La nueva legislación de costas puede suponer el "principio del fin" para los chiringuitos, según empresarios de playa

 SEVILLA.- El vicepresidente de la Federación Andaluza y Nacional de Empresarios de Playas (Faeplayas) y presidente de la Asociación de Chiringuitos de la Costa Tropical, Francisco Trujillo, ha advertido que la nueva modificación del Reglamento General de Costas en España podría suponer "el principio del fin del modelo tradicional del chiringuito".

El vicepresidente de Faeplayas ha señalado que desde la federación han solicitado varias reuniones al Ministerio de Medio Ambiente y al Secretario de Estado, pero ha asegurado que no lo han conseguido porque "anulan la reunión a última hora".

Trujillo ha asegurado que la incertidumbre generada ha afectado a los empresarios que desean realizar inversiones a largo plazo, ya que "donde había seguridad política, se dejará de tener un aspecto que nosotros siempre hemos demandado a la Administración", tras lamentar que la tranquilidad conseguida durante años "se ha perdido".

Trujillo ha expresado su preocupación por la aplicación de la normativa, especialmente respecto a las concesiones existentes, puesto que varias concesiones del litoral de Andalucía y de España "fueron otorgadas por 30 años, aunque renovables cada diez", ha aseverado, tras señalar la existente incertidumbre sobre la modificación del reglamento y la adaptación a la misma por parte de unos empresarios que han pronosticado "la transformación total de los establecimientos".

Preguntado por el cambio del modelo tradicional de chiringuito, Trujillo ha asegurado que "el modelo tradicional de chiringuito que todos conocemos en Andalucía va a desaparecer y transformará las economías de establecimientos en la playa y el propio turismo".

Respecto a la imagen turística de Andalucía, Trujillo ha destacado que "se van a perder esos valores tradicionales de la visión del establecimiento, puesto que durante décadas hemos sufrido muchas transformaciones pero siempre hemos mantenido el arraigo en la zona". 

Además, el vicepresidente de la Faeplayas ha señalado que la "apuesta clara" por el producto local y la promoción de la tradición andaluza en los chiringuitos "ha beneficiado a la zona y a sus visitantes".

Asimismo, respecto a la transformación en el concepto chiringuito que puede provocar esta nueva legislación, Trujillo ha reconocido "desconocer lo que va a venir en los próximos establecimientos que vengan a raíz de la modificación del reglamento", a su vez ha alertado sobre los problemas de adaptación que se derivarían de la entrada en vigor de la nueva normativa y ha subrayado que "a muchos empresarios les pillará en medio de una tramitación sin saber que reglamento se le va a aplicar".

El representante de Faeplayas ha criticado que la legislación se elabore desde Madrid sin comprender la realidad de las comunidades costeras, y ha señalado que la capital española "desconoce la idiosincrasia de cada comunidad autónoma y de cada provincia".

El vicepresidente ha lamentado que la modificación del reglamento "empeore la situación", tras haber estado "a punto de solucionar la problemática del sector en España". En esta misma línea, ha asegurado que "si la modificación sigue hacia delante, el sector va a estar en una posición como nunca antes ha estado"

"La modificación de la normativa no soluciona nada y vuelve a poner al sector en el filo de la navaja otra vez y no resuelve los problemas del sector de los chiringuitos españoles", ha concluido el vicepresidente.

Delegación del Gobierno recuerda a la Junta que la reforma del Reglamento de Costas "no afecta solo" a Andalucía y se adapta a la UE

 SEVILLA.- El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha defendido que la tramitación del Proyecto de Real Decreto que modifica el Reglamento General de Costas y el marco de compatibilidad con las estrategias marinas "afecta al conjunto del litoral español" y "no responde a una situación específica de Andalucía", misma vez que ha expresado que pretende "adaptar la normativa española a las exigencias del Derecho de la Unión Europea".

Ello, tras las declaraciones realizadas este miércoles por la consejera en funciones de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García, quien lamentaba que el Gobierno de España haya decidido "mantener sin cambios" este proceso pese a las reclamaciones expresadas por Andalucía.

En una comunicación oficial a medios, Fernández ha mostrado su "sorpresa" por estas afirmaciones y ha remarcado que esta modificación del Reglamento General de Costas "afecta al conjunto del litoral español y no responde a una situación específica de Andalucía".

Además, ha incidido en que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico está "analizando todas las contribuciones recibidas" y "continuará con la tramitación prevista hasta la aprobación de la norma" al respecto del Proyecto de Real Decreto que modifica el Reglamento General de Costas y el marco de compatibilidad con las estrategias marinas.

Asimismo, ha indicado que su objetivo es "adaptar la normativa española a las exigencias del Derecho de la Unión Europea en materia de ocupación del dominio público marítimo-terrestre para el desarrollo de actividades económicas".

"Se trata, por tanto, de una modificación de carácter estatal que establece un marco jurídico común para todo el litoral español", ha añadido.

Además, ha calificado de "llamativa" la advertencia de la consejera, que indicaba que "avanzar en una modificación reglamentaria sin atender estas cuestiones generará inseguridad jurídica, un marco normativo provisional y una mayor conflictividad competencial".

Al respecto, ha señalado que la reforma "persigue precisamente lo contrario: reforzar la seguridad jurídica, garantizando que el otorgamiento de concesiones para actividades económicas se lleve a cabo mediante procedimientos transparentes, imparciales y sujetos a concurrencia competitiva, en línea con los requerimientos trasladados por la Comisión Europea".

"La modificación del Reglamento General de Costas no impide el otorgamiento de concesiones ni supone el cierre de chiringuitos o de otros establecimientos existentes. Del mismo modo, no altera el reparto de competencias entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas", ha incidido el responsable.

Por todo ello, ha achacado las declaraciones de la consejera a la "ya habitual y continua estrategia de confrontar con el Gobierno de España", misma vez que ha esgrimido que "la modificación no produce una afección automática sobre los establecimientos actualmente instalados ni altera de forma inmediata las condiciones en las que desarrollan su actividad".

Una vez entre en vigor, según Fernández, las concesiones podrán seguir otorgándose, pero deberán tramitarse conforme al marco jurídico previsto en la normativa estatal, adaptada a las exigencias del Derecho de la Unión Europea.

Cabe mencionar que Andalucía ha reiterado su petición de paralización inmediata de las reformas del Reglamento de Costas y del Real Decreto 79/2019, reclamando la consejera en funciones nuevamente la convocatoria urgente de un proceso de diálogo real que permita abordar una reforma integral de la Ley de Costas "con garantías de coherencia normativa, respeto competencial y estabilidad en la gestión del litoral".

Andalucía pide parar reformas estatales del Reglamento de Costas y del marco de compatibilidad con estrategias marinas

 SEVILLA.- La Junta de Andalucía solicitará en la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente que se celebra este miércoles 8 de julio la paralización inmediata de la tramitación del Proyecto de Real Decreto que modifica el Reglamento General de Costas, al entender que una reforma de esta trascendencia exige un amplio consenso institucional y un escenario previo de cooperación efectiva y seguridad jurídica que proyecte ante la Comisión Europea una posición territorial cohesionada y no un escenario de confrontación entre comunidades autónomas y Estado.

Según ha detallado la Junta de Andalucía en una nota, la comunidad considera incomprensible abordar una modificación del reglamento sin haber realizado previamente una revisión integral de la Ley de Costas, y recuerda que cualquier actualización normativa debe ser consensuada con todas las comunidades autónomas con litoral, dado que estas reformas inciden directamente en sus competencias, en actividades económicas estratégicas, en sus modelos de gestión y en realidades territoriales muy diversas.

En este contexto, el Gobierno andaluz ha defendido que transformaciones de este alcance deben abordarse mediante un proceso previo de diálogo, cooperación y concertación entre administraciones. 

Además, la Junta ha subrayado la necesidad de revisar aspectos del actual modelo de gestión litoral, avanzar en la simplificación administrativa --especialmente en las autorizaciones temporales vinculadas a actividades y servicios de temporada--, reforzar los mecanismos de cooperación inter-administrativa y abrir un debate sobre la financiación asociada a la gestión del dominio público marítimo-terrestre y los recursos necesarios para garantizar su adecuada conservación y protección.

