuvieron los ciudadanos de esos pagos públicos.
La respuesta exigirá acudir al detalle de cada expediente, pero la dimensión política ya está abierta. La financiación pública de EDA TV no aparece como un hecho aislado, sino como parte de un patrón estatal de contratos menores adjudicados por administraciones del PP a una empresa vinculada al medio que proyectó a Vito Quiles.
En Almería, ese patrón alcanza de lleno a la Diputación Provincial y salpica también a dos ayuntamientos gobernados por los populares: Níjar y Mojácar.
