MADRID/SEVILLA.- El Consejo de Ministros ha aprobado este martes 11 de febrero la declaración de utilidad pública de parte de El Algarrobico, como paso previo a su expropiación para la demolición del hotel ilegal que se ubica en esta playa, en el municipio de Carboneras (Almería), dentro del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, como paso previo a su expropiación y posterior demolición.
Así lo ha anunciado la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ha destacado que hay "dos lecciones" a aprender: que es "fundamental" proteger los ecosistemas y que el dominio público marítimo-terrestre es clave para la protección de las personas frente al riesgo de inundaciones.
Aagesen entiende que la Junta de Andalucía emprenderá "de forma responsable" las actuaciones necesarias sobre la parte del hotel que se encuentra fuera de la franja de 100 metros del dominio público martímo-terrestre (competencia estatal) para que ambas administraciones puedan acometer conjuntamente su derribo total.
A su vez, ha recordado el protocolo de protección de la playa firmado en 2011, por el que se acordó qué el Gobierno se iba a encargar de los gastos de demolición y Andalucía, la gestión de residuos y la partida para restaurar la playa. En este marco, el Gobierno se ha comprometido a asumir los primeros con un presupuesto que puede ascender hasta los siete millones de euros.
"Queremos contar con todas las administraciones, con el sector privado concernido para avanzar; que ese símbolo de lo que no se debe hacer acabe siendo el símbolo de lo que se resuelve", ha afirmado.
Por último, Aagesen ha compartido un mensaje de "reconocimiento y agradecimiento" a los movimientos ambientales y sociales que "les han ayudado" a llevar el asunto al Consejo de Ministros. "El Algarrobico es un símbolo de un urbanismo acelerado y sin condicionantes ambientales, pero también podría ser el símbolo de algo que no acaba de tener solución", ha señalado.
Ante preguntas de los periodistas, que han inquirido sobre si ha habido algún tipo de interlocución con la Junta de Andalucía sobre El Algarrobico, Aagesen se ha remitido de nuevo al protocolo de 2011 y ha incidido en que en él se establece la constitución de una Comisión de Seguimiento que adoptaría entre otras cosas un plan de actuación conjunto.
Además, entiende que la Junta ha declarado "muchas veces" que van a comprometerse en favor del derribo de El Algarrobico. "Queremos trabaja de la mano; ese es el objetivo fundamental, que consigamos la demolición de El Algarrobico", ha incidido.
Sobre la posibilidad de que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se encargue de los anuncios referentes a Andalucía, Aagesen ha destacado que le parece "apropiado" que Montero adelantase este lunes la expropiación de El Algarrobico.
Según ha explicado, han colaborado "activamente" con Hacienda para lograrlos y han acudido a la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en representación del Gobierno.
El hotel, construido en 2003, acumula sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y del Tribunal Supremo (TS), así como una denuncia ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).
En 2018, el TS declaró en firme que los terrenos en los que estaba construido constituían un área ambientalmente protegida y no un área urbanizable, confirmando una sentencia previa del TSJA de 2016. En 2021, el TSJA se expresó a favor de que Ayuntamiento de Carboneras tenía la obligación de anular la licencia de obras del hotel.
Sin embargo, el TS dictaminó en 2022 que el hotel almeriense no podía ser demolido por tener licencia de obras. En este sentido, declaró que si el Ayuntamiento de Carboneras no cumplía la sentencia que le obliga a calificar los terrenos como protegidos, estos pasaban a ser urbanizables, hasta que el propio Consistorio decidiera cumplir el veredicto y modificar sus normas urbanísticas.
Greenpeace solicitó amparo al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en 2024, que ha concluido con que ahora debe investigar la legalidad de la decisión del TS. La responsable del área jurídica de Greenpeace, Inés Díez de Frutos, ha explicado que todavía no han recibido respuesta del TEDH y que en la actualidad el caso se encuentra inmerso en dos procedimientos de ejecución, dado que no hay una voluntad de cumplir por parte del Ayuntamiento.
En líneas generales, denuncia las "tácticas dilatorias" que a su juicio ha llevado a cabo el Ayuntamiento para evitar cumplir con las sentencias y la "triplicación" de los procesos, ya que la promotora del hotel se presenta a algunos tribunales como Azata, Azata del Sol o Azata Inmobiliaria.