Asimismo, Andalucía solicita la paralización inmediata de la tramitación del Proyecto de Real Decreto que modifica el Real Decreto 79/2019, relativo al informe de compatibilidad y a los criterios de compatibilidad con las estrategias marinas, hasta que pueda abrirse un proceso efectivo de diálogo y concertación con las comunidades autónomas afectadas que permita analizar con rigor sus implicaciones jurídicas, competenciales, ambientales y socioeconómicas.

En esta línea, la Junta ha recordado que "la gran mayoría de comunidades autónomas coincidimos en que cualquier reforma de la normativa estatal de costas debe sustentarse en los principios de lealtad institucional, cogobernanza, participación efectiva de los territorios afectados y respeto a las competencias autonómicas, garantizando en todo momento la protección ambiental, la seguridad jurídica y el desarrollo sostenible de las actividades económicas vinculadas a la costa y al mar".

Así, ha indicado que "ninguna de estas premisas se ha cumplido en la redacción y tramitación del Proyecto de Real Decreto impulsado por el Gobierno de España". 

Por tanto, Andalucía considera que la participación autonómica en la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente debe ser real y efectiva, especialmente cuando se abordan reformas que condicionan directamente el ejercicio de competencias propias, ya que limitar estos debates a simples exposiciones informativas vacía de contenido la función cooperativa de la Conferencia y priva a los territorios de capacidad de influencia en decisiones que afectan a sus procedimientos administrativos y a su gestión del litoral.

Por otro lado, la Junta ha manifestado que es "imprescindible" que el Estado incorpore a la Comisión Europea las alegaciones de las comunidades autónomas en el procedimiento de infracción abierto por la normativa estatal sobre concesiones en el dominio público marítimo-terrestre, dado que estas administraciones gestionan actualmente los títulos afectados y no han sido consultadas en dicho proceso.

Por último, el Gobierno andaluz ha advertido que no puede avanzarse en una modificación reglamentaria parcial mientras permanezcan inalteradas las disposiciones legales señaladas por la Comisión, pues ello generaría inseguridad jurídica y un marco normativo provisional. 

La Junta estima, por tanto, que cualquier revisión del Reglamento General de Costas debe ir precedida de una reforma integral de la Ley de Costas que garantice coherencia normativa, respeto competencial y estabilidad en la gestión del litoral.

La Junta pide suspender la reforma de Costas y el decreto de estrategias marinas hasta abrir un diálogo con las autonomías

 SEVILLA.- La Junta de Andalucía ha defendido la necesidad de que el Gobierno de España suspenda la tramitación de las reformas del Reglamento General de Costas y del Real Decreto 79/2019 sobre compatibilidad con las estrategias marinas, hasta que exista "un proceso de diálogo leal, transparente y con participación efectiva de las comunidades autónomas".

Así lo ha expuesto la Administración autonómica en una nota después de que, en la tarde de este lunes, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico haya rechazado incluir en el orden del día de la reunión de la Comisión Sectorial de Medio Ambiente los dos puntos relativos a la suspensión de la tramitación de ambas normativas, a petición de la práctica totalidad de las comunidades con litoral.

En el escrito, dirigido a la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagensen, ha pedido la paralización "inmediata" de los dos proyectos normativos y la convocatoria, a la "mayor brevedad posible", de una reunión específica de la Sectorial, para su análisis conjunto, de tal manera que "se propicie un proceso basado en la lealtad institucional, la cogobernanza y que garantice la seguridad jurídica", por lo que ha insistido en la suspensión de la tramitación hasta que se haga efectivo el mencionado proceso de diálogo.

La Junta ha recordado que, en los últimos días, además de Andalucía, las comunidades de Galicia, Cantabria, País Vasco, Cataluña, Comunidad Valenciana, Baleares y Canarias han reiterado públicamente la "preocupación" conjunta por la reforma del Reglamento General de Costas, denunciando "la ausencia de consenso y el riesgo de invasión competencial".

Andalucía ha considerado que, con el planteamiento que ha hecho el Ministerio, "se pretenden limitar concesiones ya otorgadas, restringir nuevas autorizaciones y alterar las reglas del juego con la partida iniciada".

 Además, ha reivindicado que "no se puede abordar una reforma de tal calado sin escuchar a quienes gestionamos el litoral día a día". 

"La seguridad jurídica, la estabilidad normativa y la cooperación institucional no son opcionales, sino que representan la base de una buena gestión pública", ha apostillado.

Así las cosas, la Junta ha reiterado que la modificación del Real Decreto 876/2014 afecta directamente a competencias autonómicas ya asumidas o en proceso de asunción por ocho comunidades litorales. 

En este sentido, ha subrayado que cualquier modificación del Reglamento General de Costas "conlleva una evidente incidencia sobre el ámbito competencial autonómico y requiere necesariamente de mecanismos de cooperación y participación, algo que no se está produciendo en este momento".

En este contexto, la Junta ha aclarado que "no cuestiona la necesidad de mejorar la protección del litoral, pero sí el procedimiento seguido", toda vez que ha manifestado que "proteger mejor exige gestionar mejor, y gestionar mejor exige diálogo".

 "No puede haber recentralización encubierta ni decisiones unilaterales que generen inseguridad jurídica a ciudadanos y sectores económicos", ha argumentado.

Del mismo modo, el Gobierno andaluz ha expuesto que la reforma del Real Decreto 79/2019 sobre compatibilidad con las estrategias marinas "puede condicionar de manera directa actuaciones autonómicas en puertos, pesca, acuicultura, infraestructuras, ordenación del territorio y medio ambiente". 

Así, ha indicado que se trata de un mecanismo de control e informe previo con capacidad para "condicionar el desarrollo de numerosas actuaciones públicas y privadas".

La Junta ha reivindicado que el medio marino es "un espacio compartido" y su gestión "debe hacerse desde la cooperación, no desde la imposición", por lo que ha exigido "rigor técnico, participación real y respeto al marco competencial". 

"Las comunidades autónomas estamos dispuestas a trabajar, aportar y mejorar la normativa, pero necesitamos un espacio real de diálogo", ha abundado.

Andalucía refuerza el frente común autonómico ante la reforma del Reglamento General de Costas

 SEVILLA.- Andalucía mantiene que el modelo actual de gestión del litoral es "ineficiente, excesivamente centralizado y generador de conflicto jurídico". Así lo ha trasladado la Junta, a través de la directora general de Sostenibilidad Ambiental y Economía Circular de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Carmen Jiménez Parrado, a los representantes de las comunidades autónomas de Canarias, País Vasco, Cantabria, Comunidad Valenciana, Galicia, Islas Baleares y Cataluña, en el marco de la reunión interautonómica celebrada en Barcelona el pasado martes.

Tal y como ha emitido el Gobierno andaluz en una nota, en el encuentro se ha confirmado el "amplio consenso existente" entre autonomías para reformar el actual modelo de gestión del litoral y ha servido para avanzar en la coordinación de una posición común ante la "inminente" aprobación del nuevo Reglamento General de Costas.

En esta línea, la Administración autonómica ha insistido en la necesidad de continuar reclamando al Estado "transparencia, lealtad institucional y seguridad jurídica" en la modificación del marco normativo del litoral.

 Al respecto, se ha incidido en que Andalucía ha pedido al Miteco "en varias ocasiones" la convocatoria de la Comisión Mixta Paritaria Gobierno-Junta para abordar esta cuestión.

En este sentido, la Junta ha sostenido que nos encontramos en una situación de "bloqueo institucional" derivado de la "falta de diálogo" con el Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, con actuaciones unilaterales por parte del Estado y "sin que exista una coordinación territorial".

 En este sentido, cabe alertar de la "alta inseguridad jurídica" que conlleva este escenario, con "numerosos litigios y retrasos estructurales", así como de la "duplicidad administrativa entre el Estado y las comunidades autónomas".

