SEVILLA.- La sentencia de la Audiencia de Sevilla que condena a los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán arroja
pocas dudas sobre la autoría del «sistema fraudulento» del caso ERE:
«La decisión de dar estas ayudas no partía de la Consejería de Empleo,
sino que era una decisión del Gobierno en su conjunto», recuerda hoy Abc.
El Ejecutivo
socialista puso en práctica el «método ERE» desde 1999 y Abc tiene un
documento oculto hasta ahora, hallado en los archivos del antiguo
Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), que demuestra su implicación al
más alto nivel y que la Junta va a remitir al Juzgado.
Se
trata del expediente que avala un acuerdo que adoptó el Consejo de
Gobierno el 9 de noviembre de 1999 por el que concedía un préstamo de 5,83 millones de euros
(970 millones de pesetas) a Campocarne Andalucía S.A. para reflotar la
industria cárnica Hijos de Andrés Molina (Hamsa), como «anticipo» a las
subvenciones que luego le iba a dar la propia Junta.
El crédito
otorgado a la fábrica de Jaén fue la única ayuda irregular que autorizó
el Consejo de Gobierno. Las condiciones en las que se aprobó, sin los
preceptivos informes, prueba que eran conscientes de su ilegalidad.
Según ha podido saber Abc, no consta que el acuerdo pasara por la reunión preparatoria de viceconsejeros,
el llamado consejillo. Se acordó liberar 5,83 millones de euros sin
contar con los preceptivos informes de la Intervención y de la Asesoría
Jurídica de la Junta, siguiendo el mismo esquema que luego se reprodujo
en el caso ERE.
El fondo de los ERE nació precisamente como un atajo a los reparos que puso un interventor
a las primeras subvenciones concedidas entre 1999 y 2000 a esta
fábrica. Antes de que el Gobierno avalara la concesión de este préstamo,
en febrero de 1999, la Comisión Europea ya había declarado ilegales
otras ayudas que le había dado el Estado, lo que obligaba a buscar una
salida con apariencia de legalidad para seguir financiando a la
industria cárnica.
El préstamo fue un campo de pruebas para el sistema de los ERE que luego se institucionalizó entre 2000 y 2009 y supuso el reparto irregular de 679,4 millones de euros
entre empresas.
La Consejería de Empleo usaba un ente externo, el IFA,
para pagar las ayudas que ésta concedía, lo que impedía a los
interventores controlar su destino.
En el
citado documento se ratificaba un acuerdo del consejo rector del IFA,
luego reconvertido en la agencia IDEA, para conceder el préstamo-puente.
El hombre de confianza de Chaves en su Gabinete y consejero de la
Presidencia, Gaspar Zarrías, fue el encargado de
desarrollar el acuerdo del Consejo de Gobierno. La operación venía
orquestada por la cúpula de la Junta.
El 16 de enero de 1999, Chaves y
Zarrías se reunieron con el comité de empresa de Hamsa en Jaén. La foto
la publicó Abc. En la mesa negociadora están Chaves y enfrente el
conseguidor de las ayudas de los ERE, Juan Lanzas, el interlocutor de los empleados ante la Junta.
Tras analizar la documentación, la Fiscalía Anticorrupción concluye que «el préstamo nunca tuvo voluntad de ser cobrado»
y pide al juzgado que investiga el caso ERE que llame a declarar como
investigados en una nueva causa a Chaves y Zarrías por su concesión.
La operación ha dejado un «agujero» de 3,7 millones de euros,
que figuran como «deterioro» –su recuperación es inviable– en un
informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía sobre los fondos de la
agencia IDEA publicado en 2016, con Susana Díaz gobernando. La Fiscalía
pide imputar a 15 personas, entre ellos otros cuatro consejeros:
Guillermo Gutiérrez, José Antonio Viera, Francisco Vallejo y Antonio
Fernández.
El convenio de Zarrías
La
maquinaria se puso en marcha con rapidez. El 2 de diciembre de 1999,
Zarrías firmó un convenio con la empresa Campocarne, filial regional de
Campofrío, por el que le anticipaba una subvención de 2,83 millones de euros
(471 millones de pesetas) para crear 300 empleos en Hamsa. El
exconsejero se comprometió a que se le pagaría meses después.
Siguiendo
la hoja de ruta trazada por el Consejo de Gobierno y luego por Zarrías,
el 10 de marzo de 2000 el consejero de Trabajo e Industria, Guillermo
Gutiérrez, ordenó el abono y estipuló que el préstamo de 5,83 millones
sería amortizado con «cargo a subvenciones que la empresa debía recibir
de la Junta».
Como publicó Abc, el documento del convenio nunca llegó al tribunal que sentenció a 19 ex altos cargos de la Junta, a diez de ellos con penas de cárcel, por prevaricación y malversación de fondos públicos.