La Junta urge a saber la fecha para demoler el Algarrobico
La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y portavoz del
Gobierno andaluz, Carolina España (PP-A), ha insistido este martes en
cuestionar la vía de la expropiación por la que se ha decantado el
Gobierno de España para propiciar la demolición del hotel ubicado en la
playa del Algarrobico, dentro
del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, al entender que supone "una
vuelta al pasado", y ha urgido a la vicepresidenta primera del Gobierno y
ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a poner fecha del inicio de
la demolición de dicho inmueble.
Así lo ha indicado la
consejera portavoz a preguntas de los periodistas en la rueda de prensa
posterior a la habitual reunión semanal del Consejo de Gobierno andaluz,
y ello al hilo del paso que ha dado este martes el Consejo de
Ministros, y que avanzó este pasado lunes María Jesús Montero en una
visita al terreno donde se ubica el hotel, la declaración de utilidad
pública de parte de la superficie en la que se ubica el inmueble como
paso previo a su expropiación y posterior demolición.
La
portavoz de la Junta ha considerado que el Gobierno de España ha
incurrido con esta decisión en "una falta de lealtad" hacia el Ejecutivo
andaluz y hacia sí mismo, en función del convenio firmado entre ambas
administraciones en el año 2011 y de lo acordado en la comisión mixta de
seguimiento de este asunto entre el Gobierno y la Junta en marzo del
año 2024.
Así, la consejera ha remarcado que, en dicho
convenio de 2011 firmado entre las administraciones central y autonómica
andaluza se estableció que "la obligación de derribar el Algarrobico
corresponde al Gobierno de España", mientras que a la Junta le
correspondía la de "gestionar los residuos que se produzcan como
consecuencia de este derribo", y que "luego, entre las dos
administraciones, habrá que restaurar la zona de la playa".
Ya en marzo del año 2024, la directora general del Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico que participó en la referida
reunión de la comisión mixta de seguimiento coincidió "en la necesidad"
de "la nulidad de la licencia urbanística otorgada por el Ayuntamiento
de Carboneras, incidiendo en la necesidad del cumplimiento de las
disposiciones judiciales" por parte de dicho consistorio.
Así
lo ha relatado Carolina España, que se ha preguntado entonces por qué
el Gobierno central, que entonces apostaba por la vía de la nulidad de
la licencia urbanística, "cambia ahora al método de la expropiación",
una vía que además, según ha advertido, "ya se intentó hacer hace 20
años", en la etapa del entonces Gobierno socialista de José Luis
Rodríguez Zapatero, pero "se dejó morir en el año 2009", al considerar
que "la vía más idónea" para conseguir la demolición del inmueble "era
la nulidad de la licencia" por parte del Ayuntamiento de Carboneras.
De este modo, la consejera portavoz ha insistido en tachar de "vuelta
al pasado" la vía de la expropiación, que es "susceptible de recursos"
judiciales, por lo que ese proceso se puede "judicializar" y, con ello,
"eternizar", ha advertido.
Carolina España ha añadido que la
Junta ofrece "colaboración" al Gobierno, pero también el "cumplimiento
del convenio" firmado en 2011 y "lealtad institucional", así como
emplaza a la ministra Montero a decir "el día y la hora en que van a
aparecer las excavadoras para demoler el Algarrobico".
"Ya
está bien de tanto marear la perdiz y de cortinas de humo", ha exclamado
la consejera portavoz, que ha instado también al Gobierno de Pedro
Sánchez a que "deje de enredar", al tiempo que ha aseverado que el hotel
del Algarrobico "está ahí por culpa del PSOE, que gobernaba en el
Ayuntamiento de Carboneras y en la Junta de Andalucía" cuando se
construyó.
La portavoz de la Junta ha incidido en reivindicar
que "hay un convenio firmado, una comisión de seguimiento" y "dos
administraciones que han llegado a un acuerdo, y no se puede tirar todo
por la borda" en un momento sólo por "comprar un titular", y ha añadido
que en el Gobierno andaluz están "cansados de titulares" procedentes del
Ejecutivo central "que luego no se cumplen".
