La Inspección de Trabajo hará visitas nocturnas, en fin de semana y festivos, para frenar el empleo irregular

MADRID.- La Inspección de Trabajo y Seguridad Social realizará visitas de inspección en horario especial (horas nocturnas, fin de semana y festivos) para evitar que prolifere el trabajo no declarado, según se recoge en el borrador del Plan Director 2018-2020.

Para llevar a cabo estas visitas, los funcionarios de la Inspección de Trabajo contarán con la colaboración activa de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, según el borrador del Plan.

También continuarán los refuerzos temporales de la inspección tanto en Baleares como en Canarias para incrementar las actuaciones de inspección durante la temporada alta de turismo con el objetivo asegurar que la mano de obra empleada se ajuste a las condiciones establecidas por la norma vigente.

Respecto a los 'falsos autónomos', el Gobierno quiere que los inspectores incidan en su control, tanto desde el punto de vista de la planificación de actuaciones como en lo que respecta al número de visitas de inspección. Además, desarrollará campañas de inspección focalizadas a los sectores más afectados por este fenómeno.

El Gobierno pretende poner en marcha en el mes de agosto, en el marco del Plan Director contra la Explotación Laboral 2018-2020, un plan de lucha contra el fraude en la contratación temporal y otro contra los abusos en la contratación a tiempo parcial.

El diseño y ejecución de estos dos planes tiene "muy en cuenta" planes similares que han tenido buenos resultados, como el realizado por el Gobierno de las Islas Baleares.

No obstante, estas no serán las dos únicas iniciativas que el Ejecutivo de Pedro Sánchez llevará a cabo para erradicar el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social, puesto que dentro de este Plan Director se incluyen medidas tanto inmediatas como a medio plazo.

El objetivo del Gobierno, según el borrador del Plan, es estar más presente en los centros de trabajo y utilizar las medidas sancionadoras y correctivas legalmente previstas para disuadir estos comportamientos en las empresas.

Revisión del cuadro de infracciones y sanciones

Además, el Plan pretende que las reformas de la legislación laboral sustantiva que deriven del diálogo político y del diálogo social estén acompañadas también de una revisión del cuadro de infracciones y sanciones de orden social, particularmente de las sanciones.

Esta revisión se hará con carácter general, pero con particular intensidad y agilidad en determinados ámbitos.

 Según el borrador, es "necesario reforzar las sanciones asociadas a la contratación temporal abusiva, no tanto con un carácter punitivo, sino con la finalidad de garantizar su carácter coercitivo y disuasorio".

Así, se apuesta por un modelo que establezca un equilibrio adecuado entre el efecto disuasorio de la sanción y el efecto de la actuación inspectora y porque se siga fomentando la conversión de los contratos temporales en indefinidos.

En general, el Gobierno cree que debe ponerse fin a la situación actual en la que las actuaciones inspectoras no llevan aparejada una sanción y solo dan lugar, en la mayoría de los casos, a la conversión de contratos temporales en indefinidos, porque ello "puede conducir a prácticas fraudulentas en determinadas empresas en materia de contratación temporal y desincentivar la realización de contratos indefinidos iniciales para cubrir necesidades permanentes de las empresas".

Diez grandes medidas contra el fraude

El Plan Director se articula entorno a 10 grandes medidas operativas que velan por luchar contra el abuso y el fraude en la utilización de los contratos temporales, contra los abusos en la contratación a tiempo parcial, los excesos de jornadas y las horas no pagadas o por corregir los incumplimientos en materia salarial y los derivados de la externalización de actividades.

También apuesta por frenar la discriminación de género, sobre todo la retributiva, y el acoso, por impulsar acciones contra la vulneración de los derechos fundamentales de las personas trabajadoras, por reforzar la lucha contra la economía irregular o por afrontar las nuevas modalidades de prestación del trabajo en el ámbito digital.

El plan también recoge medidas para regularizar la situación de los trabajadores que se encuentren bajo la figura del "falso becario", para reforzar las actuaciones para reducir la siniestralidad laboral y para garantizar los derechos sindicales para luchar contra la explotación laboral.

