SEVILLA/ALMERÍA.- El Servicio Andaluz de Salud (SAS), ha publicado unos datos que
reflejan un aumento de las agresiones a sanitarios registradas el año
pasado del 19%. Según el Registro Informático de Agresiones de Centros
(RIAC), en 2024 hubo un total de 362 agresiones físicas (19,4% del
total) y 1.504 no físicas a profesionales de los centros sanitarios
públicos de Andalucía.
Como ha informado la Consejería de
Salud y Consumo en una nota de prensa, el informe se ha presentado este
jueves, durante la Mesa Técnica de Prevención de Riesgos Laborales, en
relación con los resultados del año 2024 en relación con las agresiones a
profesionales.
En el análisis planteado a las organizaciones
sindicales en esta mesa de trabajo, se ha tenido en cuenta los datos
desde 2019, viéndose un descenso durante la pandemia, provocado por las
restricciones de acceso a los centros, la suspensión de servicios no
esenciales y la percepción social de los profesionales, y efecto rebote
posterior, con la normalización de la actividad sanitaria y el aumento
de la demanda asistencial.
Del total de agresiones
registradas, 1.866, el 47,48% fueron en hospitales y el 52,52% en
centros de Atención Primaria. Cabe destacar que, siguiendo lo
establecido en el plan, los supuestos de violencia física o amenazas
graves provocadas por pacientes psiquiátricos o con deterioro cognitivo
se considerarán como agresión, no obstante, se ha establecido un sistema
para que puedan filtrarse y recibir un tratamiento diferenciado, tanto
en el registro como en las actuaciones posteriores que se lleven a cabo.
Así, del total de agresiones registradas, más del 20% (20,3%) son
cometidas por personas con problemas de salud mental o deterioro
cognitivo, porcentaje que asciende al 51,6% cuando se trata de
agresiones físicas.
Por provincias, Almería registró 20
agresiones físicas y 141 no físicas; Cádiz 61 físicas (282 no físicas);
Córdoba, 36 físicas (126 no físicas); Granada 45 físicas (149 no
físicas); Huelva, seis físicas (60 no físicas); Jaén, 24 físicas (120 no
físicas); Málaga, 69 físicas (249 no físicas), y Sevilla, 101 físicas
(378 no físicas).
Por sexos, son las mujeres las más agredidas
(el 72,45% del total); por perfil profesional, casi el 80% de
agresiones se da al personal sanitario, principalmente profesionales de
la medicina y la enfermería.
Junto a "la importante apuesta
por la formación y la capacitación", también es "importante subrayar el
gran número y la diversidad de medidas de seguridad que se están
implementando en los centros sanitarios públicos andaluces", ha
apostillado desde la Consejería.
Actualmente, cuentan con más
de 53.700 dispositivos de seguridad de distinto tipo, entre los que
destacan: más de 4.400 cámaras de seguridad, más de 35.000 dispositivos
de aviso en consultas y más de 7.500 alarmas individuales, un nuevo
dispositivo que "parece ejercer un efecto disuasorio hacia el agresor y
una mayor rapidez de actuación entre compañeros y vigilantes de
seguridad".
Asimismo, el Plan habilita también "canales ágiles y
rápidos" para que la persona que sufre una agresión ya sea verbal o
física, no esté sola momentos después de ser agredida. Además, "se
facilita atención psicológica durante el tiempo que sea necesario y
asesoría jurídica para quien decide denunciar".
Cabe señalar
que la agresión física o intimidación grave contra profesionales
sanitarios en el ejercicio de su función pública es considerada delito
de atentado por los tribunales de justicia, y así se han dictado
sentencias en diferentes casos con penas que oscilan entre los doce
meses y los tres años de prisión.
De hecho, durante 2024, los
letrados del SAS han realizado 197 asistencias, logrando 94 sentencias
condenatorias, 34 de ellas tipificadas como delito de atentado. Todas
estas acciones y otras muchas que se incluyen en el Plan de Prevención y
Atención a las Agresiones del SAS se realizan siempre bajo una estrecha
colaboración y coordinación entre centros sanitarios, delegaciones del
ramo, Servicios Centrales del SAS y Consejería, facilitando información
continua a las Organizaciones Sindicales.
Para "revertir estos
datos y en su apuesta por la desescalada de las situaciones de
violencia", el SAS "refuerza su oferta formativa". Los profesionales
tienen a su disposición, en el momento de la incorporación, formación
específica y de realización obligada en control de situaciones
conflictivas y sobre el Plan de prevención de agresiones.
Adicionalmente, en los centros asistenciales se imparten talleres y
formación presencial práctica impartida por Policía Nacional, Guardia
Civil y funcionarios de instituciones penitenciarias con el objetivo de
"mejorar las competencias de los profesionales para reconducir
situaciones de agresividad y minimizar sus consecuencias".
Además, el SAS cuenta con diversos instrumentos de lucha contra las
agresiones incluidos en el Plan de Prevención y Atención a las
Agresiones, como la ya citada creación de la figura del 'profesional
guía' que, además de acompañar a los profesionales agredidos, dan claves
del manejo de situaciones en puntos y situaciones más conflictivos, la
implantación de canales ágiles y rápidos para que la persona víctima de
una agresión ya sea verbal o física, no esté sola momentos después de
sufrirla; la atención psicológica durante el tiempo que sea necesario, o
el refuerzo de las medidas de seguridad en los centros sanitarios y las
condiciones de seguridad en los lugares de trabajo.