En este contexto, en la reunión se han identificado riesgos asociados a la aprobación del nuevo Reglamento, entre ellos una posible recentralización de competencias mediante el incremento de informes estatales vinculantes, la paralización de proyectos estratégicos "por la lentitud administrativa", la "pérdida de coherencia territorial en la gestión del litoral" y el impacto sobre sectores productivos como la pesca o la hostelería implantada en las zonas costeras.

Así las cosas, el Gobierno andaluz ha valorado que las comunidades hayan reafirmado la intención de definir una hoja de ruta compartida frente a la futura reforma de la Ley de Costas, basada en la necesidad de mayor autonomía efectiva en la gestión del litoral, la clarificación del reparto competencial, la demanda de una normativa más flexible y adaptada a las realidades territoriales y la defensa de una gestión sostenible con capacidad de decisión propia.

Para el Ejecutivo autonómico, "proteger mejor exige gestionar mejor", teniendo en cuenta que la normativa vigente "no responde a los desafíos actuales, como la erosión costera, que ya afectan a numerosos tramos del litoral andaluz".

En suma, la reunión se han acordado líneas de acción a corto, medio y largo plazo, que incluyen la coordinación interautonómica, la solicitud de una Conferencia Sectorial de Costas, el envío de comunicaciones conjuntas al Ministerio y a instituciones europeas, la evaluación de acciones jurídicas frente al Reglamento, el refuerzo de la presión institucional y mediática, la implicación de ayuntamientos y sectores económicos, y el impulso de una reforma integral de la Ley de Costas que permita "un modelo más flexible, coherente y respetuoso con las competencias autonómicas".

El PP celebrará una sesión monográfica en el Senado sobre la Ley de Costas con los gobiernos autonómicos

 CARTAGENA.- La portavoz del Partido Popular en el Senado, Alicia García, ha anunciado este jueves en Cartagena la convocatoria de una sesión monográfica el próximo 6 de mayo en la Comisión General de Comunidades Autónomas para abordar la problemática de la Ley de Costas, según ha informado el PP.

La cita parlamentaria, a la que están invitados todos los Gobiernos regionales y el Ejecutivo central, tiene como objetivo debatir una norma que, según la portavoz, genera indefensión en los propietarios del litoral.

Alicia García  ha avanzado que en dicha sesión se aprobará una iniciativa para exigir una "revisión ordenada, seria y consensuada" de toda la normativa costera.

Asimismo, pedirá la convocatoria urgente de la Conferencia Sectorial y que Francina Armengol libere las proposiciones de ley del PP que, según denuncia, la delegada del Gobierno en el Congreso tiene "secuestradas".

Durante un encuentro con afectados, la portavoz ha comparado la gestión de Pedro Sánchez con el chavismo al afirmar que "del 'exprópiese' hemos pasado al 'derríbese'" y ha criticado el uso de un "ecologismo de pacotilla para defender intereses ocultos".

Asimismo, ha reivindicado al PP como el partido de la "seguridad jurídica y la defensa de la propiedad privada" y ha subrayado que proteger el litoral "no puede significar arrasar con la vida de quienes forman parte de él".

El PSOE de Cartagena acusa al PP de "cinismo" por criticar una Ley de Costas que "no modificó cuando pudo"

El PSOE de Cartagena ha tildado este jueves de "cinismo" la postura del PP respecto a la Ley de Costas, tras el acto celebrado en la ciudad portuaria por los 'populares' para analizar los efectos de esta norma, según ha informado el partido.

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Manolo Torres, ha indicado que la legislación actual emana de la reforma que el PP aprobó en 2013 bajo la presidencia de Mariano Rajoy, por lo que ha acusado a los dirigentes actuales de criticar su propia "herencia".

"Lo único que han hecho los concejales, diputados, alcaldesa y presidente del PP es criticar lo que no fueron capaces de modificar sus propios compañeros", ha señalado Torres, quien ha afirmado que los 'populares' no han explicado este extremo porque "no les interesaba".

En esta línea, ha denunciado que el PP intente presentarse como el "salvador del litoral" cuando, según ha precisado el dirigente socialista, "no modificaron las cuestiones que hoy critican cuando la reformaron en 2013".

La Junta reclama una nueva Ley de Costas que refuerce la seguridad jurídica y atienda la realidad territorial del litoral

 SEVILLA.- La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha informado este jueves en el Parlamento de la posición de varias comunidades autónomas, entre ellas Andalucía, que han reclamado al Gobierno de España la puesta en marcha de una nueva Ley de Costas que tenga en cuenta la realidad territorial actual y que aporte "mayor seguridad jurídica a ciudadanos, ayuntamientos y actividades económicas vinculadas al litoral".

Durante su intervención en la sesión de control del Pleno del Parlamento andaluz, la consejera ha explicado que el actual marco normativo se aprobó hace décadas y que, desde entonces, el contexto territorial y ambiental del litoral español ha experimentado "cambios profundos que aconsejan revisar las herramientas de gestión disponibles".

En este sentido, García ha indicado que la evolución de la costa y los efectos asociados al cambio climático obligan a replantear algunos instrumentos normativos. Sobre ello, ha destacado que en numerosos tramos del litoral se están produciendo fenómenos como la regresión de las playas o la erosión costera, "circunstancias que exigen políticas públicas capaces de dar respuesta a una realidad cambiante", ha afirmado.

Asimismo, la consejera ha subrayado que uno de los aspectos que ha suscitado mayor preocupación en distintos territorios ha sido la política de deslindes aplicada en algunos tramos del litoral, que en determinados casos ha afectado a núcleos tradicionales, viviendas o actividades económicas asentadas desde hace décadas.

En esta línea, ha defendido la necesidad de avanzar hacia un nuevo marco normativo que tenga en cuenta la diversidad territorial del litoral español y que permita compatibilizar la protección ambiental con la seguridad jurídica de los ciudadanos. 

"La protección del litoral es irrenunciable, pero también proteger mejor significa gestionar mejor", ha añadido.

La consejera también ha sostenido que la normativa actual debe adaptarse a la realidad territorial y competencial existente, teniendo en cuenta el papel que desempeñan las comunidades autónomas en la gestión del territorio y en la protección ambiental.

En su intervención, ha insistido en que el litoral constituye "un espacio de gran valor ecológico, social y económico que requiere instrumentos de gestión eficaces y actualizados". 

Asimismo, ha hecho hincapié en que varias comunidades autónomas han solicitado la convocatoria urgente de la Conferencia Sectorial de Costas con el objetivo de abordar de forma conjunta los retos que afronta el litoral y abrir un proceso de diálogo institucional con el Gobierno de España.

En este contexto, Catalina García ha trasladado el rechazo del Gobierno andaluz a la modificación del Reglamento General de Costas y a la modificación del Reglamento de Estrategias Marítimas. 

"Estas modificaciones se han planteado sin el consenso necesario con las comunidades autónomas y sin atender adecuadamente a la realidad territorial de nuestras costas", ha expresado.

A su juicio, cualquier cambio normativo en una materia tan sensible debe contar con la participación activa de las comunidades autónomas. 

"Las decisiones sobre el litoral no pueden adoptarse de espaldas a quienes gestionan el territorio y conocen de primera mano la realidad de nuestras costas", ha sostenido.

Un estudio de la ONU sitúa a España entre los países con legislación de costas más dura para los ciudadanos

 GINEBRA.- La Comisión Económica para Europa de Naciones Unidas (UNECE) ha presentado en Ginebra los resultados preliminares de un estudio internacional sobre la regulación del suelo en zonas colindantes con masas de agua, en una jornada que ha contado con la participación de expertos académicos y representantes gubernamentales de distintos países.

Entre los asistentes se encontraban 54 asociaciones costeras españolas, invitado por la UNECE por su representatividad de colectivos afectados por la aplicación de la Ley de Costas y por la falta de inversión y mantenimiento en el litoral español.