Para hacer todo esto posible, el Ejecutivo reforzará los medios humanos y materiales de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Así, considera que es evidente reforzar las plantillas mediante la realización de ofertas de empleo público para este año y los dos próximos (2019-2020) que superen "notablemente" las realizadas hasta ahora que "apenas han servido para cubrir la tasa de reposición".

Por ello, el Ejecutivo incluirá un número de plazas de Inspectores y Subinspectores que se situará por encima del 100% de la tasa de reposición con el objetivo de permitir un incremento "neto y sostenido" de efectivos.

Asimismo, pondrá en marcha el Organismo Estatal de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, constituirá el Consejo Rector del Organismo Estatal de Inspección de Trabajo y Seguridad Social en septiembre de este año y el Consejo General "inmediatamente después".

El Gobierno pretende realizar un seguimiento y evaluación del plan a través de la Comisión Permanente del Consejo Rector y de la Comisión Permanente del Consejo General del Organismo Estatal de Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Además, se realizará un seguimiento del plan en enero de 2019, con particular atención a los resultados de los planes de choque contra la temporalidad fraudulenta y la utilización irregular de la contratación a tiempo parcial; en julio de 2019 y en enero de 2020.

Planes de choque

El Gobierno pretende aprobar "de manera inmediata" tanto el plan de choque contra el fraude en la contratación temporal y a tiempo parcial en colaboración con las comunidades autónomas para actuar contra el fraude implantado tanto en estas dos contrataciones.

El objetivo en general de estos dos planes es el de afrontar y regularizar el fraude en estas dos materias y el de generar un efecto disuasorio en aquellos que promueven estos tipos de fraude que producen precarización y posibles situaciones de "explotación laboral". 

Además, supondrán un reforzamiento sustancial de las actuaciones inspectoras entre los meses de agosto y diciembre de este año.

La inversión en infraestructuras en 2018 será la segunda más baja del siglo en España

MADRID.- La inversión pública en infraestructuras que recogen los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018 contempla un importe de 8.461,5 millones de euros, lo que representa un 13% más que los 7.483,1 millones proyectados para 2017. A pesar de este incremento, la cifra se mantiene en niveles mínimos. No en vano, se trata de la segunda más baja de este siglo, dice elEconomista.

Superando la inversión en infraestructuras de 2017, el último año en que se fijó un importe tan bajo fue en 2000, cuando alcanzó los 7.011,8 millones de euros. En los ejercicios posteriores la cifra creció ininterrumpidamente hasta los 21.949 millones que alcanzó en 2009. Aquel nivel representa un 159,4% más que la previsión de 2018 (cerca de tres más).

Desde 2009, la evolución fue en decadencia hasta 2014. 

En 2015, experimentó un punto de inflexión al elevar la cifra de 8.657,8 millones a 9.438,1 millones. Una subida que se continuó en 2016, hasta los 9.519 millones, pero que se rompió en 2017 (con los 7.483,1 millones citados).

En la relación con el Producto Interior Bruto (PIB), la inversión en infraestructuras para este año supone el 0,7%, una décima más que en 2017. Sin embargo, se encuentra por debajo del 1,1% del año 2000. De hecho, se sitúa incluso por debajo los ejercicios previos cuando en términos absolutos las cifras eran mucho menores. 

Así, la proporción osciló entre el 0,8% y el 1,1% desde 1995 a 1999, años en los que el importe se ubicó en una horquilla de entre 4.009 millones y 5.479 millones (muy alejados de los 8.462 millones previstos para 2018).

En cualquier caso, aunque los Presupuestos marcan la línea, la verdadera medida de la inversión en infraestructuras la fija la ejecución. Y ésta suele distar bastante de las proyecciones. 

Como muestra, en 2017, la inversión real de los ministerios de Fomento y de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, que abarcan el grueso del presupuesto para infraestructuras del Estado, ascendió a 5.709 millones de euros, lo que implicó 2.189 millones menos que lo previsto, es decir, un 27,7% menos, de acuerdo con el avance de liquidación de los PGE del último curso. 

De ellos, 1.891 millones corresponden al departamento que ahora dirige José Luis Ábalos y los restantes 297 millones al liderado por Luis Planas -ahora denominado Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación-.

