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La decimocuarta jornada de huelga general y manifestaciones de ayer quiso poner el foco sobre la batalla parlamentaria que se esta dando alrededor de la proposición de ley del grupo parlamentario LIOT (acrónimo de Libertés, Indépendants, Outre-Mer y Territoires), que pretende principalmente eliminar el paso a los 64 años como edad mínima para jubilarse y volver a los 62 años que había antes de la última reforma.
Por lo pronto, la jornada de huelga general del martes dejó varios titulares. En primer lugar, queda claro que la juventud ha venido para quedarse en el movimiento social, no solo por las docenas de miles de nuevas afiliaciones a los sindicatos, sino también por la continuidad que movimientos como el estudiantil y el ecologista están teniendo en la duración e intensificación de las protestas.
Tras las primeras huelgas de enero y con el debate sobre el modelo de jubilación en primera plana, el recorrido parlamentario de la ley estuvo marcado por el uso acumulativo de medidas del pretendido “parlamentarismo racionalizado” de la Constitución de la V República francesa.
La reforma de las pensiones, cuya medida principal sube la edad mínima para jubilarse de 62 a 64 años, fue finalmente adoptada el 20 de marzo mediante el uso del artículo 49.3 de esa misma Constitución, que permite al ejecutivo considerar la ley adoptada por el Parlamento sin que las cámaras la voten.
En aquel momento, solo faltaron nueve votos para que prosperara una moción de censura que hubiera derrocado al Gobierno de la Primera ministra Élizabeth Borne, alineado con las posiciones del presidente de la República, Emmanuel Macron.
Para entonces, ocho jornadas de huelga general y manifestaciones habían ya tenido lugar bajo el liderazgo de las organizaciones sindicales unidas.
En cada ocasión se agruparon entre un millón y 3,5 millones de personas, según la Confederación General del Trabajo, o entre 400.000 y 1,3 millones según el Ministerio del Interior. Una tras otra se fueron así alcanzando niveles de contestación no conocidos en las generaciones actuales de trabajadores y trabajadoras, aunque las huelgas no llegaron a ser tan multitudinarias como para bloquear el país de forma permanente, pese a las huelgas indefinidas en sectores estratégicos, como las refinerías de petróleo, los transportes o la recogida de basuras.
Aún así, un hecho se impuso tras la aprobación de la ley en marzo: la intensificación de las protestas en las calles, que se desató en una ola de manifestaciones no declaradas, no tan masivas como las anteriores demostraciones de fuerza de los sindicatos, pero más jóvenes y dinámicas, al tiempo que radicalizadas en sus formas de acción.
Este aumento de la tensión social se ha enfrentado a una fuerte represión policial, incrementada a medida que se intensificaban las movilizaciones. Custodias policiales masivas para asfixiar las manifestaciones, casos de violencia sexista contra mujeres detenidas en comisarias de Paris, humillaciones con amenazas contra jóvenes manifestantes, prohibiciones de toda congregación de personas en amplias zonas de la capital o el recientemente aprobado control de manifestantes mediante drones, son solo algunos de los ejemplos constatados.
Estos hechos han generado investigaciones y denuncias por parte de estamentos profesionales y sociales varios.
La intersindical que reúne las ocho principales organizaciones sindicales del país tampoco se ha rendido y ha seguido convocando jornadas de huelga general. Trece jornadas de huelga general y manifestaciones masivas en total, entre el 19 de enero y el pasado Primero de mayo. 2,3 millones de personas acudieron a las convocatorias de este día internacional de lucha para los derechos de las trabajadoras y trabajadores (800.000 según la policía), no se trataba de un Primero de mayo normal, ya que no se había visto una afluencia tan importante en este día desde 2002, manifestaciones que se habían dado entonces en un contexto especial, justo antes de la segunda vuelta de la elección presidencial que había visto enfrentarse al presidente Jacques Chirac y, por primera vez, al entonces líder de la extrema derecha Jean-Marie Le Pen.
Las caceroladas que persiguen desde mediados de abril el presidente Emmanuel Macron y sus ministros durante cada uno de sus desplazamientos continúan hasta hoy, aunque hayan perdido visibilidad mediática. Esto ha provocado que las agendas de los ministros sean cada vez menos públicas y las prohibiciones policiales cada vez más generalizadas, incluso excéntricas. De este modo, algunos prefectos (equivalentes a delegados del gobierno) han llegado a prohibir los “dispositivos de amplificación sonora” o los “dispositivos sonoros portátiles”, o sea las cacerolas.