El trabajo, coordinado por la catedrática de Economía Aplicada de la Universidad de Alicante Paloma Taltavull, analiza seis ámbitos: titularidad del suelo adyacente a masas de agua, competencias administrativas, cambios en la propiedad y mecanismos de transmisión, implicaciones vecinales y comunales y su vertiente registral. El estudio recoge respuestas de hasta 26 Estados.

Tras esta presentación, la UNECE prevé publicar el estudio definitivo junto con sus conclusiones y recomendaciones, con el objetivo de que los Estados puedan evaluar y, en su caso, alinear sus marcos normativos con los criterios que se establezcan.

Titularidad del suelo y dominio público

Según los resultados preliminares, los terrenos situados frente al mar están, en la mayoría de los países analizados, sujetos a regímenes regulatorios específicos, con una prevalencia de la titularidad pública (en torno al 51 %) frente a la propiedad privada sometida a restricciones (aproximadamente el 31 %). Estos enfoques regulatorios se aplican principalmente en el ámbito costero, aunque también se extienden a ríos y lagos bajo distintos regímenes jurídicos.

El estudio identifica como un aspecto relevante el derecho de propiedad en las zonas costeras y la frecuencia de cambios de titularidad del suelo desde el ámbito privado al público, un fenómeno reportado por más del 80 % de los Estados encuestados.

Mecanismos de transferencia y efectos sobre los derechos

El informe señala que las transferencias de terrenos privados al sector público no se producen exclusivamente mediante expropiación, sino también a través de venta, donación o herencia, lo que da lugar a titularidad pública en aproximadamente la

mitad de los casos. Asimismo, indica que los mecanismos de expropiación no suelen aplicarse del mismo modo que en otros supuestos de interés público, como las infraestructuras viarias, lo que ha favorecido la configuración de un estatus específico de los terrenos costeros de titularidad pública.

En torno al 20 % de las respuestas se refieren de forma expresa a la clasificación como dominio público, generalmente asociada a compensaciones limitadas. Como consecuencia de estos cambios de titularidad, el estudio constata que los derechos de los antiguos propietarios privados pueden verse reducidos o modificados, con situaciones que varían entre países: desde la existencia de compensación económica en algunos casos, hasta su ausencia en otros, o la conservación de una posición jurídica similar a la de un arrendatario.

Estas prácticas, según recoge el informe, son percibidas en ocasiones como expropiaciones sin garantías suficientes, lo que pone de relieve la necesidad de clarificar los marcos normativos. El estudio identifica, además, otros desafíos, como la aplicación incompleta de los procedimientos de registro y las restricciones significativas asociadas al estatus de dominio público.

España en el contexto comparado

Durante el turno de intervenciones, representantes españoles señalaron que, a la luz del análisis comparado presentado, el caso español se sitúa entre los modelos más restrictivos, especialmente en lo relativo al impacto de la regulación sobre los particulares y a los mecanismos de participación pública en la elaboración normativa.

El estudio recoge, en contraste, ejemplos como Grecia, donde no se permiten playas privadas pero sí concesiones limitadas bajo condiciones de mantenimiento, accesibilidad y garantía de uso público, o Finlandia, que presenta un modelo con mayor flexibilidad regulatoria y protagonismo municipal, sin una franja pública obligatoria generalizada entre el mar y la propiedad privada.

Reforma normativa y gobernanza del litoral

Desde España se subraya que el modelo español de costas, implantado en 1988 y modificado parcialmente en 2013, no ha resuelto de forma satisfactoria los problemas de gobernanza del litoral, y que existe un amplio debate técnico y social sobre la necesidad de revisar el marco normativo.

La organización recuerda que una propuesta de modificación de la Ley de Costas permanece bloqueada en la Mesa del Congreso desde hace más de un año, pese a haber sido tramitada en ambas Cámaras, y destaca la importancia de abordar cuestiones como la protección de los núcleos históricos y etnológicos del litoral.

El estudio de la UNECE, concluyen, se configura como un marco de referencia internacional para orientar futuras reformas legislativas en materia de costas.

Valero (IU) critica que la Junta "no hace nada" frente al "problema serio" del "alga invasora" en las costas andaluzas

 SEVILLA.- El coordinador general de Izquierda Unida (IU) Andalucía, Toni Valero, ha criticado este viernes que la Junta "no hace nada" frente al que ha considerado como un "problema serio", en referencia al que plantea "desde hace varios años la expansión de un alga invasora en las costas andaluzas, especialmente en la provincia de Cádiz".

En unas declaraciones distribuidas a los medios de comunicación, el también diputado nacional de Sumar por la provincia de Málaga ha subrayado este viernes que la invasión de esta especie de alga "está provocando graves consecuencias medioambientales", así como "poniendo en riesgo sectores económicos estratégicos como el turismo o la pesca".

Valero ha advertido de que, "sólo entre el 1 de mayo y el 13 de julio" pasados "se han retirado más de 1,2 millón de kilos de este alga sólo en la playa de la Caleta de Cádiz", y ha indicado que "los ayuntamientos afectados están sobrepasados por este fenómeno, y por eso han solicitado la intervención de la Junta de Andalucía".

En esa línea, el dirigente andaluz de IU ha comentado que, "mientras los ayuntamientos destinan recursos económicos y humanos para la limpieza de las orillas a diario, la Junta de Andalucía no hace nada ni ayuda a quitar las algas".

"El Gobierno andaluz usa las playas andaluzas como reclamo turístico, pero no hace nada frente al alga invasora", ha incidido en criticar Toni Valero, que ha remarcado que "la expansión del alga invasora hay que tomársela en serio", y "hace falta una respuesta integral y coordinada entre ayuntamientos, Junta de Andalucía y Ministerio".

Al hilo, el representante de IU y de Sumar en el Congreso de los Diputados ha explicado que, "ante la inacción del Gobierno andaluz, hemos pedido al Ministerio que intervenga, que considere declarar la situación como emergencia ecológica y dar recursos extraordinarios a los ayuntamientos afectados para eliminar el alga invasora".

Andalucía firma un manifiesto autonómico por la defensa del litoral español y pide más seguridad jurídica y recursos

 SEVILLA.- La Junta de Andalucía ha suscrito este martes, junto a las comunidades autónomas de Galicia, Comunidad Valenciana, Islas Baleares, Región de Murcia y Canarias, un manifiesto conjunto por la defensa del litoral español y su gestión responsable.

El documento, rubricado por los responsables autonómicos en materia de Costas durante un acto celebrado en la ciudad de Valencia, denuncia las carencias del actual marco normativo estatal, la falta de inversiones por parte del Gobierno de España y la necesidad urgente de reformar la Ley de Costas para adaptarla a las realidades territoriales de cada comunidad.

En representación del Gobierno andaluz ha participado la directora general de Sostenibilidad Ambiental y Economía Circular, Carmen Jiménez, quien ha afirmado que "hemos dado un paso importante para reivindicar que el litoral es mucho más que una línea de costa: es un espacio natural, económico, cultural y social que requiere atención inmediata y un modelo de gobernanza eficaz y corresponsable entre administraciones".

La firma del manifiesto ha tenido lugar en el marco de las jornadas "La Ley de Costas estatal desde una perspectiva autonómica", organizadas en Valencia para reflexionar sobre la evolución de la legislación costera desde la experiencia de las comunidades con competencias transferidas.

Carmen Jiménez ha intervenido en una mesa redonda junto a otros responsables autonómicos, donde ha trasladado la posición de Andalucía y los desafíos que afronta la región ante la creciente presión normativa, la inseguridad jurídica y los efectos del cambio climático sobre el litoral.

El manifiesto suscrito pone de relieve la ausencia de criterios técnicos claros y coherentes por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en el establecimiento de los límites del dominio público marítimo-terrestre, lo que genera incertidumbre jurídica y social, especialmente en un contexto de erosión costera e inundaciones cada vez más frecuentes.

Además, denuncia que el actual modelo de gobernanza obstaculiza una gestión eficaz del litoral por parte de las comunidades autónomas, que son quienes mejor conocen la realidad de sus costas.

Entre las principales reclamaciones, el texto exige la cesión de los ingresos por cánones vinculados al uso del dominio público marítimo-terrestre a las comunidades autónomas, el impulso de una reforma legislativa que permita ejercer plenamente sus competencias.