AVE y carreteras

De los 8.461,5 millones presupuestaso para este año, los dos ministerios aglutinan, a través de la gestión directa, un total de 2.834,3 millones, lo que representa el 33,5% del total. Acoge los programas de inversión en carreteras, transporte ferroviario, actuaciones en la costa o infraestructuras y calidad del agua. 

Los 5.627,2 millones restantes atañen a la gestión indirecta de Adif, Adif Alta Velocidad, Enaire, Puertos del Estado, Seittsa y Sociedades de Aguas. La evolución en los últimos treinta años de ambos parámetros ha ido acompasada.

La inversión en líneas de alta velocidad acapara casi la tercera parte, con 2.712,9 millones, lo que implica un aumento de cerca de 400 millones en relación a 2017. Le sigue la partida para carreteras (tanto obras como conservación), con 1.912,3 millones, casi 200 millones más. Entre ambas copan el 54,6% del total.

La semana pasada, el ministro Ábalos se comprometió en el Congreso de los Diputados a invertir más de 8.000 millones en lo queda de año para cumplir con lo recogido en los PGE, cuya publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) se consumó a principios de este mes. "Nuestra voluntad es que, con carácter general, el cambio de Gobierno no afecte a los compromisos de inversión y de contratos", aseguró el titular de Fomento en su comparecencia ante la Comisión del ramo. 

 Ábalos incluso señaló que esta previsión es conservadora y que la cifra podría ser superior, aunque quiso ser prudente. "No quiero pillarme los dedos", afirmó.

De los más de 8.000 millones, el ministro concretó que más de 5.000 serán en obras y los restantes 3.000 en equipamiento, especialmente material rodante ferroviario. La intención de Ábalos es asumir los Presupuestos del anterior Gobierno. 

"Vamos a intentar que todo funcione", subrayó. "Aunque no he hecho loas al presupuesto, es el que tengo y tengo la obligación de gestionarlo", incidió. "Voy a cumplir con su mandato legal y ojalá tenga posibilidades de mejorarlo y actualizarlo", abundó.

Días atrás, el ministro se comprometió a continuar con las inversiones previstas en el Corredor Mediterráneo. Adif había proyectado licitar más de 2.000 millones para el presente ejercicio, con especial incidencia en la línea entre Murcia y Almería.

La banca cobra hasta 50 euros por cancelar una transferencia

MADRID.- ¿Cuántas veces comprueba que el número de cuenta a la que realiza una transferencia es correcto? Si no lo hace, debe saber que un error puede costarle hasta 50 euros, aunque hay varias entidades que realizan el trámite de forma gratuita, descubre hoy Cinco Días.

Sea cual sea el caso, lo esencial es actuar inmediatamente pues el banco podría dar aún la opción de anular la operación de forma online a través del apartado de histórico de transferencias. 

Si esto no es posible, hay que tener en cuenta otro factor, la hora de corte de los bancos, es decir, la hora a partir de la cual las entidades hacen efectivas las operaciones de la jornada, que pueden ser las 13.00 o las 17.00 horas. 

Si el error se ha cometido antes de este momento, es posible acudir al banco para que anule la operación (con o sin coste, según la entidad) y el importe no sea transferido. Algunas entidades también permiten realizar este trámite de forma online o por teléfono.

No obstante, hay que tener en cuenta, que en el caso de las transferencias inmediatas –incorporadas por la banca española en el mes de febrero–, no hay posibilidad de anular la operación una vez emitida, ya que es completada en 10 segundos.

Si la transferencia (instantánea u ordinaria) ya ha sido ejecutada, la operación es irrevocable, según explican desde el Banco de España, por lo que el cliente debe solicitar a la entidad su cancelación, en un plazo máximo de 10 días laborables. 

El banco se pondrá entonces en contacto con la entidad del beneficiario de la transacción solicitándole la devolución del dinero, que dependerá, en algunos casos, de la existencia de fondos en la cuenta bancaria de este. 

En el caso de que el recepto se niegue a devolver el importe recibido por error, sería necesario acudir a la vía judicial para reclamarlo.