A finales de mayo, unos militantes de la ciudad borgoñona de Dijon, que habían participado en una cacerolada el 7 de mayo, recibieron en sus buzones una multa de 68 euros por “emisión de ruido atentando contra la tranquilidad del vecindario o a la salud humana”. Más allá de la multa, el problema es que ninguno de ellos había sido identificado por la policía el 7 de mayo, lo que plantea la cuestión de cómo han sido identificados.
A pesar de que el fiscal de Dijon lo niega, la Liga de los derechos humanos considera que “la ausencia de control durante la manifestación demuestra que las multas han sido formuladas a posteriori fundándose en observaciones por videovigilancia”, aunque, según la ley, la infracción imputada no se puede constatar por ese método.
Los esfuerzos de los poderes públicos no han conseguido consolidar los cien días de apaciguamiento requeridos por el presidente Macron. Más bien, ha continuado una perturbación cotidiana permanente, tal como lo muestra la página internet 100 jours de zbeul, creada por el sindicato de informática de la Unión sindical Solidaries, que sigue contando los puntos de una competición entre los diferentes departamentos de Francia para medir quién es capaz de interrumpir más desplazamientos de los miembros del Ejecutivo.
El
Hérault (en Occitania) y la Seine-Saint-Denis (en la región parisina),
que lideraban hace un mes la competición, se encuentran ahora en quinta y
cuarta posición. Hay un empate en cabeza entre Paris y Lyon, mientras
que les sigue de cerca el Nord, el departamento más septentrional del
Hexágono.
Las prohibiciones de manifestaciones y de concentraciones también han sido ampliamente utilizadas para intentar acallar al movimiento popular, especialmente en el caso de oportunidades con una visibilidad tan relevante como la del Festival de Cannes.
En esa cita crucial del cine a nivel internacional, Justine Triet, ganadora este año de la Palma de Oro, criticó al gobierno desde el escenario del Palacio de los festivales. La realizadora francesa de Anatomie d’une chute (Anatomía de una caída) reivindicó, frente al auditorio y las cámaras de todo el mundo, que “este año el país ha estado atravesado por una contestación histórica, extremamente poderosa, unánime, de la reforma de la jubilación”, contestación que “ha sido negada y reprimida de forma chocante”, y también que “este esquema dominante cada vez más sin complejos ha estallado en varios ámbitos”, citando acto seguido los problemas de los que adolece la política cultural.
La lucha sigue repartida por ciudades grandes y pequeñas de toda Francia. Este martes, 9.000 manifestantes caminaron en las calles de Montpellier (Hérault, Occitania) según los sindicatos, en un ambiente que seguía siendo de carácter combativo. En el Hérault, además, hubo cinco ciudades donde acudir a manifestarse. Las múltiples citas del martes y su nutrida afluencia dan testimonio de que un alto nivel de movilización sigue en marcha.
Detrás del camión de la Unión sindical Solidaries, algunos eslóganes relacionaban la lucha para la jubilación y en defensa del clima, argumentando que “no habrá pensionistas en un planeta quemado”. Se ha hecho también un homenaje a Clément Méric, joven militante antifascista del sindicato Solidaries estudiantes, muerto un 5 de junio hace diez años a manos de un grupo de skinheads de extrema derecha.
Esta primera semana de junio podría ser la de las últimas maniobras de esta batalla contra la reforma de la jubilación impulsada por Macron. El secretario general de la Confederación francesa democrática del trabajo (CFDT) así lo afirmaba desde la manifestación parisina, que será “la última con este formato contra la reforma de la jubilación”, a pesar de que persiste “siempre una ira y un resentimiento”.
Una movilización con la cual habrá que “seguir trabajando sobre los salarios, el poder adquisitivo, las condiciones del trabajo y del dialogo social”, concluía.
Sophie Binet, la nueva secretaria general de la Confederación General del Trabajo, coincidía por su parte en considerar que quería “verdaderas negociaciones” sobre los salarios, los “decretos-leyes Macron”, sobre el código del trabajo y “la igualdad entre mujeres y hombres”. Estimaba por su lado, también desde el cortejo parisino, que era “probable que haya otras manifestaciones al ver la ira en el país” y que “la intersindical va a quedar unida”.
Los militares son adscritos a los diferentes Cuerpos en función de los cometidos que vayan a desempeñar: Ejército de Tierra, la Armada, el Ejército de Aire y los Cuerpos Comunes, si bien hay que saber que el sueldo depende del rango que tenga el militar, así como las escalas a las que este pertenezca, explica El Español.