El Ejecutivo de Susana Díaz no
lo remitió a los jueces de la Audiencia de Sevilla cuando se lo
requirieron, el 9 de febrero de 2018, como prueba para el juicio que
acabó condenando a Zarrías a nueve años de inhabilitación como autor de
un delito continuado de prevaricación. La misma pena se impuso a su
jefe, Manuel Chaves.
El presidente de la Junta, Juanma Moreno
(PP), anunció ayer en un desayuno informativo que «mañana [por hoy] el
Consejo de Gobierno va a acordar denunciar estos hechos ante la Justicia
y la desaparición del convenio clave de los archivos del Consejo de
Gobierno», en alusión a este acuerdo.
La Fiscalía concluye que «bajo el paraguas formal de un préstamo se decidió realmente disponer arbitrariamente de los fondos públicos sin
sujeción a procedimiento alguno ni control para beneficiar directamente
a la empresa Campocarne e indirectamente posteriormente a la empresa
Primayor, lo que podría de manera inicial calificarse como delito de
prevaricación en concurso medial con delito de malversación».
Andalucía sólo recupera 15 millones de los ERE y da 25 por perdidos
El Ejecutivo andaluz trató de arrojar este martes algo de luz sobre la marea de cifras que arroja el caso de los ERE fraudulentos, y reconoció que hasta el momento sólo se han podido recuperar 15 millones de euros
correspondientes a ayudas sociolaborales o a empresas en crisis en las
que se detectó alguna irregularidad, según El Correo de Andalucía.
A la espera de que los tribunales
se pronuncien sobre otros expedientes que se han reclamado, lo que si
tiene claro la administración autonómica es que se dan por perdidos 25,3 millones porque ya han prescrito o las sociedades beneficiarias están ya extinguidas y no hay a quién reclamarle.
El
Consejo de Gobierno andaluz conoció en su última sesión el informe
elaborado por la Consejería de Hacienda sobre la recuperación de fondos
en el fraude de los ERE, especialmente significativo después conocerse
que la sentencia de la denominada pieza política, que condena a los
expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán y otros 17 ex altos
cargos, considerase que los 680 millones concedidos bajo transferencias
de financiación fueron ilegales.
Según los datos facilitados ahora tras cruzar información entre las
diferentes consejerías, la Junta de Andalucía habría pagado en este
tiempo 402 millones de euros por prejubilaciones y ayudas a empresas en
crisis, y quedan pendientes de pago otros 63 millones de euros hasta el
año 2025 para 3.251 trabajadores.
En ningún caso los denominados
«intrusos» estarían entre esos beneficiarios. «El sistema consistía en
que para que hubiera algunos intrusos tenía que haber muchos legales»,
reprochó el portavoz del Ejecutivo andaluz, Elías Bendodo.
Más
enrevesado es el escenario judicial y administrativo en aquellos
procedimientos donde se detectaron anomalías.
Durante el mandato
socialista se inició la revisión de oficio de 218 expedientes, de los
que 91 acabaron en la justicia. Hay 28 sentencias que son favorables a
la administración por 18 millones de euros, y mientras que otros 20
expedientes por valor de 13,7 millones están aún en espera de sentencia.
Otras seis ayudas por importe de 5,7 millones están todavía en fase de
revisión.
Asimismo, la Consejería de Empleo declaró la nulidad de
las ayudas y la devolución de 36,1 millones de euros, de los que no hubo
reclamación alguna por parte de los beneficiarios, a los que se suman
los 35,5 millones de 18 expedientes que el Consejo Consultivo o el
Gabinete jurídico consideraron que cabía someterlos a esa revisión de
oficio.
El Ejecutivo andaluz no oculta sus dudas sobre este bloque, que
asciende a 71 millones, ya que temen que el paso del tiempo contribuya a
la prescripción o la desaparición de los responsables a los que
reclamar la devolución. Paralelamente, el Tribunal de Cuentas reclama
además la devolución de 118 millones de euros, y cuenta ya con
sentencias favorables a la Junta por 17 millones de euros.
Por
otra parte, el juzgado de instrucción 6 de Sevilla atendió este martes
la petición de la Fiscalía y ha abierto diligencias para determinar si
hay indicios de criminalidad en la concesión de un préstamo de 5,8
millones a una empresa cárnica de Jaén en 1999. Anticorrupción solicitó
la imputación por prevaricación administrativa y malversación de Manuel
Chaves y cuatro de sus exconsejeros, entre ellos Gaspar Zarrías, al
entender que «nunca hubo voluntad» de recuperar la totalidad de esa
ayuda, concedida bajo la fórmula de préstamo puente o anticipo hasta la
llegada de subvenciones.