También se pide protección legal para núcleos costeros con valores históricos y etnológicos, y una resolución pactada del procedimiento de infracción abierto contra España por la Comisión Europea, con participación activa de las comunidades afectadas.

La directora general ha sostenido que "se ha hecho evidente que el marco legal vigente no responde ni a la diversidad del territorio español ni a los principios de eficacia que requiere una correcta gestión del litoral. Las comunidades con litoral tenemos experiencia, conocimiento y herramientas, pero necesitamos contar con respaldo legal, coordinación institucional y recursos".

La directora general ha señalado que la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente impulsa herramientas como la Zonificación del Litoral o el Inventario de Ocupaciones, que permiten gestionar con rigor, adaptando las decisiones a la realidad de cada tramo de costa y priorizando criterios de sostenibilidad.

Gracias a estos instrumentos, Andalucía tramita una media de 3.000 expedientes al año, incluyendo autorizaciones, concesiones, planes de playa y declaraciones responsables.

Además, ha destacado la apuesta por la transformación digital con la puesta en marcha de la herramienta OLA (Ordenación del Litoral Andaluz), que integra información técnica, cartográfica y administrativa en un único entorno de trabajo.

Respecto al cambio climático, ha subrayado el compromiso andaluz con la planificación basada en evidencia científica, citando proyectos como ICCOAST o el estudio del efecto Bruun. "Contar con modelos predictivos y mapas de riesgo nos permite priorizar actuaciones y anticipar decisiones en los puntos más vulnerables de nuestra costa", ha afirmado.

También ha expresado su preocupación por la inseguridad jurídica derivada del actual procedimiento de infracción abierto por la Comisión Europea, señalando que Andalucía mantiene más de 400 expedientes bloqueados debido a los cambios de criterio del Ministerio de Transición Ecológica.

"Este bloqueo no solo paraliza inversiones y actividades, sino que genera una gran incertidumbre empresas y ciudadanía. Las comunidades necesitamos seguridad jurídica para ejercer con eficacia nuestras competencias", ha sostenido. 

Por último, ha reivindicado la necesidad de avanzar hacia un nuevo marco normativo que recoja las singularidades de cada territorio y refuerce la cooperación entre administraciones.

La Junta reedita un programa con 14 rutas de autobús este verano entre el interior y el litoral malagueño

 MÁLAGA.- La delegada territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, María Rosa Morales, ha informado de que la nueva edición del Programa Estival de Transporte al Litoral contará con 14 rutas de autobús que facilitarán el transporte público de los habitantes de más de 50 localidades y núcleos de la provincia de Málaga.

Según ha informado en una nota la Junta, Morales ha incidido en la "consolidación de un programa que ya forma parte del verano" y que tiene como principal virtud "acercar las comarcas del interior a nuestras playas de forma cómoda y asequible".

Se trata, ha añadido, "de ofrecer un servicio interurbano a los vecinos de los pueblos de interior para que puedan pasar un día de playa sin necesidad de tener que coger coche, contribuyendo a mejorar la accesibilidad al litoral en época estival ofreciendo un sistema alternativo".

Este programa se puso en marcha en 2019 y desde entonces "ha demostrado que podemos confiar en el transporte público y dejar el vehículo privado en casa también en vacaciones". La inversión para el funcionamiento de este servicio asciende a más de 41.700 euros.

El principal objetivo del programa es garantizar la conexión en transporte público para disfrutar del entorno litoral de una forma cómoda y asequible, más allá de la oferta y refuerzo que ya ofrecen los Consorcios del Transporte Metropolitanos, ha explicado la Junta.

Según detalla, consiste en un servicio público interurbano de viajeros desde poblaciones del interior que disten menos de una hora de la costa para trayectos que no cubren las actuales concesionarias. Los servicios se activan en la mayoría de los casos los fines de semana, domingos y festivos de julio y agosto, aunque algunas rutas prestan servicio también entre semana.

Málaga es la provincia con más presencia del Programa Estival de Transporte al Litoral, con 14 rutas. Seis de ellas tendrán como destino la playa de Torre del Mar, en Vélez-Málaga: Corumbela-Daimatos-Arenas (sábados), Salares-Sedella-Canillas de Aceituno (sábados), Alcaucín-Puente de Don Manuel-La Viñuela-Los Gómez-Los Ramírez-Los Vados-Trapiche (sábados), Iznate-Benamocarra (sábados), Comares-Benamargosa-Triana (domingos) y Cútar-El Borge-Almáchar (domingos).

Dos rutas operarán con destino a la playa de Sabinillas (Manilva), ambas con punto de partida en Atajate y Jimera de Líbar, pero con distinto recorrido: una de ellas irá por Cortes de la Frontera-Estación Cortes de la Frontera-Algatocín-Benarrabá-Gaucín (los sábados 5 y 19 de julio, y los días 2, 16 y 30 de agosto) y la segunda transcurrirá por Benadalid-Benalauría-Algatocín-Benarrabá y Gaucín (los sábados 12 y 26 de julio y el 9 y 23 de agosto).

El resto de rutas malagueñas en autobús parten de El Valdés y Moclinejo hasta Playa del Rincón de la Victoria (los sábados), de Istán a Playa de Marbella (sábados), de Cuevas San Marcos, Cuevas Bajas, Villanueva de Algaidas y Cartaojal, con destino a la playa de la Carihuela de Torremolinos (los sábados), El Burgo, Yunquera, Jorox, Alozaina, Casarabonela, Zalea y Cerralba con final en la playa de los Álamos de Torremolinos y el Parque Acuático (los sábados), y, por último, desde Árchez, Canillas de Albaida, Cómpeta, Sayalonga y Algarrobo hasta la Playa del Algarrobo (los domingos).

El alcalde de Mojácar exige al Gobierno central la reparación "urgente" del litoral tras los temporales

 MOJÁCAR.- El alcalde de Mojácar, Francisco García (PP), ha remitido una carta "urgente" a la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, en la que exige una actuación "inmediata" y "coordinada" para restaurar las playas del municipio.

El regidor ha dado este paso ante el "grave deterioro" que ha sufrido el litoral después de los últimos temporales de invierno. 

Según ha indicado el Consistorio en una nota, las playas constituyen un elemento "fundamental" para el turismo, el empleo y la imagen del destino, "especialmente de cara a la próxima temporada turística".

"Nuestra prioridad es garantizar la seguridad y la calidad del destino que ofrecemos. No podemos hablar de turismo si no cuidamos lo esencial: nuestras playas. Por eso hemos solicitado al Gobierno de España una actuación urgente y coordinada para regenerar nuestro litoral tras los daños sufridos por los temporales", ha declarado García.

Las playas de Mojácar han sufrido daños "sin precedentes" con pérdida de arena, afloramiento de rocas, estructuras destrozadas y tramos "completamente inutilizables para el uso público". Zonas como Marina de la Torre, La Rumina, El Palmeral o El Cantal presentan un aspecto "muy deteriorado cuando faltan escasos meses para el inicio del verano".

Desde el Ayuntamiento se han iniciado contactos con el Servicio Provincial de Costas, técnicos medioambientales y empresas especializadas para coordinar un plan de regeneración del litoral. Paralelamente, se han tramitado los contratos de servicios de temporada con la previsión necesaria.

"Sabemos que nuestras playas son el corazón de Mojácar. Las vamos a recuperar, con o sin la ayuda del PSOE, pero sería deseable que todos remáramos en la misma dirección", ha manifestado el alcalde 'popular'.

El Ayuntamiento ha recordado que el municipio es uno de los principales destinos turísticos de Andalucía, con más de 800.000 pernoctaciones anuales y un modelo de desarrollo basado en la sostenibilidad costera.

Así, el Consistorio ha reiterado su "compromiso" con una acción "rápida y eficaz" para recuperar el litoral, pero ha subrayado que es "necesario que el Servicio de Costas, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, asuma su responsabilidad y tome medidas urgentes para restaurar las playas del municipio".