No obstante, el proceso y los costes varían según el tipo de transferencia que se quiera cancelar. Desde CaixaBank explican que si es una transferencia SEPA (emitida en euros dentro del Espacio Económico Europeo), la operación se rige por la normativa establecida en el Rulebook del European Payment Council que deja a decisión del banco fijar o no una tarifa por el trámite.

Caixabank, BBVA, Ibercaja, ING y Banco Santander (para clientes de la Cuenta 1 2 3) no cobran ninguna comisión, mientras que Bankia y Evo Banco establecen un coste de 20 euros. Banco Sabadell lo eleva a 25 euros (también aplicables a las anulaciones), aunque la comisión más costosa es la fijada por Deutsche Bank, que asciende a 50 euros.

Asimismo, el banco también puede establecer una tarifa diferente para las transferencias emitidas a través del sistema Swift, es decir, para pagos al exterior o en moneda extranjera dentro del territorio nacional. 

En este caso, CaixaBank gestiona la devolución con la entidad del beneficiario y aplica una tarifa máxima de 36 euros.

El banco del beneficiario debe contestar a la petición realizada por la entidad del emisor en un plazo de 10 días laborables y, en algunos casos, el reintegro del dinero puede depender de que el destinatario tenga fondos en la cuenta bancaria. 

No obstante, si el receptor no acepta la devolución, el emisor está amparado por la ley. El Código Penal español lo considera un delito de apropiación indebida y establece penas de entre tres y seis meses de prisión si el importe recibido supera los 400 euros.

Santamaría y Casado, a la caza del 20% de compromisarios dudosos

MADRID.- El papel más preciado que tienen los candidatos entre manos estos días es la lista de los 3.082 compromisarios que votarán al presidente nacional del PP, con sus números de teléfono, y una pequeña casilla al lado. Están marcados con uno de estos tres colores: verde, amarillo o rojo, según se considere afín, dudoso o totalmente «perdido» a la candidatura correspondiente, según Abc. 

Los móviles echan humo en los equipos de Soraya Sáenz de Santamaría y Pablo Casado, en la tarea de intentar convencer, uno a uno, a todos los delegados que tendrán en sus manos el futuro del partido a partir de las 11 de la mañana del próximo sábado, 21 de julio. Fuentes populares estiman que hay unos 600 compromisarios que dudan aún de su voto y pueden decidir el resultado.

La manera de acercarse a los compromisario cambia mucho según las circunstancias, pero las presiones existen, y el «trueque» de favores, también, según explican fuentes populares a Abc. No siempre llama el candidato. 

Según la importancia, o el nivel del compromisario, el contacto lo realizará el aspirante a la presidencia del partido o alguien de su equipo. La conversación también varía, desde un intercambio de impresiones sobre el proceso y una invitación al voto, hasta un regateo en toda regla.
La pregunta más básica, nada inocente, es «¿a quién vas a votar?», pero la cercanía de las próximas elecciones municipales y autonómicas favorece el «comercio» de votos y el compromiso con una candidatura específica. Se llegan a ofrecer apoyos a cambio de un puesto en una lista electoral, pero el precio puede subir.

 «A veces se puede ofrecer un paquete de votos, por ejemplo 40 o 50, a cambio de mantener un puesto orgánico o una candidatura electoral», aseguran fuentes consultadas, que forman parte del cuerpo de compromisarios.

Entre los compromisarios hay más de 500 que son miembros natos, entre diputados, senadores, alcaldes, y dirigentes territoriales, entre otros. El resto, hasta los 3.082, se reparten entre provincias, según el número de afiliados (75 por ciento) y el número de votos en las últimas elecciones (25 por ciento).

Censo «inflado»

Además, cada territorio tiene un número fijo, por lo que las comunidades con más provincias, como Andalucía o Castilla y León, salen ganando. En el caso andaluz, también le beneficia el censo de afiliados «inflado»: 169.602 militantes, de un total de 869.535, según datos del censo del PP, que todo el mundo acepta pese a que está desafasado. 

Madrid, en cambio, solo tiene 94.607 afiliados en ese censo. No es de extrañar que Andalucía tenga un peso decisivo en el congreso del PP, con casi un 20 por ciento de los compromisarios que votarán el próximo sábado, frente a menos del 8 por ciento de Madrid.
Son más de 3.000 delegados, pero en las provincias se conocen todos entre ellos. No se escapa ni uno al escrutinio y al acercamiento. Los equipos de los candidatos tienen un «cuentacompromisarios», con enlaces en cada territorio, y que va poniendo cruces según los apoyos ganados, o bien, de forma más visual, se señalan con colores. 