También
se está trabajando en el Proyecto de Decreto por el que se crea y regula
el Observatorio de agresiones a las personas profesionales del Sistema
Sanitario Público de Andalucía, que ha finalizado el trámite de
Información Pública, Audiencia e Informes.
Actualmente se está
procediendo a la elaboración del Informe de valoración de las
alegaciones e informes preceptivos emitidos y recibidos, así como a la
adaptación, en su caso, del texto del citado proyecto a los mismos.
Por ello, la Consejería está preparando también un régimen
sancionador que se integrará en la próxima Ley de Salud. En este
sentido, la nueva normativa en consonancia con la condición de autoridad
pública del personal sanitario recogerá un régimen de infracciones y
sanciones frente a agresiones en el ámbito sanitario.
Aumentan un 75% en la provincia de Almería
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSIF Almería,
primera fuerza sindical multiprofesional en el Servicio Andaluz de
Salud, denuncia que la provincia ha registrado un aumento de agresiones
al personal de la Sanidad de un 75 por ciento, según los datos
presentados por la Consejería de Salud y Consumo.
En concreto, el número
de ataques a los profesionales de la sanidad pública en Almería ha
pasado de 92 en 2023 a los 161 de 2024.
Si bien, la responsable provincial del Sector Sanidad de CSIF, Belén
Granados, matiza que este importante incremento también viene
determinado por la incorporación de las agresiones que se producen en el
Hospital Universitario del Poniente, que hasta ahora no contabilizaban,
dado que el centro no formaba parte del SAS, sino que era una agencia
sanitaria.
“De igual modo, aunque los datos hayan aumentado, en parte
por esta causa, esta escalada de violencia es inadmisible y son
verdaderamente preocupantes las elevadas cifras de agresiones al
personal de la sanidad, tanto físicas como verbales. Es completamente
prioritario para este sindicato buscar soluciones de manera inmediata”,
ha argumentado Granados.
Es por ello que desde el Sector de Sanidad se ha reiterado la
necesidad de poner en marcha de manera urgente un régimen sancionador
contra las agresiones al personal de la sanidad ante el aumento de
episodios violentos durante 2024. Según estos datos, en el ámbito
andaluz, el año pasado se registraron 1.866 agresiones al personal del
SAS, lo que supone un 19,3% más respecto a las 1.564 que se denunciaron
en 2023.
El Sector de Sanidad de CSIF ha recordado que la organización lleva
años reivindicando medidas disuasorias para frenar este tipo de
situaciones de violencia física o verbal, que son “una lacra de gran
calado para el personal de nuestra sanidad pública, en tanto que atentan
contra su integridad física y moral”.
En este sentido, CSIF ha urgido a
la Consejería de Salud y Consumo a que cumpla sus compromisos y
materialice el régimen sancionador, tal y como anunció la anterior
consejera del ramo hace más de un año y que, sin embargo, aún no cuenta
ni con un borrador.
Asimismo, CSIF Sanidad ha reclamado la creación del Observatorio de
Agresiones a Profesionales del SAS, que ya superó el periodo destinado
al trámite de audiencia pública sin ninguna noticia posterior sobre su
desarrollo.
“Este Observatorio serviría como foro de aportación de
ideas, de debate y de análisis de las medidas que se pongan en marcha
con el objetivo de acabar con la violencia contra las y los
profesionales de la sanidad andaluza”, han explicado. De igual manera,
está pendiente la revisión anual del Plan de Prevención y Atención
frente a Agresiones a Profesionales del Sistema Sanitario Público de
Andalucía.
Según las cifras facilitadas por la Administración en la Mesa Técnica
de Prevención de Riesgos Laborales celebrada este jueves del global
andaluz, 362 de las agresiones denunciadas en 2024 fueron físicas (el
19,39%), mientras que 1.504 fueron verbales (el 80,61%).
“Es importante
concienciar a los profesionales de que las faltas de respeto, insultos y
amenazas también son agresiones y, por tanto, deben denunciarlas”, ha
resaltado el Sector de Sanidad, “por lo que desde CSIF intentamos hacer
pedagogía al respecto de forma continua con diferentes campañas de
información y sensibilización entre la plantilla del SAS”.
Por ámbito,
en Atención Primaria se produjeron el 52,52% de las agresiones y en
hospitales el 47,48%.
Asimismo, la Central Sindical ha subrayado que “para frenar la
escalada de violencia contra el personal de la sanidad también es
necesario contar con más profesionales en centros de salud y en
hospitales, aunque ya sabemos que la consejera no está por la labor como
demuestra su incumplimiento del Pacto de Atención Primaria, que
contempla el refuerzo de las plantillas”, ha lamentado CSIF, que ha
añadido que “nada justifica una agresión, pero es una realidad que el
incremento de personal redundaría en la calidad de los servicios
prestados y, probablemente, ayudaría a disminuir los casos de
agresiones”.
En cuanto a las causas de los actos violentos contra el personal del
SAS, estos se producen por causas relacionadas con demandas del usuario
(un 53,98% en Atención Primaria y un 20,43% en el ámbito hospitalario),
por desacuerdo con el trato o conducta en el acto profesional (14,08% en
centros de salud y el 21,22% en hospitales), por desacuerdo con las
normas de funcionamiento del centro (12,04% en Primaria y el 19,75% en
Hospitalaria), sin causa aparente (7,04% en Primaria y el 18,17% en
Hospitalaria) y, por último, por disconformidad con el tiempo de
atención en el centro (un 6,84% en Atención Primaria y el 7,34% en
hospitales).
Por último, para CSIF también es necesario contar con más personal de
seguridad en los centros sanitarios como medida de prevención.
