SEVILLA.- El Consejo de Gobierno andaluz ha aprobado en su reunión de este lunes
un paquete de medidas sociales y asistenciales cifrado en 94 millones de
euros con el que busca que la crisis sanitaria derivada del coronavirus
Covid-19 "no deje a ningún andaluz atrás" en materia social.
Así lo ha puesto de relieve el consejero de la Presidencia,
Administración Pública e Interior y portavoz del Gobierno andaluz de
PP-A y Ciudadanos (Cs), Elías Bendodo, en rueda de prensa junto al
consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, tras la reunión del
Consejo.
Bendodo ha detallado, por una parte, que dicho paquete de medidas
sociales incluye una extensión del programa de Refuerzo de Alimentación
Infantil, coordinado por las consejerías de Educación y Deporte y de
Salud y Familias, a 1.861 alumnos en riesgo de exclusión de 19 centros
concertados, y a otros 1.000 más de la educación pública.
En total, según ha indicado el consejero portavoz, "más de 20.000
alumnos andaluces en situación más vulnerable seguirán recibiendo en sus
domicilios, o donde acuerden sus centros, las tres comidas diarias" que
contempla el programa.
La Consejería de Educación, en coordinación con los ayuntamientos y
las empresas responsables de la distribución de los menús, ya ha
iniciado el reparto de comida por los distintos municipios a los alumnos
acogidos a este programa.
El reparto de estos alimentos se realiza dos veces en semana en
las dependencias municipales puestas a disposición por las corporaciones
locales. Las familias reciben los packs de desayuno y merienda que ya
se les venía entregando a este alumnado antes del cierre de los centros,
además de barquetas con el almuerzo.
Por otro lado, la Junta se ha comprometido a "facilitar todos los
trámites de forma telemática, en la página web de la Consejería de
Fomento", Infraestructuras y Ordenación del Territorio, "para agilizar
las ayudas para el alquiler de vivienda habitual a personas en situación
de especial vulnerabilidad".
Son unas ayudas que cuentan con un presupuesto global de 57
millones y que van a beneficiar a unas 17.000 familias o, lo que es lo
mismo, a unas 50.000 personas, según ha informado la Junta, que aclara
que se podrán abonar durante el presente año unos 48 millones de euros,
"dando respuesta a las familias, jóvenes y personas en situación de
vulnerabilidad que solicitaron la ayuda y que no deben verse afectadas
por la suspensión de los plazos administrativos como consecuencia de la
crisis del coronavirus".
Estas ayudas convocadas mediante la Orden de 30 de octubre de 2018
tienen un presupuesto de 57.143.793 euros para tres anualidades --2018,
2019 y 2020--, de los que se han emitido resoluciones favorables por
16.136.822 euros.
No obstante, "sólo se habían podido abonar 9.184.495 euros por
escollos encontrados en la tramitación", según expone la Junta. Con el
nuevo decreto ley, se estima necesario para agilizar los procedimientos
que la notificación de los actos administrativos se realice de manera
conjunta, mediante su publicación en el BOJA y en la página web de la
Consejería, dando aviso a las personas interesadas vía telefónica o por
correo electrónico.
Con estas ayudas se subvenciona el 40% de la renta a inquilinos
con ingresos limitados y el 50% a personas que hayan cumplido 65 años --
ambas ayudas con un complemento de hasta el 75% en el supuesto de que
se encuentren en situación de especial vulnerabilidad--, mientras que
los jóvenes menores de 35 años tienen derecho a una subvención del 50%
del alquiler, que no puede superar 600 euros al mes.
Con carácter general, el límite de ingresos para obtener la ayuda
es de 2,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples
(Iprem).
Por otro lado, desde la Junta van a "conceder todas las
solicitudes de renta mínima de inserción social previstas por
situaciones de emergencia social que se encuentran ahora en trámite de
resolución"; una medida de la que se estima que se van a beneficiar
5.000 familias.
En primer lugar, se procederá a dictar resolución de concesión,
dando por cumplidos todos los requisitos y estableciendo la cuantía en
función de la composición de la unidad familiar, de todas las
solicitudes de Renta Mínima de Inserción Social en situación de urgencia
o emergencia social ya presentadas, siempre que cuenten con el
correspondiente Anexo V del Decreto Ley que regula esta prestación,
acompañado de informe social.
Además, se procederá a dictar resolución, dando por cumplidos
todos los requisitos y estableciendo la cuantía en función de la
composición de la unidad familiar, de concesión de las solicitudes de
ampliación de esta prestación.
Por último, todas las prestaciones cuyo vencimiento se produzca
durante el tiempo en que se mantenga el estado de alarma se prorrogarán
de forma automática, considerándose como anticipo a cuenta de la renta y
quedando supeditadas a la posterior revisión.
Estas medidas tendrán vigencia mientras se mantenga el estado de
alarma declarado por la crisis del coronavirus, según ha aclarado que la
Junta, que, además, ha anunciado que está trabajando en la modificación
de la normativa que regula la Renta Mínima, teniendo como base las
conclusiones de la evaluación del primer año de ejecución del Decreto
Ley que regula la Renta Mínima, realizada en colaboración con la Red de
Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en Andalucía.
Asimismo, la Junta va a incrementar, hasta los 15.291.608 euros,
el presupuesto destinado al programa de Ayudas Económicas Familiares, lo
que supone un aumento de un 20% para el ejercicio 2020, así como las
medidas a implementar para la agilización de su gestión frente a la
situación de emergencia social.
El crédito de estas ayudas proviene de los presupuestos de la
Junta y del fondo del Ministerio competente en materia de infancia, de
forma que el Gobierno andaluz va a incrementar su partida hasta los
5.105.368 euros, mientras que, sobre el crédito procedente del
Ministerio, se destinan 10.186.240 euros.
Se trata de unas ayudas compatibles con la Renta Mínima de
Inserción Social en Andalucía, por lo que se pueden conceder
simultáneamente, según ha concretado Bendodo.
En concreto, las ayudas económicas familiares, reguladas mediante
el Decreto-Ley 7/2013, de 30 de abril, de medidas extraordinarias y
urgentes para la lucha contra la exclusión social en Andalucía, suponen
un conjunto de acciones dirigidas a la prevención de situaciones de
exclusión social o a la atención de las necesidades alimentarias más
urgentes de la sociedad andaluza.
De esta forma, se regula la gestión de estas ayudas mediante la
cooperación entre la Junta y las corporaciones locales de su territorio
para la adecuada atención de las necesidades básicas de los menores,
especialmente de alimentación y de provisión de leche de continuidad.
Sus criterios técnicos establecen la falta de recursos económicos
con unos límites de ingresos del conjunto de las personas integrantes de
la unidad familiar, sobre la base del Iprem vigente en doce
mensualidades y las familias que han de ser atendidas prioritariamente.
En la actualidad, hasta 77 entidades locales se encuentran
gestionando el Programa de Ayudas Económicas Familiares, a las que se ha
procedido a realizar "una serie de indicaciones sobre flexibilización
en la gestión que, dentro del marco jurídico establecido, permitan
contribuir a la celeridad y agilización en la tramitación durante este
periodo de crisis ocasionado por el Covid-19", según ha informado la
Junta.