Paralelamente, el Ayuntamiento ha activado los procedimientos necesarios para garantizar los servicios de temporada en las playas del municipio y ha publicado el anuncio de convocatoria de licitación para la autorización de ocupación del dominio público marítimo-terrestre destinada a la explotación de estos servicios.

Esta licitación se lleva a cabo una vez que la Delegación Territorial de la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul otorgara la preceptiva autorización.

En este sentido, García ha señalado que son conscientes "de lo que el turismo significa para nuestro municipio, no solo económicamente, sino para las familias que dependen de él. 

Por eso, hemos lanzado la licitación para la autorización de los servicios de temporada, asegurando que, a pesar de las adversidades, la calidad de los servicios en nuestras playas esté garantizada".

"Estamos comprometidos con el futuro de Mojácar y con la vitalidad de nuestro sector turístico", ha apostillado el regidor mojaquero.

Bernal destaca en 'Expoplaya' la innovación del sector para contribuir a conservar la costa andaluza

 TORREMOLINOS.- El consejero de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal, ha inaugurado este viernes en Torremolinos, una nueva edición de Expoplaya, un encuentro de referencia dentro del empresariado del litoral andaluz, nacional e internacional, desde donde ha destacado la apuesta por la modernización y la innovación por parte del sector para contribuir al cuidado y a la conservación de la costa andaluza.

Así lo ha destacado a su llegada a la cita en un acto que ha contado con el presidente de la Federación Española de Empresarios de Playa, Norberto del Castillo; el presidente de la Federación Internacional de Empresarios de Playa, Fabrizio Licordari; la alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid; el presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, y la delegada de la Junta de Andalucía en Málaga, Patricia Navarro, entre otras autoridades.

En el encuentro, el consejero de Turismo ha puesto en valor el segmento que posicionó a Andalucía y a la Costa del Sol "en el mapa turístico mundial y hoy nos ha convertido en un destino de referencia".

En esta 48ª edición de Expoplaya, según ha adelantado el consejero, "comprobaremos la apuesta del sector por la excelencia en equipamientos y servicios para reforzar su posicionamiento como sector emblema del turismo".

Son más de 3.000 profesionales los que se dan cita en este Palacio de Congresos y Exposiciones de Torremolinos para intercambiar experiencias y conocer las últimas innovaciones.

"Aquí también se hace negocio, se comparten experiencias y se fomentan encuentros que van a enriquecer y mejorar todavía más el servicio que le prestamos a los visitantes que vienen a nuestras playas", ha añadido.

Ha recordado que, el pasado verano, más de 12 millones de turistas visitaron nuestra comunidad, "muchos de ellos atraídos por la calidad de nuestro litoral y por los servicios que se prestan en nuestras playas", unas cifras que "no son casualidad".

"El año pasado, Andalucía logró su récord histórico de banderas azules en nuestras playas con 156 en total. Tres de ellas en este municipio de Torremolinos: El Bajondillo, Los Álamos, Playamar", ha detallado.

"Agradezco a los profesionales y a las empresas de sol y playa su trabajo por colaborar en que nuestras playas ofrezcan una calidad sobresaliente para todos los que nos visitan. Cada vez se está haciendo un esfuerzo mayor como guardianes de un patrimonio que estamos obligados a conservar", ha concluido.

Por su parte, la alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid, ha destacado que "en el caso de Torremolinos, cerrábamos 2024 con récord absoluto de pernoctaciones, por encima de los 5,5 millones, lo que nos sitúa a la cabeza de toda la región. Y gran parte de ese éxito se debe precisamente a este sector".

Ha añadido que "quienes articulamos estrategias turísticas buscamos y trabajamos la diversificación de la oferta, pero es muy importante hacerlo bajo un reclamo y un sustento sólido. Y esa solidez, en el caso de Torremolinos y de la Costa del Sol, y estoy convencida de que en mucha parte del turismo que atrae en Andalucía, se sustenta en el sol y playa. Y en unos empresarios y trabajadores que son nuestros mejores embajadores y que nos brindan una experiencia maravillosa, como es poder disfrutar de nuestra costa".

Expoplaya está organizada por las Federaciones Española y Andaluza de Empresarios de Playas, con el Patrocinio de la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía y la colaboración de Turismo y Planificación de la Costa del Sol.

El faro de Punta de Baños de El Ejido se rehabilitará ante sus "daños estructurales" por corrosión

 ALMERÍA.- La Autoridad Portuaria de Almería (APA) rehabilitará el faro de Punta de Baños, localizado en el término municipal de El Ejido, ante los "graves daños estructurales por corrosión" que presenta en todas las fachadas y ventanas, acerado, entorno, barandillas y escaleras de subida al pedestal de la señal marítima, que está "en mal estado".

La APA ha licitado su reparación con un presupuesto base de 142.895,64 euros y un plazo de ejecución tres meses, según ha indicado la en una nota en la que apunta que este contrato cuenta con una subvención del Fondo de Compensación Interportuario.

El faro de Punta de Baños fue inaugurado en 1991 para balizar una zona de especial peligrosidad para los navegantes y está ubicado en las proximidades del castillo de Guardias Viejas.

Esta señal marítima, con una torre de 21 metros y un alcance de once millas, es uno de los diez faros que tiene activos la autoridad portuaria a lo largo de la costa almeriense y una de las dos señales marítimas localizadas en El Ejido, siendo la otra el faro del Sabinal.

El proyecto europeo 'Coastrust' para impulsar la gestión sostenible de áreas costeras llega a Níjar

 NÍJAR.- La Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) ha presentado este martes mediante telemática el proyecto transnacional Coastrust 'Promover la custodia compartida de las costas mediterráneas' al Ayuntamiento de Níjar.

Este municipio almeriense ha sido seleccionado como área piloto para el desarrollo de las actividades del mencionado proyecto, según ha trasladado la FAMP en una nota tras la reunión participada por el alcalde de Níjar, José Francisco Garrido, y la secretaria general de FAMP, Yolanda Sáez.

Este nuevo proyecto europeo gestionado por FAMP tiene como objetivo el establecimiento de estrategias de custodia medioambiental para la gestión costera sostenible en las áreas piloto seleccionadas por los diferentes socios europeos del proyecto Coastrust.

Estas estrategias se diseñarán a través de un enfoque de gobernanza de múltiples partes interesadas con el objetivo de proteger la biodiversidad, utilizar de forma sostenible los recursos naturales y apoyar la gestión de los entornos naturales terrestres y marítimos en zonas costeras.

En este sentido, cabe destacar que Coastrust no sólo se desarrollará en el municipio de Níjar sino también en otras zonas costeras mediterráneas en Croacia, Grecia, Italia, Malta, Albania y Bosnia-Herzegovina.

Para la consecución del mencionado objetivo, Coastrust utilizará la metodología de los acuerdos de custodia medioambiental, un mecanismo voluntario que busca generar visiones y compromisos compartidos entre gestores y usuarios de áreas costeras concretas para un uso adecuado que fomente la conservación de sus valores naturales, culturales y paisajísticos

Inspirado en esta metodología, Coastrust diseñará una estrategia para la gestión costera sostenible en Níjar, en base a un proceso participativo que contará con los principales actores locales interesados tanto públicos como privados. 

Esta estrategia identificará acciones a desarrollar en este municipio en clave de acuerdo de custodia que fomenten la conservación de la biodiversidad. Además, se pretende que al menos una de las acciones identificadas pueda ser ejecutada en el marco del proyecto.

La reunión bilateral mantenida entre FAMP y Ayuntamiento de Níjar supone el primer paso para establecer la colaboración y sinergias necesarias para el buen desarrollo de las actividades previstas por el proyecto Coastrust en el municipio.

También incluirá la creación de un grupo de acción local para la identificación de necesidades e iniciativas que contribuyan a la estrategia para la gestión costera sostenible; capacitación en materia de sostenibilidad a las partes interesadas que integren el grupo de acción local, y acciones de sensibilización ambiental para la ciudadanía.