Los «barones provinciales» del partido tienen un poder decisivo en todo el proceso. Su influencia puede llegar a ser fundamental. Un pronunciamiento de este cabecilla provincial puede arrastrar el voto de todos, o una buena parte, de los compromisarios que están bajo su control.
Pero hay provincias divididas, como ocurre con Cádiz, por ejemplo, en Málaga también, o en toda la Comunidad Valenciana. Si un candidato, o su enlace provincial, sabe que un compromisario es afín, no perderá mucho el tiempo con él. Lo intentará si sabe que un delegado, pese a ser próximo a su contrincante, podría ceder o cambiar su voto a cambio de un «favor» o una promesa para el futuro.

«Algo más que 600 delegados»

Fuentes del cuerpo electoral calculan que habría entre un 20 y un 25 por ciento de compromisarios que se mueven en la «duda». Serían algo más de 600 delegados. De ellos, según las fuentes consultadas, unos están dispuestos a «negociar»: «¿Qué me das a cambio de mi voto?». Y otros son los que realmente no saben lo que es mejor, o peor, para el Partido Popular. Como es lógico, a todos los interesa después que su opción tenga capacidad de ganar las elecciones, para que sus expectativas se cumplan. El estreno del PP en este sistema de doble vuelta para elegir a su presidente nacional, primero con una votación entre afiliados inscritos y luego entre un cuerpo mucho más reducido de compromisarios, ha despertado ya voces críticas internas. «Hubiese sido mucho mejor una segunda vuelta con todos los afiliados», sostienen fuentes populares. «Los compromisarios siempre son más maleables a las presiones del aparato, y los afiliados, menos», explican.
La realidad es que las llamadas de las candidaturas a los compromisarios se intensificarán según avance la semana, y podrían incrementarse en la noche del viernes, tras el discurso de Rajoy. Los delegados no votarán hasta la mañana siguiente. La campaña está sirviendo para que los dos aspirantes exhiban sus «fichajes» en toda España, una manera de influir sobre el voto de los compromisarios.
En los últimos días, Casado ha presumido de forma especial con el «fichaje» del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, clave en «territorio enemigo», pero también con los exministros Rafael Catalá, Juan Ignacio Zoido o Isabel Tejerina. 

Soraya Sáenz de Santamaría fue fuerte desde el primer día con un equipo formado por exministros como Fátima Báñez, Alfonso Alonso, Íñigo Méndez de Vigo e Íñigo de la Serna. El apoyo más preciado para todos sería el de Alberto Núñez Feijóo, que ha preservado un mensaje de neutralidad.

Presión hasta las urnas

Las presiones a los votantes llegan hasta las mismas urnas. Ocurrió ya en la primera vuelta, cuando algunos afiliados tuvieron que votar bajo miradas escrutadoras en las sedes de los partidos. Se votó sin sobres y sin cabinas, algo que se va a subsanar el próximo sábado. Por primera vez, los compromisarios meterán sus papeletas en un sobre, algo que puede parecer irrelavante, pero que los populares han valorado como manera de garantizar la libertad de voto. Las dos candidaturas saben que las presiones pueden volverse en su contra. Hay compromisarios que responden en sentido contrario cuando se ven empujados a actuar de una manera. Y siempre les queda la «carta» del voto secreto. Por eso, aunque ambos candidatos aseguran a día de hoy que ya cuentan con una mayoría de «síes» entre los compromisarios, es obvio que alguien les ha mentido, y no lo sabrán hasta que se proclame el resultado, a la una de la tarde del sábado.

El juez de Almería ya autoriza la incineración del cadáver del niño Gabriel Cruz

ALMERÍA.- El titular del Juzgado de Instrucción nº 5 de los de Almería, Rafael Soriano, ha autorizado la incineración del cadáver de Gabriel Cruz, el niño que murió a manos de la pareja de su padre, Ana Julia Quezada.