No hace mucho tiempo, se aprobó una subida de las retribuciones de todos los militares con destino, de 100,6 euros para soldados y marineros; de 113,1 euros mensuales de media estimada para el empleo de brigada, y de 89,9 euros de media y como mínimo para comandantes o capitán de Corbeta.
En función del rango, se incluyen diferentes categorías de funcionarios con sueldos diferentes, pudiendo encontrar la siguiente clasificación:
Funcionario A1: los sueldos de esta categoría incluyen los siguientes rangos:
Funcionario A2: dentro de esta segunda categoría de funcionarios encontramos a:
Funcionario C1: en esta categoría se encuentran los siguientes rangos militares:
Los complementos son fundamentales para incrementar de manera considerable el sueldo de los militares, por lo que si quieres saber cuánto gana un militar en España debes tenerlos en cuenta. Entre los complementos se encuentran los siguientes:
Ser militar en España tiene una serie de beneficios, tanto a nivel personal como profesional, entre las cuáles hay que destacar los siguientes:
Precisamente, esta decisión ya se adoptó el 28-M en la ciudad autónoma y ahora se extiende a todo el territorio nacional. Si el elector no pudiera acudir personalmente a entregar la documentación, podrá otorgar una autorización para que la entrega sea realizada por otra persona. Dicha autorización deberá estar firmada por el elector y acompañarse de fotocopia de su DNI o documento análogo, según consta en el texto de la instrucción.
La coincidencia de las elecciones generales en periodo estival, el próximo 23 de julio, también ha llevado al organismo electoral a crear un nuevo eximente para formar parte de las mesas electorales.
De este modo, si la jornada electoral coincide con un desplazamiento o estancia de carácter vacacional, que haya sido contratado antes de la fecha de convocatoria de las elecciones, y cuya cancelación ocasione un perjuicio económico o un trastorno grave al solicitante, puede ser considerado como excusa por las juntas electorales de zona.
Esto es, para las personas que hayan contratado sus vacaciones antes del 29 de mayo y, además de la reserva, tengan pagado, parcial o totalmente, algún tipo de alojamiento, billete, etc. Eso sí, este eximente estará condicionado a que "se asegure la integración plena de las mesas y que se acredite documentalmente la debida antelación del contrato, así como el perjuicio económico o trastorno graves alegados".
El ministro de Turismo, Héctor Gómez, ya avanzó la pasada semana, durante una jornada organizada por la Mesa del Turismo, la necesidad de incluir como eximente para no tener que formar parte de una mesa electoral el tener un viaje contratado de antemano para la fecha de las elecciones.
Gómez también descartó que la convocatoria de las generales coincidiendo con temporada de vacaciones vaya a afectar al sector turístico, avanzando una previsiones al alza para el segundo cuatrimestre del año.
Los escándalos por los supuestos casos de fraude en el voto por correo el 28-M ya llevaron al Ejecutivo a plantear cambios en la ley electoral en línea con la instrucción adoptada hoy por la JEC. Una labor que anticipaban que en cualquier caso tendría que corresponder a los grupos parlamentarios en el Congreso, pero el adelanto electoral y la disolución de las Cortes Generales impidió que ni siquiera se llegara a sondear a los partidos.
Ya antes de la cita con las urnas de las municipales y autonómicas, la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno reconocía que la ley "es susceptible de mejora" y que, por tanto, "siempre se pueden observar elementos de mejora", en referencia a los requisitos para el voto por correo.
Con todo, se insistía en el mensaje, tras destaparse el supuesto fraude en Melilla y en contexto electoral, de que "lo prudente es poner en valor que el proceso es garantista". Asimismo se ponía en valor a las juntas electorales, con cuya actuación "han puesto de manifiesto que los mecanismos funcionan y se ha evitado el fraude".
Otras formaciones, como Ciudadanos, se adelantaron ya antes de las elecciones del 28-M registrando una proposición de ley para modificar la ley electoral en lo referente al voto por correo. Consistiría en modificar solamente el apartado 3 del artículo 73 para que la remisión en Correos del voto se deba realizar personalmente.
"El funcionario de Correos encargado de admitirla exigirá al interesado la exhibición de su documento nacional de identidad o, en su caso, la acreditación de la representación a la que se refiere". Vox propuso también endurecer las sanciones mediante una modificación del Código Penal, para que se incluya la realización de conductas dirigidas a influir o alterar el desarrollo de los procesos de voto, "con mayor gravedad cuando se lleven a cabo en colaboración con gobiernos extranjeros".