Coastrust es un proyecto cofinanciado por la UE en el marco del programa Interreg Euro-MED, comenzó al pasado mes de enero de 2024 y tiene una duración de 33 meses.

El proyecto cuenta con un partenariado compuesto por la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (España), la Agencia de Desarrollo Regional del Condado de Dubrovnik-Neretva (Croacia), el Departamento de Arquitectura de la Universidad Roma Tres (Italia), el Instituto para la Conservación de la Naturaleza en Albania, la Oficina del primer ministro del Gobierno del cantón de Herzegovina-Neretva (Bosnia-Herzegovina), la Fundación para el Desarrollo Sostenible (Italia), Submon (España) y Nature Trust Malta.

Una firma valenciana de teledetección por satélite cree que los pellets llegados a Galicia alcanzarán en seis meses el Mediterráneo

 

VALENCIA.- La empresa de teledetección Orbital EOS, con base en València, ha realizado un estudio con diversas simulaciones para predecir el itinerario de los pellets de plásticos que perdió el buque Toconao, en la costa portuguesa el pasado 8 de diciembre y que han llegado a las playas gallegas, avanza la Cadena SER. 

Según las conclusiones del documento, alguna de las posibilidades que ofrecen las simulaciones es que los pellets lleguen al mar Mediterráneo y al Canal de la Mancha “con una baja frecuencia relativa” dentro de seis meses.

La empresa radicada en Paterna cuenta con una tecnología que, mediante un algoritmo propio de inteligencia artificial, analiza las imágenes de satélites ópticos y radares de la ESA y la NASA para detectar la contaminación marina en todo el mundo y emplea modelos que predicen el movimiento de los vertidos para conocer que zonas serán implantadas.

Para este estudio en concreto se han simulado 376 escenarios de vertidos de pellets reproduciendo la trayectoria del plástico y su impacto en los seis meses posteriores al accidente. Los escenarios se basan en condiciones meteo-oceanográficas realistas de invierno observadas en los últimos 20 años.

Los 376 escenarios han sido analizados de manera conjunta para identificar patrones y dar respuestas probabilísticas a las preguntas típicamente propuestas en la gestión de este tipo de emergencias: ¿cuáles son las áreas marinas y costeras más expuestas a una posible contaminación por pellets y cuál sería su tiempo de llegada?

El estudio concluye que “el área expuesta a la potencial contaminación por plásticos crece con el tiempo. En el primer mes tras el vertido, el área potencialmente contaminada está restringida a regiones más costeras entre el suroeste francés y el suroeste portugués. El área de influencia se expande hacia el mar abierto con el pasar de los meses, así como las fronteras sur y norte. 

Pasados seis meses, zonas dentro del Canal de la Mancha y en el propio Mediterráneo se ven impactadas, aunque con una baja frecuencia relativa. Zonas cercanas al origen de vertido son, durante todo el periodo simulado, las zonas más expuestas a la contaminación por plásticos”.

Asimismo, el estudio indica que “la utilización de datos meteo-oceanográficos para generar información de calidad, orientada a apoyar a los equipos de respuesta, ha apuntado hacia limitaciones en respuestas de emergencia para los casos de contaminantes en el ambiente marino de persistencia mucho más larga (años) que nuestro horizonte actual (días)”.

 Y añade: “orientados por el experimento, se puede deducir que la gestión de la emergencia, más que un problema gallego, es un problema que debería involucrar también a España, Portugal y Francia”.

Los fundadores de la compañía, Juan Peña y Pablo Benjumeda, se conocieron mientras trabajaban en Salvamento Marítimo, en los mismos aviones que ahora rastrean pellets de plástico en la costa gallega. 

“Nos gustaría solidarizarnos con nuestros excompañeros de Salvamento Marítimo y poner a disposición de las autoridades nuestras capacidades, tanto de detectar contenedores flotando en el mar, como de predecir la trayectoria de vertidos”, han señalado.

Según han comentado los expertos, “el plástico va estar 500 años en el mar, así que tenemos que pensar en una dimensión temporal y espacial distinta. No es un problema que se pueda resolver a corto plazo y tampoco es exclusivo de la costa gallega. Este estudio es importante para saber qué zonas van a tener más impacto y cuáles menos, para así poder adelantarnos y minimizar la contaminación. Aunque siempre hay que tener en cuenta que la clave para evitar estas situaciones es la prevención”.

Costas remata el estudio para extraer la arena con la que estabilizar la costa de Balerma

ALMERÍA.- El subdelegado de Gobierno en Almería, José María Martín, ha anunciado la próxima finalización del estudio de yacimientos marinos de donde la Dirección General de Costas prevé extraer el millón de metros cúbicos de arena previstos para estabilizar la playa de Balerma, en El Ejido, de forma permanente.

Así lo ha trasladado a los miembros del colectivo vecinal con los que se ha reunido para dar cuenta del avance de la redacción del proyecto que aportará una solución definitiva a esta zona del litoral acompañado por el jefe provincial de Costas, Enrique López.

En el encuentro se ha informado de la próxima finalización del estudio de yacimientos, prospecciones actualmente en ejecución llevadas a cabo por la empresa Tecno Ambiente, según ha detallado la Subdelegación en una nota.

El proyecto que se llevará a cabo en Balerma prevé la protección del talud sobre el que se ubican los invernaderos en la playa de Las Cuevecillas con la construcción de un muro de 785 metros de longitud y 2,5 metros de altura, y la estabilización de la playa con la aportación de aproximadamente un millón de metros cúbicos de arena que se extraerán de los yacimientos que están terminando de analizarse.

La delimitación del aporte de arena se realizará con la construcción de un espigón de 40 metros de longitud, perpendicular a la línea de costa, situado en la Rambla del Loco. Con un presupuesto base de licitación de 20 millones de euros, la estabilización del litoral de Balerma es el proyecto de mayor envergadura ejecutado por Costas en todo el litoral de Almería.

El subdelegado ha asegurado que se está "muy encima" del proyecto porque el objetivo es "encontrar una solución definitiva" a los problemas de erosión que sufre esta zona del litoral. José María Martín ha señalado que "seguimos trabajando con el objetivo de resolver de forma concluyente este problema que tanto preocupa a los vecinos de Balerma".

Durante la reunión, desde la Dirección provincial de Costas se ha informado de una nueva aportación de arena, prevista para antes de que comience la temporada estival. Costas destinó a finales de 2023 una aportación de 23.500 metros cúbicos de arena para las playas de Balerma y Guardias Viejas. 

Este nuevo acopio de arena formó parte de los trabajos de mantenimiento que desarrolla Costas y que se realizan en las playas de Cuevas, Vera, Mojácar y El Ejido.

El Supremo ha anulado el reglamento de la Ley de Costas

MADRID.- Las costas han sido históricamente uno de los elementos del paisaje español más protegidos contra la edificación. Desde 1988, existe la denominada Ley de Costas, que regula la determinación, utilización y política del dominio público marítimo-terrestre y especialmente de las playas. Hace dos años, en agosto de 2022, el Gobierno realizó una modificación de la normativa que afectaba muchos de los puntos incluidos, como la prohibición de establecer chiringuitos o edificaciones de más de una planta, relata www.xataka.com.

Pero eso podría cambiar muy pronto, ya que el Supremo acaba de derogar el reglamento actual, abriendo de nuevo la puerta al ladrillo en el litoral español.

El contexto. Este Real Decreto fue aprobado en agosto de 2022. Se trata de una modificación de la Ley de Costas que, entre otras cosas, elimina la distinción de los distintos tipos de dunas y las incluía en la delimitación de la playa, prohíbe las ocupaciones de los establecimientos expendedores de comidas y bebidas en playas (como los chiringuitos) o se modifican los procedimientos de deslinde marítimo-terrestres.

Con este cambio, la norma para calcular los plazos de las concesiones y sus posibles prórrogas, por ejemplo, obligaban a tener en cuenta el impacto de la actividad sobre los ecosistemas y los efectos del cambio climático.