Según han indicado hoy fuentes judiciales, ninguna de las partes se opuso a la petición realizada por los padres del niño, por lo que el pasado día 12 el juez Soriano dictó un nuevo auto en el que levantaba la prohibición de incineración que había decretado como medida de prevención ante la posibilidad de que fueran necesarias más pruebas.

Francisco Torres, abogado de Ángel Cruz y Patricia Ramírez, progenitores del pequeño, había solicitado en diversas ocasiones que se levantase esta medida ya que el cuerpo había sido inhumado pero la voluntad de los padres era la de cremarlo.

El niño Gabriel Cruz murió asfixiado, según consta en el sumario de la causa seguida contra la que era pareja del padre del menor, Ana Julia Quezada, investigada como presunta autora de los delitos de asesinato, detención ilegal y contra la integridad moral por la muerte del pequeño en una casa paterna de éste en Rodalquilar, en Níjar (Almería).

El estudio criminalístico, según recoge el sumario, señala que la muerte del niño se produjo entre las 15:30 y las 16:30 horas del 27 de febrero del 2018, poco después de que desapareciera en Las Hortichuelas Bajas, en Níjar.

Borbonia / Ramón Cotarelo *

Toca juzgar al rey emérito. Toca juzgar su reinado. Por eso los poderosos se resisten como gato panza arriba a apear el mando. Porque saben que los van a juzgar. Y no suelen salir bien parados. Precisamente en estos días, la fundación de su nombre abre al público los papeles, el archivo de Felipe González. Es de suponer que debidamente expurgados de forma que quizá sea preciso esperar veinticinco años hasta saber qué pasó realmente con los GAL.

En el caso de la Monarquía, el juicio al rey está ya hecho hace mucho por la opinión pública y es devastador. El rey lleva el sobrenombre de su primer velero, Bribón. De reseñar el cortesanísimo comportamiento de los medios de comunicación, todos a una al quite y a encubrir las bribonadas del sujeto. Episodios ha habido en su vida que requerirían un Valle Inclán que retrató la de su tatarabuela Isabel II. Isabel es el nombre que acompaña a las dos Españas, la ascendente de la Iª y la desfalleciente de la IIª. 

Comienza una batalla mediática, política, con ambición de convertirse en judicial, por llevar al ciudadano Juan de Borbón ante los tribunales. A la defensa acuden prestos los tres partidos dinásticos PP, PSOE, C's y todos los medios de comunicación impresos y audiovisuales así como algunos digitales. Encabeza la cruzada por el trono y el altar el siempre fiel ABC que, en recuerdo de sus mejores tiempos, se inventa una encuesta con un 70% de ciudadanos en España dispuestos a dejarse matar por su rey que tanto lo merece. En contra, una alianza de la escasa izquierda republicana con el más escaso republicanismo muy fraccionado.

Más complejo es el juicio a la Monarquía, que ya afecta al sucesor. Una ministra del gobierno Sánchez ha señalado que el hijo no hereda los posibles pecados del padre y tampoco de la hermana y el cuñado. Sin duda, pero la Monarquía está tocada en todos sus flancos. La corte es un patio de monipodio con una autoridad moral nula. El ejercicio del monarca, perfectamente anodino. El incumplimiento de su función como árbitro y moderador de las instituciones, clamoroso. 

El desastre definitivo de la institución fue el discurso del tres de octubre de 2017 en el que el rey se alineó incondicionalmente con una de las partes del conflicto, respaldando su agresiva política de represión y, por ello mismo, alentando su intensificación. En esa amenazadora arenga perdió Felipe VI el poco recurso que le quedaba a una hipotética legitimidad. 

Catalunya triunfante será republicana. La insistencia de Torra en que el Borbón se disculpe por el discurso de marras y, por tanto, por el 1-O, le da la base para poco menos que declarar Catalunya entera tierra libre de Borbones. El rey tiene el extraño privilegio de ser persona non grata en algunos municipios catalanes. Un poco más y consigue que lo declare persona non grata el Parlament.

Otra cosa será el destino de la Monarquía en España. Pero eso es algo que habrán de decidir los españoles cuando se decidan a decidir algo.  

(*) Catedrático emérito de Ciencia Política en la UNED