¿Qué ha pasado? Sin embargo, el Gobierno, cuando realizó dicha modificación, se saltó un paso importante para realizar tal reforma: consultar a los ciudadanos. Y ha sido el hecho de no haber realizado suficientes trámites de consulta pública, lo que el Tribunal Supremo ha llevado a anular el real decreto entero.

En su sentencia, el tribunal señala que para poder prescindir del trámite de consulta pública en un reglamento “han de concurrir las circunstancias acumuladas de que se trate de normas presupuestarias u organizativas y, además de esas específicas normas reglamentarias, que concurran razones graves de interés público que lo justifiquen, no impongan obligaciones relevantes a los destinatarios o regulen aspectos esenciales de una materia”.

¿Qué significa? A grandes rasgos: que vuelve a estar en vigor el reglamento elaborado por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2014. El mismo que el Gobierno de Sánchez cambió para aclarar que las concesiones de dominio público marítimo-terrestre tenían un plazo máximo de 75 años, a contar desde la ley de Costas del 88, así como para facilitar los deslindes y restringir las infraestructuras de los chiringuitos. De esta manera, los nuevos chiringuitos y negocios podrán optar a licencias de hasta 75 años, en vez de solo 30.

Daniel Olabarría, experto en derecho inmobiliario, explicaba en este artículo de ABC que, entre las consecuencias más directas, está que las condiciones para levantar chiringuitos o permitir que estos dispongan de sótanos en las playas, volverán a relajarse: “El reglamento les limitaba mucho los espacios”. La nueva reforma establecía que estos sólo podían ser de una planta y sin sótano. También que las edificaciones no podían “limitar el campo visual ni romper la armonía del paisaje costero o desfigurar su perspectiva”. Aquello enfadó mucho a la hostelería.

Una victoria para los empresarios. Y es precisamente para los empresarios que la decisión del Supremo es un triunfo que vuelve a abrir las puertas al ladrillo en las playas, sobre todo a los bares, chiringuitos y almacenes en el subsuelo. Aquellos locales que la norma derogada prohibía por su efecto erosivo sobre los arenales, que son dominio público, y tenía en cuenta el impacto del cambio climático sobre la ribera y su consecuente subida del nivel del mar.

“Un chiringuito no erosiona absolutamente nada. No vamos a pedirlos en playas de 30 metros; sólo donde sean de 50 o 70, y el agua no llegue o no haga daño. Los sótanos dan calidad a las playas: así no se ven cajas de Coca Cola, cubos de basura…”, explicaba un empresario en eldiario.es.

Los activistas, en contra. Mientras tanto, las asociaciones ecologistas, que llevan años en pie de guerra contra la apertura de chiringuitos y la edificación de estas estructuras de hormigón insertas en la arena, ven como sus reclamos quedan en saco roto una vez más: “Si el Gobierno central no vuelve a sacar el Reglamento con la debida forma y en tiempo, los chiringuitos tienen vía libre”, lamentaba Rafael Yus, de Ecologistas en Acción.

Un ejemplo reciente muy sonado fue la denuncia presentada por esta asociación contra  las obras del chiringuito Bikini Beach, situado en la playa del Castillo, de Málaga, que pretendía construir un sótano de hormigón en la playa. Argumentaban que estas instalaciones “deben ser de temporada y desmontables en todos sus elementos”, algo que este tipo de construcción incumplía, pero ya no.

Recorrerán a pie las costas andaluza, murciana y alicantina contra la basura en los mares

MOTRIL.- Con el objetivo de concienciar a los andaluces de la importancia de mantener limpias las playas y del impacto que causan las basuras en los ecosistemas marinos, deportistas especializados en la larga distancia recorrerán este viernes y sábado a pie todo el litoral andaluz y el de Murcia y Alicante.

Los más de 1.500 kilómetros de la costa andaluza, murciana y alicantina serán recorridos sin parar por ultrafondistas dentro de la campaña '¿Sin-Plastic-Zamos?, por un mundo sin plásticos'.

Según han dado a conocer hoy los organizadores, el reto pretende "concienciar a la sociedad de la necesidad de un cambio de hábitos para evitar que los plásticos sigan invadiendo nuestros mares".

La iniciativa ha sido convocada por un grupo de amigos que han querido unir los valores del deporte con el medio ambiente para llamar la atención de la ciudadanía y conseguir comportamientos respetuosos con el entorno, así como generar conciencia del impacto que causan las basuras en los ecosistemas marinos y de la proliferación de plásticos en el mar.

Paralelamente a estos retos deportivos, se realizarán las jornadas medioambientales: limpiezas de playas, de fondos marinos, de riberas de ríos y charlas divulgativas en algunos enclaves de las costas andaluza, murciana y alicantina.

Los corredores estarán repartidos por provincias, de manera que cada uno realizará más de un centenar de kilómetros empleando para ello de 20 a 23 horas.

La costa de Huelva la harán juntos Rafael Aguilera y Miguel Ángel Pereira; la de Cádiz Manuel Jesús González y Fernando Serrano, mientras que la de Málaga la recorrerán juntos Miguel Ángel Troya y José Carlos Gómez partiendo desde el Balcón de Europa, en Nerja, hasta Manilva.

Desde el mismo punto partirán los que van a recorrer la Costa Tropical granadina -Miguel González Pascual, Andrés Jodar y Juan Carlos Bea-. La almeriense la hará una parte José Fernández (Pepefar) y la otra Lago Dosil.

En cuanto a las costas de Murcia y Alicante, las recorrerán juntos Manuel Rico y José Antonio. 

En total serán más de 1.500 kilómetros, corriendo cada deportista una media de 150 kilómetros en 24 horas.

Costas da por finalizado el proyecto que resolverá la erosión de la playa de Balerma

ALMERÍA.- La Dirección General de Costas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico da por prácticamente finalizado el proyecto de recuperación ambiental desde la rambla de Balanegra hasta el espigón de Peña del Moro que, desde el pasado mes de enero, elabora la empresa Acadar Ingeniería y Consultoría S.L.

El proyecto protegerá el talud sobre el que se ubican los invernaderos en la playa de Las Cuevecillas con la construcción de un muro de 785 metros de longitud y 2,5 metros de altura, estabilizará la playa de forma permanente con la aportación de un millón de metros cúbicos de arena y delimitará el aporte de arena con la construcción de un espigón de 40 metros de longitud, perpendicular a la línea de costa, situado en la Rambla del Loco.

Con un presupuesto base de licitación de 20 millones de euros, la estabilización del litoral de Balerma es el proyecto de mayor envergadura ejecutado por Costas en todo el litoral de Almería. 

“Estoy muy satisfecho por el desarrollo y la evolución de los trabajos. Encontrar una solución definitiva ha sido, en todo momento, una prioridad para el Ministerio para la Transición Ecológica y lo ha sido también para mí como subdelegado. Trabajamos con la única premisa de resolver de forma concluyente este problema que tanto preocupa a los vecinos de Balerma”, ha señalado el subdelegado del Gobierno, José María Martín.

El proyecto pretende devolver la playa a su estado original, los 35 metros de ancho de playa seca registrados en 1957. La mayor complejidad del proyecto ha sido la búsqueda de los áridos con los que se “rellenará” el litoral afectado por la erosión que, finalmente, se obtendrán del fondo marino.

En la actualidad, las prospecciones que ha realizado la empresa Tecno Ambiente durante los últimos meses para hallar los bancos de arena más adecuados están prácticamente finalizadas. Estos análisis se han realizado a una distancia de entre 7 a 23 kilómetros de la costa, en profundidades cercanas a los 100 metros.

Dado que los resultados de estas prospecciones son fundamentales para la finalización del proyecto, la empresaAcadar Ingeniería y Consultoría S.L. ha solicitado a la Dirección General de Costas una prórroga de cuatro meses para la ampliación de plazos del contrato, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos del Estado, con lo que la asistencia técnica del proyecto finalizará el próximo 31 de diciembre.

Por otra parte, señalar que ya están finalizados los diferentes estudios de la dinámica litoral y la cartografía de todo el fondo marino, para asegurar que la solución planteada no dañe las praderas de posidonia y cymodocea, ambas especies protegidas.